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La Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de José Sbatella, solicitó que se revoque la falta de mérito en la "causa Schoklender" dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. También pidió que se confirmen los procesamientos resueltos por el juez federal Norberto Oyarbide. 

 

La Sala I, compuesta por los jueces Jorge Luis Ballestero, Eduardo Rodolfo Freiler y Eduardo Guillermo Farah, había dispuesto la falta de mérito respecto a 14 imputados en la causa Nº 6.522/11 “Schocklender, Sergio Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta contra la administración pública, encubrimiento”, informó la agencia Télam.

 

Se trata de Germán Revol Lozada, José Antonio Cachafeiro, Guillermo Gillert, Elsa Lusa, Beatriz Pierantoni, Mario Serritella, Cesar Curtoni, Hebe Coria, Edgardo Stalloca, Gabriela Domínguez, María Esther Domínguez, Adolfo Bus, Fernando Caparros Gómez y Jorge Fidalgo.

 

Para la UIF, existen sobrados argumentos para dictar el procesamiento por lavado de activos de las personas mencionadas. La mayoría formó parte del directorio de las empresas vinculadas con los hermanos Schocklender y Gotkin. Actuaban mediante empresas pantalla, cambiando constantemente de autoridades para “despistar” los movimientos bancarios que realizaban, así como quienes resultaban beneficiados con las operatorias.

 

Para el organismo resultaría ingenuo pensar que ninguno de los implicados conocía las maniobras y negocios que llevaban a cabo las sociedades o empresas de las cuales formaban parte del directorio.

 

La modalidad utilizada –explicó la UIF- era el desvío de los fondos públicos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco del plan de viviendas “Misión Sueños Compartidos”. A través de sus apoderados y empleados direccionaban esos fondos hacia la empresa Meldoreck S.A. y Antártida Argentina SA, entre otras. 

 

Estas empresas no brindaban ninguna contraprestación por el ingreso de ese dinero, lo que habilitaba la libre disposición del mismo por parte de los socios o quienes detentaban los cargos gerenciales, utilizando dichas sociedades para instrumentar un blanqueo de los fondos públicos de origen ilícito.

 

La UIF presentó también un escrito pormenorizado a fin de mejorar los fundamentos de los 44 procesados por lavado de activos, asociación ilícita, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública, que apelaron en todos los casos el fallo dictado por el juez Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5. 

 

Oyarbide identificó a Sergio Schoklender como jefe de una asociación ilícita y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Lo embargó por 200 millones de pesos. Además, procesó a Pablo Schoklender por los mismos cargos que su hermano, pero bajo el rol de organizador de la asociación ilícita lo que le implicó embargo por 150 millones pesos. Alejandro Gotkin, también considerado organizador, fue procesado por los artículos 210, 173 inciso 7° y 174 inciso 5° y embargado por 100 millones de pesos.