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Pocos le creyeron al ex sacerdote tercermundista Santiago Mac Guire cuando denunció que había estado secuestrado en 1978 por el Ejército en un lugar que pertenecía a la Congregación Salesiana de Rosario. Ahí fue torturado salvajemente. La Iglesia lo desmintió y hasta ahora ningún juez había investigado. Santiago nunca pudo declarar ante la Justicia y murió en 2001. En octubre su familia impulsó la causa judicial. Hoy se supo que el Juzgado Federal N°4 de Rosario a cargo del juez Marcelo Bailaque ya imputó a cinco ex integrantes del Destacamento 121.

La causa está en plena etapa de instrucción. El 19 de febrero fue la primera imputación. Pablo Vera, alias Mario, era agente de Inteligencia de Rosario durante la última dictadura militar, participó del grupo operativo del Ejército y quedó imputado por el secuestro de Santiago. Hoy se conoció que también quedaron imputados por el caso de Santiago otros exintegrantes del Destacamento 121 de Rosario: Walter Salvador Pagano, Ariel Porra, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong. Todos ya condenados y en prisión por delitos de lesa humanidad, menos Vera que recibió su primera imputación por este hecho. “Después de 40 años de impunidad la posibilidad de un juicio por Santiago es cada vez más cierta”, dijo a Infojus Noticias Gabriela Durruty, abogada de la familia Mac Guire. 

Durante la década del ´60, Santiago fue un conocido sacerdote tercermundista, muy querido en la comunidad rosarina. A principios de los ´70 dejó los hábitos para casarse con la madre de sus cuatro hijos.

La tarde del 18 de abril de 1978 Santiago había ido a buscar a su hijo Lucas al jardín de infantes. Con sus cinco años, Lucas vio cómo una patota militar se llevó a su padre. En una entrevista con Infojus Noticias, Lucas contó que su padre estuvo diez días secuestrado en el centro clandestino, que era un predio que pertenecía a la Iglesia llamado Ceferino Namuncurá. Fueron tiempos difíciles para la familia Mac Guire. Nadie quería darles información del paradero de Santiago. Presentaron Hábeas Corpus y visitaron al Arzobispo, pero el resultado fue negativo.

Uno de esos días, se apersonó en su casa el mismísimo general Adolfo Luciano Jáuregui, entonces jefe del Cuerpo de Ejército con sede en Rosario. Fue a intimidarlos y sacarles información. Días después Santiago fue liberado y trasladado –torturado y en pésimas condiciones de salud- al Destacamento 121 de Rosario y de ahí pasó los siguientes cinco años en distintas cárceles del país. Siempre en condiciones deplorables de maltrato físico y hostigamiento. Salió en libertad en 1983 y denunció a la prensa lo que le había pasado. Un año después declaró ante la Conadep.

Lucas milita en la Asociación Miguel Bru, que se dedica a la temática de los Derechos Humanos y combate las múltiples formas de violencia, institucional, de género, familia. Cree que su papá salió en la libertad por la coyuntura: “Estaban llegando los organismos internacionales de Derechos Humanos y la prensa internacional informaba de las atrocidades que pasaban en el país. La peor barbarie ya había ocurrido”. Sobre la responsabilidad de la Iglesia, aseguró que “la Iglesia más que cómplice fue coautora y que fue un trato de cúpula eclesiástica a cúpula militar".

En el Ceferino Namuncurá, Santiago estuvo secuestrado con  Roberto Pistacchia y Eduardo Garat, que no soportó la tortura y murió. Después que salió de la cárcel, el padre de Lucas no se cansó de perseguir a los responsables de su secuestro y desaparición de tantos compañeros suyos. Por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, nunca pudo declarar ante la Justicia.

A principios de octubre la familia Mac Guire presentó una querella en la causa Guerrieri, que juzgó y condenó a doce represores responsables del circuito represivo organizado en el sur de Santa Fe durante la última dictadura. "Santiago pudo confirmar su lugar de cautiverio por boca de dos oficiales durante su estancia en el Batallón de Comunicaciones, de nombre Gauna y Berra", dice el escrito firmado por las abogadas Durruty y Jésica Pellegrini. La orden salesiana y el arzobispado de Rosario niegan que ahí haya funcionado un centro clandestino, pero hoy la causa tiene cinco imputados.