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El jefe del Servicio de Inteligencia del Área 323 en Jujuy al momento del golpe de 1976, Juan Carlos Jones Tamayo, fue detenido en el barrio porteño de Belgrano y será trasladado a la capital jujeña para su indagatoria. Está acusado de tormentos, privación ilegal de la libertad, asociación ilícita, violación de domicilio y homicidio, entre otros delitos cometidos durante la dictadura. Tenía pedido de captura ordenado en enero de 2011 por el juez Fernando Poviña. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por datos sobre el paradero.

La agrupación HIJOS-Jujuy y la Asociación Jujeña de Ex presos Políticos celebraron la captura y detención del genocida. “Durante esta semana el represor será trasladado a nuestra provincia, para ser indagado por la causa por la que se lo detuvo, pero su recorrido será largo, tendrá que rendir explicaciones por todas la detenciones y desapariciones forzadas que se llevaron a cabo durante los años en los que estuvo y que ejerció el terror en nuestra provincia”, dijeron las agrupaciones en un comunicado.

Jones Tamayo tiene una larga lista de crímenes de lesa. Se lo acusa de tener responsabilidad en los secuestros y asesinatos de los trabajadores de Mina El Aguilar, los militantes del Partido Comunista de Tumbaya y el grupo de “los 7 del 10”. También durante La Noche del Apagón y las causas “Álvarez García” y “Álvarez de Scurta”. Además, de la desaparición forzada de los dirigentes gremiales de la obra social del sindicato de la empresa Ledesma y de la dirigente docente Marina Vilte.

Nacido el 11 de agosto de 1942, este oficial del Grupo de Artillería de Montaña (GAM) 5 actuó como jefe del Servicio de Inteligencia del Área 323, en Jujuy, entre los años 1975 a 1976. Retomó su presencia en Jujuy desde 1980 hasta 1983, y también fue oficial del Destacamento de Inteligencia Nº 143 con asiento en Salta, dependiente del Batallón 601.

“Eran los especialistas en interrogatorios, los únicos que sabían hacerlo. Operaban en todo el país, con vestimentas de civil. Gracias a ellos se ganó la guerra”, dijo en su declaración indagatoria Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo y hoy condenado.

El ex militar llevaba 8 años sin ser indagado ni procesado, y estaba prófugo desde hace más de 3 años. A pesar de que en la primera causa que se instruyó en Jujuy por el asesinato de la maestra Dominga Álvarez de Scurta, en cuyo dictamen de agosto de 2006 la fiscalía a cargo de Domingo Batule ya había pedido la detención e indagatoria del genocida, el depuesto juez Olivera Pastor nunca concretó el pedido.