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Pasadas las 13.30, el Senado comenzó la sesión en la que debatirán los proyectos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), el sistema en el que los jueces tendrán a su cargo las sentencias y la investigación quedará en manos de los fiscales. La propuesta fija para el 1 de marzo de 2016 el inicio de la utilización del nuevo Código en la Justicia Penal Ordinaria de la Capital Federal y lo deja para más adelante en la Justicia Federal, según el cronograma que establezca la comisión Bicameral que va a monitorear el proceso.

En la apertura, los senadores realizaron un minuto de silencio por los casos de femicidio. Además, manifestaron su adhesión a la campaña “Ni una menos”, que incluye una marcha al Congreso el martes que viene. La implementación del CPPN no es el único tema de la sesión, aunque sí el principal. También se tratará, entre otros temas, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo de “subrogaciones para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y la cuenta de inversión de 2011, esto es, el informe de aplicación del Presupuesto de aquél año.

A su vez, se votará un proyecto para declarar “zona de desastre, emergencia económica y social” a los municipios de las provincias de Neuquén y Río Negro afectados por las cenizas volcánicas provenientes de la erupción del volcán Calbuco, en Chile. Además, se considerará una iniciativa del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que declara “servicio público esencial” a la prestación de los servicios de navegación aérea y establece la modalidad y tipo de aquellas prestaciones.

El sistema acusatorio reemplaza al inquisitivo

Son cinco proyectos que incluyen la reforma de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensoría para adecuarlos al sistema acusatorio. Las leyes propuestas son “de implementación del Código Procesal Penal de la Nación”; de reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y de “diversas causales de suspensión del juicio a prueba” en el Código Penal.

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado aprobaron con modificaciones y por mayoría los cinco dictámenes que serán tratados en la Cámara alta; mientras que el radicalismo y el peronismo disidente acordaron sobre algunos de los cambios propuestos, también presentaron dictámenes en minoría referidos al funcionamiento y la nueva estructura de la Procuración General de la Nación.

En las cinco propuestas, presentadas inicialmente por el presidente de la comisión bicameral Rodolfo Urtubey (FpV), se introdujeron modificaciones luego de una ronda de consulta con expertos y operadores judiciales. Se incorporaron reformas sugeridas por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, así como otras propuestas por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y otros expertos, y operadores judiciales consultados.

Uno de los principales cambios apunta a redefinir la fecha de inicio del sistema. Programado inicialmente para el 1 de septiembre, en un número acotado de juzgados nacionales, ahora el inicio se fijó para el 1 de marzo de 2016 y para toda la Justicia nacional porteña.

Otro de los cambios busca a dar mayores garantías a los trabajadores de la Justicia, tal como lo solicitaron los sindicatos del sector. “Se fijan pautas para respetar antigüedad, vacaciones no gozadas y derechos adquiridos”, ejemplificaron fuentes legislativas.

Los proyectos presentados por los senadores prevén que las investigaciones iniciadas con antelación a la implementación del Código continúen en sus respectivos juzgados y, a medida que su trámite termine, está previsto que se produzca la reubicación del personal. Así, como la creación de nuevas Oficinas Judiciales para que suplan a los juzgados en las tareas administrativas, por lo que muchos sus actuales empleados podrán ser reabsorbidos por estas oficinas.

La comisión bicameral encargada de asesorar la implementación, según las reformas introducidas, continuará funcionando para la puesta en marcha del nuevo CPPN. En el modelo inicial esta tarea era delegada a una nueva estructura, dependiente del Consejo de la Magistratura. Esto se cambió, dado que legisladores de la comisión advirtieron que “no correspondía delegar atribuciones propias del Congreso”.

Para complementar el trabajo de la comisión, se complementará con una Secretaria Técnica y un Consejo de Asesores integrado, entre otros, por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y gremiales.

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