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La Corte Suprema de Chile aprobó ayer la extradición del ex juez argentino Otilio Romano, acusado de amparar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura argentina, informó el poder judicial chileno. Romano será extraditado a la provincia de Mendoza para ser juzgado por 34 delitos de privación ilegítima de la libertad con desaparición de personas, y por otros 26 casos de privación ilegítima, 36 hechos de tortura, allanamiento ilegal y denegación de justicia. Cancillería deberá definir la fecha de traslado.

La Sala II del máximo tribunal, con las firmas de Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva, confirmó la resolución del juez chileno Sergio Muñoz Gajardo, que en junio pasado concedió la extradición a Argentina de Romano por causas de violaciones a los derechos humanos, informó Télam.

Según consigna el fallo al que tuvo acceso Infojus Noticias,los magistrados de la Corte chilena consideraron “idóneos” los antecedentes de Romano adjuntados para el pedido de la extradición por parte Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Mendoza.

Por ello “la discusión sobre la calificación que deba asignarse a la intervención del requerido en los hechos que se le atribuyen, es una cuestión de fondo que debe ser promovida, discutida y resuelta por el tribunal naturalmente llamado a conocer del proceso respectivo”, es decir, en la justicia Argentina.

Entre los argumentos de la defensa del exjuez destituido mencionan el caso de Galvarino Apablaza Guerra donde se rechazó la extradición solicitada por la Justicia chilena. Pero el máximo tribunal chileno sostuvo que “no es un asunto que pueda entenderse reducido a una sola tarea jurisdiccional o a la responsabilidad política del gobernante de turno”. En los casos de delitos de lesa humanidad “existe un compromiso a nivel internacional de los Estados involucrados y que son signatarios de diferentes tratados y convenios internacionales a través de los cuales se han obligado a promover y respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana”. Muñoz había firmado una resolución de más de 370 páginas, donde se daba lugar al pedido de extradición de Romano. La petición había sido presentada por Walter Bento, titular del juzgado Federal N° 1 de Mendoza.

Romano fue destituido en 2011 por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados a raíz de su actuación entre 1976 y 1983, cuando omitió denunciar e investigar delitos cometidos durante la última dictadura militar, mientras cumplió funciones como fiscal federal.  

Durante el proceso de destitución Romano se fugó a Chile y estuvo ahí bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna. Después fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo. Después el juez Muñoz se hizo cargo de la causa de extradición.

El magistrado chileno que hizo lugar al pedido del Estado argentino, argumentó que “todos los antecedentes precedentemente relacionados, como los razonamientos expresados permiten determinar la procedencia de la solicitud de extradición de Otilio Irineo Roque Romano Ruiz, por reunirse los requisitos legales para ello”. El juez explicó que “cada Estado debe tener la posibilidad de juzgar las conductas que han transgredido bienes jurídicos relevantes para su sociedad, en lo cual solamente procede determinar que se cumplan los principios de regularidad internacional”. Y agregó: “sin que le corresponda al Estado requerido efectuar una ponderación de fondo”.

En Mendoza, Romano no es el único juez que deberá enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad, ya que en la lista se encuentran también Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo