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La Cámara Federal de Casación penal allanó el camino para el juicio oral y público en la causa Thales Spectrum TSA donde se investigan irregularidades en la concesión del espacio radioeléctrico durante el menemismo. En abril del año pasado, la Corte Suprema reabrió la causa después de presentaciones realizadas por la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el fiscal general ante Casación.

La sentencia fue firmada hoy por los jueces de la sala IV de la Casación Mariano Borinsky y Ana Figueroa, que no hicieron lugar a los planteos de nulidades del requerimiento de elevación a juicio realizados por uno de los imputados, el abogado Juan Carlos Cassagne, ex presidente de la filial local de la empresa francesa Thales Spectrum. Los abogados de Cassagne, el ex diputado Ricardo Gil Lavedra y Federico Wagner, presentaron un recurso luego de que la sala II de la Cámara Federal rechazara las nulidades planteadas.

Los jueces en dos páginas sostuvieron que el recurso de queja de la defensa de Cassagne estaba dirigido a una resolución que “no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, ni de un auto que pone fin a la acción, a la pena o hace imposible que continúen las actuaciones”.

Millonario perjuicio al Estado

Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se privatizó el espacio radioléctrico del país. En 1998 se firmó el decreto y se adjudicó la licitación a la empresa francesa Thales Spectrum que debía encargarse del control y seguimiento de las emisiones del espectro radioeléctrico.

Los contratos con Thales Spectrum se rescindieron en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner. La decisión se tomó después de que se conociera un informe de la Auditoría General de la Nación, que hacía referencia a un millonario perjuicio al Estado. Los funcionarios y empresarios fueron imputados por una defraudación al Estado Nacional de 320 millones de pesos. Defraudaciones que le habrían dado a esa empresa una rentabilidad neta superior al 150%.

En 2011 la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a todos los imputados porque entendió que se encontraba agotada la investigación y terminados los plazos procesales, pero en abril de 2014 la Corte Suprema de Justicia reabrió el expediente después de presentaciones realizadas por la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Ricardo Weschler.

Una empresa enriquecida "a costa del erario público"

En el expediente la Oficina Anticorrupción sostuvo que “las irregularidades advertidas afectaron la forma en que se desenvolvió el devenir de la relación contractual que, a poco de iniciada fue postergada en el cumplimiento de las obligaciones más importantes y que motivaron una reprogramación de plazos”. Y agrega: “todo ello mientras la empresa continuaba percibiendo su contraprestación, enriqueciéndose a costa del erario público, perjudicándose los intereses confiados por la actuación de los imputados”.

Además de Cassagne también están imputados Menem; el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath; el subsecretario, Alejandro Cima; el ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones Roberto Catalán; los ex vices Roberto Uanini y Hugo Zothner; el ex interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Alberto Gabrielli; Patricio Feune de Colombi, Matías Bourdieu y Luis Romero, ex miembros de ese órgano; Pablo Arancedo, ex director de Asuntos Jurídicos de la CNC; y Jorge Justo Neuss, titular de Thales.

GA/RA