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Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado aprobaron los proyectos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), en el que los jueces se limitarán a juzgar y la investigación quedará en manos de los fiscales. Para su tratamiento, los senadores trabajaron con base en el informe que elaboró y emitió ayer la comisión bicameral encargada de monitorear la puesta en marcha del nuevo sistema penal, tanto en la Justicia Federal como en la penal ordinaria porteña.

El nuevo Código establece el pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, lo que supone readecuar los roles de jueces y fiscales. Antes el juez investigaba y decidía. En el nuevo CPPN, el fiscal investiga y acusa, el defensor defiende y el juez es un tercero imparcial, ajeno a esa investigación y al conflicto entre las partes, y el que decide.

Las propuestas que obtuvieron hoy un dictamen favorable en el plenario de comisiones incluyen la modificación de las leyes orgánicas del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría. Otra de las normas establece pautas para la progresiva implantación de la reforma y, un último proyecto incorpora “diversas causales de suspensión del juicio a prueba” en el Código Penal.

En las cinco propuestas, presentadas inicialmente por el presidente de la comisión bicameral Rodolfo Urtubey (FpV), se introdujeron modificaciones luego de una ronda de consulta con expertos y operadores judiciales. “Se incorporaron reformas sugeridas por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, así como otras propuestas por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó”, confirmaron fuentes legislativas a Infojus Noticias.

A partir del 1 de marzo de 2016

Uno de los principales cambios apunta a redefinir la fecha de inicio del sistema. Programado inicialmente para el 1 de septiembre, en un número acotado de juzgados nacionales, ahora el inicio se fijó para el 1 de marzo de 2016 y para toda la Justicia nacional porteña.

Otro de los cambios apunta a dar mayores garantías a los trabajadores de la Justicia, tal como lo solicitaron los sindicatos del sector. “Se fijan pautas para respetar antigüedad, vacaciones no gozadas y derechos adquiridos”, ejemplificaron.

En el plenario se aprobaron tres dictámenes: uno de mayoría, del Frente para la Victoria, y dos de minoría, uno de la UCR y otro del peronismo disidente. Los despachos reproducen los informes que los respectivos bloques emitieron en la comisión bicameral para la implementación del nuevo Código. Los dictámenes de la oposición difieren en aspectos referidos a la estructura del Ministerio Público Fiscal.

Del Senado a  Diputados

La próxima semana, los proyectos estarán en condiciones de obtener la sanción en el Senado, para acompañar el cambio del sistema inquisitivo por el acusatorio comenzando por la Justicia nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y de aprobarse, estarían en condiciones de ser remitidos para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Los proyectos presentados por los senadores prevén que las investigaciones iniciadas con antelación a la implementación del Código continúen en sus respectivos juzgados y, a medida que su trámite termine, está previsto que se produzca la reubicación del personal. Así, como la creación de nuevas Oficinas Judiciales para que suplan a los juzgados en las tareas administrativas, por lo que muchos sus actuales empleados podrán ser reabsorbidos por estas oficinas.

El futuro de la comisión bicameral

La comisión bicameral encargada de asesorar la implementación, según las reformas introducidas, continuará funcionando para la puesta en marcha del nuevo CPPN. En el modelo inicial esta tarea era delegada a una nueva estructura, dependiente del Consejo de la Magistratura. Esto se cambió, dado que legisladores de la comisión advirtieron que “no correspondía delegar atribuciones propias del Congreso”.

Para complementar el trabajo de la comisión, se complementará con una Secretaria Técnica y un Consejo de Asesores integrado, entre otros, por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y gremiales.

MB/MEL