Hay diez acusados por asesinato y asociación ilícita, todos miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria, un grupo que tuvo su bautismo de fuego asesinando a una estudiante durante una asamblea y que durante la dictadura actuó como grupo de tareas.
Cinco por uno. Esa fue la medida de la revancha que tomó Concentración Nacional Universitaria (CNU) para saldar la muerte de Ernesto Piantoni, a quien muchos recuerdan como “el hombre de López Rega en Mar del Plata”. Fue horas después de que muriera acribillado, el 20 de marzo de 1975. En los meses que siguieron, la organización paramilitar se cobró otras vidas: una de sus víctimas fue la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi, a quien secuestraron y asesinaron para asegurarse el control de la casa de estudios. Todos esos crímenes integran la causa que se acaba de elevar a juicio oral, donde se combinan los vínculos entre el Estado y la agrupación de ultraderecha con la disputa política y la rapiña económica, que atravesaron la “ciudad feliz” antes del último golpe de Estado, entre febrero de 1975 y marzo de 1976.
Piantoni murió baleado en una operación de Montoneros. Era un abogado egresado de la Universidad Católica de Mar del Plata, tenía el monopolio local de la distribución de golosinas y cigarrillos, era miembro fundador del Sindicato de Abogados Peronistas, asesor legal de la CGT local y coordinador de los cursos de Doctrina Peronista. Pero por sobre todo eso, o tal vez como costura de todo eso, era el máximo dirigente de la CNU marplatense. Y esa noche, en un velorio custodiado por la policía provincial, sus hombres juraron venganza: antes de las siete de la mañana del día siguiente secuestraron a Bernardo Goldenmberg, que apareció muerto. Cerca de las ocho mataron al teniente primero (RE) Jorge Videla y a sus hijos Jorge y Guillermo. También, a Enrique “Pacho” Elizagaray, hijo del senador provincial del Frejuli, Carlos Elizagaray. “En su casa solía dormir Julio Troxler cuando venía a Mar del Plata”, contó un militante de la Juventud Universitaria Peronista al recordar la relación de la familia Elizagaray con uno de los sobrevivientes de la Operación masacre que reconstruyó Rodolfo Walsh.
A esa noche de venganza le siguieron otras: mataron a Daniel Gáspari, Jorge Stoppani y Maggi. Todos esos crímenes fueron cometidos como parte de una “asociación ilícita”, según definió el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, al elevar la causa a juicio oral. Allí están procesados Marcelo Arenaza, Juan Carlos Asaro, Juan Pedro Asaro, Luis Roberto Coronel, Mario Ernesto Durquet, José Luis Granel, Roberto Alejandro Justel, Raúl Rogelio Moleon y el militar retirado Fernando Alberto Otero. Además, está imputado Gustavo Demarchi, que en aquellos días era fiscal federal de Mar del Plata. Y era, según lo recuerdan varias de las víctimas, uno de los ideólogos del grupo civil, que tuvo su bautismo de fuego con el asesinato de Silvia Filler, en diciembre de 1971.
Aquel crimen, que ocurrió en medio de una asamblea universitaria, dejó en claro hasta dónde iría la CNU para controlar, en primer lugar, los claustros universitarios. El grupo había nacido en 1968 en La Plata y rápidamente se había extendido hacia aquella Mar del Plata de poco más de 300 mil habitantes, donde los militantes que se enfrentaban políticamente habían aprendido a andar en bicicleta en el mismo barrio.
Lo que se discutía allí era la reincorporación de dos alumnos que habían sido expulsados por arrojar pastillas de gamexane en medio de una clase. Había sido una pequeña acción improvisada para cortar la oratoria de uno de los docentes que los alumnos de primer año querían sacar de la facultad. Hacía un tiempo venían reclamando mejores horarios de cursada y un sistema de enseñanza que incluyera en vez de excluir. Sobre ese mínimo programa reivindicativo se había organizado una movilización importante, que contenía a varias organizaciones de izquierda pero que se nutría de estudiantes que estaban más preocupados por mejorar sus condiciones de estudio que por hacer la revolución. Los únicos que respaldaban a los docentes más conservadores eran los jóvenes de la CNU.
