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El 25 de abril de 1977, en Córdoba,  hubo un plan especial de secuestro. A cargo de la Brigada de Infantería, el Comandante Luciano Benjamín Menéndez supervisó la cadena de mandos y se encargó de pulir los detalles. Fue algo inédito: esa noche, en varios operativos secuenciados y simultáneos, detuvieron a personal jerárquico de la empresa Mackentor S.A., tanto en sus sedes de Córdoba como de Buenos Aires.

-¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las armas?- preguntaron los represores a José Miguel Coggiola, uno de los 19 directivos secuestrados.

-No entiendo de qué me hablan-respondió Coggiola, sorprendido.

-Ustedes financian la subversión. No te hagás el boludo –insistieron los  verdugos. Minutos después, le pusieron un revólver en la nuca y le vendaron los ojos.

Mackentor era un grupo empresario, de capitales nacionales, especialista en la construcción vial e hidráulica. Tenía cerca de 400 empleados y realizó obras por casi 50 millones de dólares entre 1970 y 1975. A su vez, tenía dos empresas anexas: Horcen y Empresa del Interior. En los ´70, mientras crecía la industria nacional y la alianza obrero-estudiantil tras el "Cordobazo", Mackentor representaba una concepción que lejos estaba de la ortodoxia económica. La novedad principal era que su presidente, Natalio Kejner, había decidido dividir el paquete accionario con el personal jerárquico, que tenían participación en las ganancias. El grupo estaba en auge: había construido la Ruta Nacional Nº3,  y en el barrio Las Flores, tenía el as en la manga: una fábrica de tubos para conductos de alta presión, pionera en el país.

Coggiola, uno de los directivos secuestrados. 

Los militares se obsesionaron. Creían que el grupo financiaba a la guerrilla. Pero los empresarios no eran militantes ni tuvieron relación alguna con organizaciones políticas ni sindicales. Había, en realidad, otro nexo: Kejner tenía una íntima amistad con Gustavo Roca, abogado de presos políticos de izquierda, quien a su vez fue síndico de Mackentor. Tras el golpe de marzo del 76, Roca debió exiliarse, siendo uno de los primeros en denunciar en el exterior las violaciones a los derechos humanos. Menéndez lo consideraba un enemigo público. Y ordenó perseguir a los empresarios. Enterado, Kejner se fue del país.

Sólo ellos lograron escapar. Pero el cerco fue inmediato: se ordenó el secuestro de más de veinte personas entre directivos, empleados y familiares del grupo empresarial en Córdoba, Santiago del Estero, San Juan, y la Ciudad de Buenos Aires. A los directivos los llevaron a los centros clandestinos de La Ribera y La Perla. Allí fueron torturados y sufrieron simulacros de fusilamiento. En esta situación estuvieron Marta Kejner –a cargo de la compañía– Angel Sargiotto, Ramón Ramis, Enzo Manassero, Carlos Zambón y Hermenegildo y Luis Paván, entre otros.

En cuestión de días, el juez Adolfo Zamboni Ledesma firmó la ocupación militar de las empresas, acusándolos bajo la figura de “asociación ilícita y encubrimiento”. Los represores mantuvieron la planta de empleados, pero la desguazaron por mala administración, robaron alguno de sus bienes y, además, la hicieron desaparecer del mercado por su débil poder de competencia.

 Para el periodista Fabián García, especialista en el tema, el capítulo MacKentor formó parte de una secuencia de apropiaciones de empresas en el país. Primero fue el secuestro de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y la cúpula y empleados de ese grupo en marzo de 1977 para obligarla a vender Papel Prensa. Luego, la intervención de Aluar en  mayo del 77, uno de los pasos de la feroz persecución a José Ber Gelbard, accionista de Aluminio Argentino, presidente de la Confederación General Económica (CGE) y ministro de Economía de los gobiernos de Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón. Además, hubo otro hecho insoslayable:  la intervención militar -y más tarde judicial- de MacKentor favoreció a una de sus competidoras, Supercemento, que se quedó con la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco, un negocio de 8 millones de dólares de aquella época.

Luciano Benjamín Menéndez. 

La complicidad empresarial en el centro del debate

El caso Mackentor es uno de las 21 expedientes que forman parte de la megacausa La Perla, por delitos de lesa humanidad. Hay un vínculo directo: una buena parte de las víctimas del grupo empresarial pasó por los centros clandestinos del circuito represivo provincial. La particularidad es que, por primera vez en Córdoba, se agregaron dos delitos de tipo económico: la usurpación y el robo calificado.

En las últimas semanas, durante el juicio de La Perla-que tendría su sentencia a mitad del año próximo-, declararon testigos y se acumuló la carga de la prueba sobre el despojo brutal de las empresas, de la que también estaba acusado, antes de morir, Jorge Rafael Videla. La querella, encabezada por el abogado Juan Carlos Vega, está esperando un suceso clave. En las próximas semanas, darían testimonio los directivos de Supercemento –que siguen vivos-. De capitales internacionales, la empresa tenía el monopolio de la producción de caños de cemento de gran diámetro –conductos de alta presión- para obras hídricas.

