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El bloque de legisladores porteños del PRO presentó nuevamente un proyecto para prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa prevé penas de arresto y multas de hasta dos mil pesos, a partir de la modificación del Código Contravencional. Los encargados de llevar el texto a la Legislatura fueron Cristian Ritondo y Roberto Quattromano, después de que Horacio Rodríguez Larreta reflotara la idea tras la muerte de un joven en Palermo en el marco de lo que definieron como “una guerra entre trapitos”.

La propuesta se debatirá en 2014, y retoma una idea que el macrismo instaló en 2010. En teoría busca paliar las situaciones de “extorsión” a la que se ven sujetos los automovilistas que estacionan en determinadas zonas comerciales de la Ciudad, o en las inmediaciones de los grandes espectáculos, donde grupos organizados imponen una tarifa obligatoria para poder dejar un vehículo.

Sobra legislación ¿quién la aplica?

“El problema no es legal, hay un plexo jurídico enorme sobre esta práctica. El problema es que no hay presencia del Estado”, consideró Gonzalo Ruanova, ex legislador porteño por Nuevo Encuentro, y autor de la ley sancionada en 2011 –y vetada por Mauricio Macri- que creó un Registro y regularizó la actividad de los “trapitos”. Consultado por Infojus Noticias, explicó que la actividad de los cuidacoches está prevista en tres códigos de la Ciudad: el Contravencional, el de Habilitaciones y el de Tránsito.

Ruanova, actual director del Centro de Estudios del Área Metropolitana de la Universidad Nacional de San Martin, señaló que “no hay control de los fiscales contravencionales en la calle, y no se le exige a los organizadores de los grandes eventos que garanticen el estacionamiento y el cuidado de los vehículos”. Y agregó: “Si en el centro hay algunas personas andando en bicicleta que arrebatan celulares al paso, no es lógico prohibir que no se ande más en bicicleta por el centro. No sirve prohibir la actividad, es necesario estar ahí para resolver el problema”.

El proyecto del PRO no se fija en el protagonismo de las barras bravas en la organización de los eventos en establecimientos deportivos, o la complicidad de la policía, que muchas veces organiza estas redes y les impone el pago de un “canon” ilegal. Por el contrario, la idea de criminalizar la actividad favorece reacciones como la de David Cabaleiro, el oficial de la Policía Bonaerense que disparó en la cabeza a Eric Milton Ponce cuando éste le pidió socarronamente que le diera veinte pesos para cuidarle el auto.

La política de prohibir la actividad e imponer “mano dura” a los “trapitos” se opone a la idea de regularizarla. En ciudades como Montevideo es una práctica permitida, pero tutelada por el municipio mediante un registro de cuidacoches acreditados, sujetos a sanciones disciplinarias en caso de no observar determinadas reglas de conducta.

Un registro de cuidacoches

La propuesta de PRO se opone a la ley aprobada en 2011 a partir de la resistencia del arco opositor al oficialismo porteño. En aquel entonces, el Gobierno de Macri insistía con una legislación persecutoria de los “trapitos”, pero los diputados deNuevo Encuentro, el Frente para la Victoria, la UCR, el PJ y la Coalición Cívica lograron consagrar con 31 votos un proyecto consensuado que presentó Ruanova. “Lo contradictorio es que incluso dentro del PRO había legisladores a favor de la regularización, y se sumaron esas ideas al proyecto”, destacó.

La ley creaba el Registro de Cuidadores de Vehículos e imponía una multa a quienes ejercieran la actividad sin autorización. Los cuidacoches iban a identificarse con indumentaria oficial y su remuneración sería a voluntad. Quienes formaran parte de organizaciones que pudieran realizar prácticas extorsivas, estaban sujetos a penas contravencionales, y se extendía esa responsabilidad a las autoridades policiales que entraran en connivencia con ellos. Al mismo tiempo, se penaba como partícipes necesarios a los organizadores o promotores de espectáculos en torno a los cuales se impusiera en forma ilícita una tarifa por estacionar en las inmediaciones del establecimiento.

El veto

Días después de la aprobación, Mauricio Macri vetó esa ley. Según Rodríguez Larreta, “hubo errores legislativos”. No se condijo el planteo de “diferencias técnicas, pero no políticas” del Jefe de Gabinete con la insistencia del PRO por criminalizar la actividad de los cuidacoches, que por estos días vuelve en forma de proyecto de ley. Cristian Ritondo, al defender la nueva presentación del proyecto de ley, aclaró: “no queremos regularizarlos, queremos prohibirlos”.

Para María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno, “el espacio público donde se estaciona es de todos”. Intentaba así dar a entender que nadie podía imponer una tarifa por estacionar en la vía pública. No pensaban lo mismo un mes antes de que se sancionara la ley del Registro de cuidacoches, cuando el PRO había promovido y logrado la sanción de otra ley: la que divide la ciudad en cinco regiones para establecer tarifas obligatorias por dejar el auto en la calle.

La ley 4003, que está vigente, permite al Gobierno porteño colocar parquímetros en casi veinticinco mil cuadras de la Ciudad y exigir el pago de entre cinco y doce pesos por hora de estacionamiento, en barrios y zonas incluso alejadas de las grandes concentraciones vehiculares. Ruanova propuso “discutir de manera integral el estacionamiento medido”, hoy en manos de dos empresas que realizan del acarreo de vehículos con altas tasas de ganancias, y que funcionan en forma discrecional desde hace una década, sin licitación que los habilite.