Hasta ese anochecer en el que un grupo de la CNU entró al aula magna de Arquitectura, la disputa no había pasado de algunos gritos y picardías menores, como la de la pastilla de gamexane. Pero ese 6 de diciembre, un grupo de militantes de la ultraderecha peronista salió de una casa cercana, caminó dos o tres cuadras y entró a la universidad. En el Aula Magna había más de 300 personas y no cabía ni un alfiler. Un puñado de militantes de la CNU daba batalla verbal pero perdía por goleada. De pronto se abrió la puerta, tiraron bombas de humo, ingresaron varios jóvenes y cortaron la luz. Hubo empujones, golpes y sonaron disparos. Uno de ellos pegó en la cabeza de Filler. Otros hirieron a dos estudiantes más.
Esa muerte jugó exactamente a la inversa de lo que buscó la CNU: estimuló y radicalizó la militancia, y crecieron los grupos de la Tendencia Revolucionaria del peronismo y las organizaciones de izquierda marxista. En eso coinciden varios militantes de la época y también lo detalla la historiadora Mariana Pozzoni en su trabajo “La cultura política juvenil. Un estudio de caso: Mar del Plata, 1972-1974”. En los meses siguientes se realizaron varias movilizaciones para pedir el castigo a los responsables y se logró la condena por homicidio a Oscar Héctor Torres, que disparó y mató a Filler. Además se condenó a Marcelo Arenaza, Beatriz María Arenaza, Martha Silvia Bellini, Ricardo Alberto Cagliolo, Oscar Silvestre Calabró, Carlos Roberto Cuadrado, Alberto José Dalmaso, Raúl Rogelio Moleón, José Luis Piatti, Luis Horacio Raya, Eduardo Aníbal Raya, Ricardo Scheggia, Eduardo Salvador Ullúa, Raúl Arturo Viglizzo y Carlos Eduardo Zapatero. Todos fueron liberados con la amnistía de 1973, durante el gobierno de Héctor Cámpora.
Varios nombres de los responsables del crimen de Filler se repiten en la causa 13.793, caratulada como “Averiguación delito de acción pública (CNU)”, que el juez Inchausti acaba de elevar a juicio oral. Lo mismo ocurre con los acusados por la “Noche de las corbatas”, el secuestro de un grupo de abogados y militantes políticos donde vuelven a cruzarse cuestiones políticas y económicas.
Esa noche, que fue del 6 al 7 de julio de 1977, había comenzado un mes antes con el secuestro del matrimonio que formaban Martha García y Jorge Candeloro. Los detuvieron en Neuquén y los llevaron hasta Mar del Plata. Allí continuaron la faena, que se completó con once secuestros más y que terminó con ocho desaparecidos –seis de ellos abogados- entre los que estaban María Mercedes Argañaraz de Fresneda; y los abogados Candeloro,Tomás Fresneda y Norberto Centeno. Ese último era el socio de Candeloro y el creador de la Ley de Contrato de Trabajo de 1973. Junto a Canderolo cuestionaban sistemáticamente la reforma laboral de la dictadura en los tribunales marplatenses. Los otros abogados tenían posiciones similares y, al igual que Candeloro, habían sido oradores ardientes o defensores de las víctimas durante los días que siguieron al crimen de Filler.El abogado Horacio Raimundo Hoft, hermano de Pedro Hoft, que por entonces era fiscal general, había defendido a los acusados del CNU. Años después, Hoft fue nombrado juez y ahora está acusado de haber contribuido al terrorismo de Estado desde su despacho en los tribunales marplatenses.
En ese megaoperativo también se repiten nombres y motivaciones: los hombres del CNU habían informado al Ejército que Centeno era financista de Montoneros. Así lo detallaron los abogados Eduardo Cincotta, Juan Carlos Fantoni y Demarchi en informes que enviaron al Ejército, según declaró el abogado Raúl Begue durante los Juicios por la Verdad. Eso decía en los escritos que le mostraron en el Comando en Jefe del Ejército cuando fue a realizar gestiones por colegas detenidos.
La información era falsa pero bastó para que los militares trazaran un operativo conjunto, que incluyó a miembros del CNU. Unos garantizaban el terrorismo de Estado para imponer un modelo político y económico, los otros corrían del medio a varios abogados molestos y, en una misma jugada, se convertían en abogados de la docena de gremios que ellos defendían. La disputa política y la rapiña económica se habían combinado como un mecanismo de relojería.
*Junto a Felipe Celesia trabaja en un libro sobre la “Noche de las corbatas”.