El grupo Mackentor, según el fiscal Facundo Trotta, venía “pegando muy fuerte” con las obras viales: “Había una cuestión ideológica, de burguesía nacional. En el sentido de que, como empresarios argentinos, luchaban por adjudicarse la obra pública y dejar las regalías en el país”. Además, estaba la cuestión ética: Kejner había renunciado a la Cámara de Construcción porque comprobó que en las licitaciones existía corrupción. En el establishment, Mackentor empezó a ser visto con malos ojos.

El otro es factor que, de acuerdo a los testimonios de algunos directivos como Ángel Sargiotto y Enzo Manassero, el grupo recibió presiones de Julián Astolfoni, dueño de Supercemento, para venderle sus acciones. Antes del golpe militar, Astolfoni se reunió con Kejner y  levantó un teléfono. En su presencia, habló con el interventor de Obras Sanitarias. El dueño de Mackentor se negó a la venta y,  a partir de allí, el Estado le demoró el pago de certificados por avance de obra. “La fábrica de caños se fundió, y Mackentor se la terminó vendiendo. Fue una clara maniobra de extorsión”,  explicó Trotta. Años después, Supercemento recuperó la hegemonía en el mercado y se quedaría con la obra pluvial de Villa María a San Francisco, licitación que había ganado Mackentor. Ahora, en el juicio, el fiscal intentará demostrar una posible complicidad de la corporación con Menéndez y con el aparato militar-económico de Córdoba.

Enzo Manassero, ex directivo de Mackentor. 

El mapa del terrorismo de Estado en Córdoba

Mackentor tiene un denominador común con otras causas de lesa humanidad de Córdoba. Son 28 víctimas -la megacausa La Perla tiene, en total, 716-, que fueron privadas de la libertad, muchas de ellas llevadas a un campo de concentración, torturadas y luego liberadas, como otros sobrevivientes. Los militares se apropiaron de las empresas, luego la ocuparon a punta de pistola y se robaron los bienes. Se demostró cómo un delito económico se convirtió en un delito de lesa humanidad. Pero la historia no terminó allí.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas absolvió a los empresarios -por no haber encontrado pruebas-, pero la justicia civil los siguió acusando. La empresa continuó intervenida hasta el fin de la dictadura. El accionar de la justicia y de los empresarios cómplices de los represores están en el centro del debate.  Pero los interventores están muertos y el juez Zamboni Ledesma también. En el retorno a la democracia, Mackentor demandó al Estado Nacional por daños y perjuicios, aunque el reclamo fue rechazado por entender que los hechos habían prescripto.

El derrotero del grupo empresarial es digno de una película de terror. Así lo explicó el fiscal: “Primero me robás la empresa. Después me secuestrás, me torturás o hacés que me tenga que exiliar. Me inventás un pretexto para robármela. Luego vuelvo al país, te digo que ese pretexto es falso, que me la tenés que integrar como estaba, y además me tenés que resarcir por daños y perjuicios por los años que me quitaste la empresa de forma ilegal e injusta. Pero yo te digo que llegaste tarde para reclamar, te condeno por ese reclamo, te hago pagar los honorarios  y te provoco que vayas a la quiebra.  Es de locos”.

Mackentor se declaró en quiebra en 2002. Para el abogado Vega, el “horror” del caso va apareciendo en el juicio. “La justicia federal de Córdoba siguió intacta después de la dictadura. Encubrió, frenó y obstaculizó cualquier reclamo y lo hizo a través de actos judiciales. Lo que Menéndez no había logrado, lo logró la justicia cordobesa. Es decir, la quiebra de Mackentor. Encima, a Kejner se le prohíbe salir del país porque la quiebra es sospechosa de ser fraudulenta. Nuestra estrategia es pedir las nulidades de la intervención de la justicia,  declarar la responsabilidad del Estado y ordenar la reparación económica y moral. No hay tiempo biológico para hacer otro juicio”.

Citó el caso de Papel Prensa como antecedente. Allí,  el Estado pidió la nulidad de los actos de venta del paquete accionario mayoritario a Clarín, Nación y compañía por tratarse de una venta en el contexto de persecución masiva de personas y a precio vil. “Mackentor es mucho más que Papel Prensa, porque hay más víctimas, y acá robaron, no hubo siquiera venta. Las víctimas ahora tienen 89, 90 años, con deterioro físico y de salud. Y tienen profundas depresiones no sólo por lo que les hizo Menéndez sino la justicia”, dijo Vega.

El abogado también se refirió al caso de la apropiación de empresas de los hermanos Iaccarino y  el desapoderamiento de los bienes de la familia Siderman en Tucumán. “Son casos parecidos, por cómo usurparon  las empresas más allá de motivos diversos. Pero en Mackentor la prueba es demoledora. Acá aparecen los ganadores. Antes, aparecían Menéndez, Barreiro y los represores ilustres. Ahora, están los cómplices: las empresas y la justicia. Hay rigor jurídico y rigor histórico en las pruebas y vamos a impedir las lecturas parcializadas. Tenemos un cuadro completo de lo que se vivió en el Terrorismo de Estado en Córdoba”.