Infojus Noticias

Dieciocho familias fueron desalojadas de un ex hotel familiar del barrio de Almagro, en Av. Díaz Vélez 3427, al cumplirse la orden judicial de Virginia Simari, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 75. La jueza ordenó un espectacular operativo judicial a la Policía Federal, que comenzó a las 5 de la madrugada con el corte de tránsito de cuatro cuadras de las inmediaciones, y continuó con la llegada de tres camionetas de infantería cargadas de efectivos. Las familias no se resistieron, pero exigieron que el Gobierno de la Ciudad les brinde otra alternativa que la calle.

Ruth Yaquez, inquilina del edificio, estaba impresionada con la movilización policial. “No somos delincuentes”, le dijo a Infojus Noticias. El desalojo había sido ordenado para el 29 de julio, pero en ese entonces las familias exigieron la asistencia del Estado porteño antes de abandonar el edificio. La policía se negó a utilizar la fuerza, y la orden fue suspendida durante poco más de tres meses. Para esta oportunidad, a partir de la gestión de la legisladora María Elena Naddeo y algunos referentes barriales de la Junta Comunal, se logró realizar una mesa de negociación. El Gobierno de Mauricio Macri aceptó brindar el subsidio habitacional a las familias censadas, pero varios detalles sobre los pagos debían cerrarse hoy mismo durante el operativo.

El juicio que impulsó el titular del hotel afectó a 33 unidades –de 43 que hay en total-, distribuidas entre los dos cuerpos del viejo edificio. La dueña con la que las familias habían tratado siempre decidió vender su propiedad hace dos años, y formalmente la titularidad pasó por varias manos hasta que apareció el nuevo dueño. Sin hacerse presente con los papeles, duplicó la tarifa del alquiler y ahogó a las familias con los cobros.

Fotos: Sol Vazquez.

Algunos vecinos conjeturan que quiere volver a vender el edificio y por el estado de conflicto con las familias, no encuentra comprador. La vetusta construcción está ubicada a una cuadra del límite de Almagro con Balvanera, tras las vías del ex ferrocarril Sarmiento y cercano a la playa donde descansan los trenes por la noche. El largo puente peatonal que continúa la calle Sánchez de Bustamante desemboca a metros de la puerta del edificio, con dos ingresos contiguos sobre la vereda de Díaz Vélez.

A pulmón

“El hotel tiene seis clausuras y los dueños seguían alquilando. Las pocas reparaciones que tiene las hicimos nosotros a pulmón, porque llovía más adentro que afuera. La constitución nos da derecho a una vivienda digna, pero eso no sucede”, declaró Yaquez. Las familias están patrocinadas por la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), cuyo titular es Jorge Barone. “Nuestra experiencia con este juzgado es que tiene posturas bastante duras con respecto a los desalojos”, analizó, consultado por Infojus Noticias. Y agregó: “Nosotros no pedimos que no se produzca el desalojo, queremos que se garantice que las familias no queden en la calle, que la gente que va a ser desalojada sea adecuadamente asistida por el Gobierno de la Ciudad”.

El legislador Pablo Ferreyra, recientemente electo por la lista Alternativa Popular, se hizo presente desde que comenzó el operativo. “Venimos a apoyar a los vecinos, a visibilizar el conflicto y apoyar a las familias en ese sentido”, declaró a Infojus Noticias. “Todo este hecho forma parte de una lógica perversa del macrismo, que actúa en connivencia con los especuladores inmobiliarios y detrimento de los vecinos de la Ciudad. Son sectores que se ven empujados a vivir en villas, asentamientos, inquilinatos y viviendas precarias, porque no tienen acceso a créditos ni pueden alquilar una casa”.

Laura Corvalán, juntista de la Comuna 5 por el Frente para la Victoria, explicó que esta situación se da “por más de seis años de subejecución presupuestaria del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), con una política nula, poco clara y excluyente con respecto a la vivienda social y a la vivienda de los trabajadores de parte del Gobierno porteño”. Puntualizó que “hay más de cuatrocientas cooperativas que están en condiciones de empezar a construir sus viviendas sin que nadie les regale nada, con créditos hipotecarios y populares establecidos por ley, con un presupuesto adjudicado pero que la gestión siempre se encargó de no acreditar”. Y agregó: “es una cuestión integral, no sólo es la nula política de vivienda popular, también lo vemos en materia de salud, de educación, de transporte”.

Aunque se trata de un conflicto privado, las alarmantes condiciones de hacinamiento y la emergencia edilicia derivaron en la intervención al Gobierno de la Ciudad, que se vio obligado a realizar un censo a través del BAP -el programa creado para asistir a personas y familias en condición de riesgo social-. Las familias, acompañadas por el abogado y los referentes del barrio, solicitaron al Ministerio de Desarrollo de la Ciudad que les brinde un subsidio habitacional de dieciocho cuotas de poco más de mil pesos.

Durante el operativo, se negoció que el primer pago del subsidio sea por la suma de las primeras seis cuotas. Una vez individualizadas las habitaciones que había que abandonar, las familias comenzaron a salir del edificio. En horas del mediodía, los ex inquilinos acomodaban sus pocas cosas en el fondo de dos camiones de flete, antes de partir definitivamente del lugar en el que vivieron durante quince, veinte o treinta años en algunos casos. Por orden de la oficial de justicia, el personal policial iba tapiando las habitaciones vacías una vez que las personas terminaban de salir.