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En Chile no hay juicios por delitos de lesa humanidad –sólo algunas sentencias aisladas a represores, como al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras–y la mayoría de los crímenes del pinochetismo aún siguen impunes. Sin embargo, después de 29 años, el pacto de silencio se quebró en el hecho conocido como “Caso Quemados”. El año pasado Fernando Guzmán, un ex miembro de la patrulla militar que participó del operativo que terminó en el asesinato del fotógrafo Rodrigo Rojas Denegri y el intento de homicidio de la estudiante Carmen Quintana, entregó nombres de militares. 

Ahora, el juez Mario Carroza ordenó la detención de siete de ellos, entre oficiales y suboficiales: Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañen, Iván Figueroa, Nélson Medina y Jorge Astengo. Los indagará en las próximas horas y decidirá si dicta procesamiento. Los organismos de derechos humanos y familiares celebraron la medida y pidieron que la justicia avance en otros delitos de la dictadura. Sobre la decisión de reabrir el caso, la única sobreviviente del ataque, Carmen Gloria Quintana, dijo estar “contenta de que una vez por todas la verdad se sepa”. Por el hecho, el único condenado es Pedro Fernández Dittus, jefe de la patrulla.

Aquella siniestra noche del 2 de julio de 1986, la oposición política a la dictadura de Augusto Pinochet culminaba una serie de actos de protesta, en lo que habían denominado como "El año de la victoria". La respuesta del gobierno fue enviar militares a patrullar las calles. El fotógrafo Rodrigo Rojas Denegri, de 19 años, y su compañera, Carmen Quintana, 18, intentaron cubrir las manifestaciones. En cuestión de minutos, fueron detenidos, golpeados y rociados con bencina. El hecho fue atroz: los quemaron vivos y luego los arrojaron, al borde la muerte, en un descampado.

"Los milicos me pagaron para que me quedara callado"

El ex conscripto Guzmán presenció cómo los quemaron vivos. “Los milicos me pagaron para que me quedara callado. Si tengo que ir a la cárcel, perdonen, pero yo no soy un asesino. No quemé a nadie”, confesó, ante los medios. La versión oficial de la época quedó en tela de juicio. El mismo Pinochet, en conferencia de prensa, había dicho: “No quiero pensar mal, pero me da la impresión que llevaban algo oculto que reventó”.

Los agentes, entre ellos Fernando Guzmán, patrullaban la zona en dos camionetas y un camión cuando detuvieron a Rojas y Quintana. Ambos fueron abandonados en la comuna de Quilicura. Rodrigo murió tras una agonía de tres días. Carmen sobrevivió tras largos años de difíciles tratamientos. Hoy reside en Canadá.

La primera reacción del gobierno militar había sido negar la presencia de las patrullas. Sin embargo, corresponsables extranjeros lograron entrevistar a personas que fueron testigos directos de la represión. Ese material, sin embargo, no fue tenido en cuenta por la justicia chilena, que creyó en la versión militar. En ese sentido, Guzmán entregó detalles del montaje apócrifo: dijo que recibieron instrucciones de qué decir –y callar- ante la justicia y fabricaron hasta una maqueta que explicó los hechos.

En su rectificación ante el juez, Guzmán se arrepintió de no haberle dicho antes a Carmen: “Este huevón lo quemó y este no prestó ayuda. Pero no se lo dije, me callé de miedo”. En el lugar donde ocurrió el hecho había dos camionetas de los militares. Dijo que se acercó a la vereda y vio a un hombre tendido sobre el suelo y a una mujer mirando hacia la pared. Un oficial ordenó rociarlos con combustible y otro jugaba con un encendedor en la mano. Los golpearon salvajemente. Según su testimonio, habría sido el teniente Julio Castañen quien dio la orden de rociarle gasolina a De Negri y Quintana. Luego, los militares apagaron el fuego con frazadas. Castañen dijo que sería mejor matarlos, pero el teniente Sergio Fernández Dittus se negó y ordenó que los cuerpos fueran cubiertos con mantas. Horas más tarde, fueron abandonados en un sector rural de Quilicura, en la periferia de Santiago.

"Mi pueblo quiere decir basta y saber la verdad”

Hace dos años, en un homenaje al fotógrafo asesinado, Carmen Quintana dijo: “Ese día de 1986, la dictadura quiso dar un mensaje de horror. Ese día nos dejaron abandonados, salimos como unos zombis a pedir ayuda, Rodrigo murió con el 70 por ciento del cuerpo quemado. Yo logré sobrevivir con el 65 por ciento. Ha sido muy dramático, pero mi pueblo quiere decir basta y quiere saber la verdad”. A su lado, Verónica, la madre de Rojas Denegri agregaba: “El dolor, porque nuestro país decidió no hacer justicia. No hablemos únicamente de Pinochet, sino de los gobiernos democráticos que no quebraron la impunidad”.

Según cifras oficiales la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, dejó más de tres mil 200 personas asesinadas en Chile, casi mil 200 detenidos desaparecidos y cerca de 40 mil personas fueron objeto de torturas y encarceladas sin el proceso judicial correspondiente. El Decreto Ley de Amnistía, aprobado en 1978, exime de responsabilidad penal a todas las personas que cometieron violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si bien algunas sentencias han eludido la aplicación de la norma, el hecho de que siga existiendo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.

Por el caso "Quemados", la Corte Suprema condenó en 1993 a 600 días de cárcel a Pedro Fernández Dittus, jefe de la patrulla, mientras que en el 2000, un tribunal ordenó pagar a Carmen Quintana una indemnización cercana a los 500.000 dólares. Ahora se abre un escenario impensado, donde todos los involucrados en la represión podrán ser procesados por delitos de lesa humanidad.
 

JMM/MEL