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La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, consideró que el Código Procesal Penal vigente “es un código del pasado” y planteó que la dualidad de funciones que hoy pesa sobre el juez federal “es francamente esquizofrénica”. El modelo actual en el sistema penal es mixto, y conserva rasgos inquisitivos. “Debe reunir las evidencias y garantizar el derecho de defensa en juicio al mismo tiempo”, explicó.

Infojus Noticias entrevistó a la ministra del máximo tribunal entrerriano, que repasó la implementación del sistema acusatorio en su provincia en un proceso que insumió cinco años para avanzar desde Concordia hasta la capital, pasando por todas las jurisdicciones de la provincia. Mizawak acudió al Senado de la Nación hace dos meses, invitada a una serie de debates en la Comisión de Legislación General.

-¿Cómo fue ese encuentro en el Senado?

-Se llevó adelante una serie de entrevistas en el marco de un debate de la Comisión de Legislación Federal. Acudieron representantes de las provincias argentinas en donde el sistema acusatorio ya estaba vigente. Yo concurrí como presidenta del STJ de Entre Ríos porque si bien hicimos una aplicación progresiva durante cinco años, lo fuimos implementando en todas las jurisdicciones y completamos con la capital.

-¿Cómo es el sistema actual en Entre Ríos?

-Hoy rige un Código plenamente acusatorio y adversarial. Tenemos uno de los sistemas acusatorios más modernos, porque tiene matices y diferencias en la oralidad, el sistema de audiencias, recursos y nulidades, respecto de otros sistemas acusatorios anteriores. En el sistema acusatorio se privilegia el desdoblamiento claro de las funciones de acusar y juzgar. La de acusar pasa a ser en forma exclusiva del fiscal, no sólo investiga, también acusa. Y el juez queda preservado única y exclusivamente para juzgar, para decidir.

-¿Cuál es la diferencia con el actual sistema federal?

-El sistema acusatorio es muy saludable. En cambio en el sistema federal el juez conserva las dos facultades, y eso es francamente esquizofrénico. No puede ser que sea la misma persona quien tenga que reunir las evidencias y a la vez garantizar el derecho de defensa en juicio o las otras garantías procesales. El desdoblamiento implica que alguien del Ministerio Público Fiscal se ocupa de reunir las evidencias, solicitar la acusación y sostenerla. Y el juez sólo tiene la función de preservar las garantías procesales, el debido proceso, el derecho de defensa.

-¿Eso es lo que permite agilizar el proceso?

-El derecho comparado y la experiencia de otros países le agregan otras connotaciones que permiten mayor agilidad en el proceso. Lo que permite esa agilidad es la desformalización. Es decir, que ya no haya esa cantidad de expedientes de muchísimos cuerpos, sino que las cosas se resuelvan en audiencias orales y públicas, donde las partes sostienen sus posiciones en forma oral, y donde el juez decide en el momento, frente a las partes. Eso acorta mucho los plazos. Ni a la víctima ni al imputado le sirve un proceso largo. Volver a un tribunal de juicio a cinco años del hecho, a relatar lo que vivió, a la víctima no la ayuda a cicatrizar las heridas.

-¿Cuánto se logró agilizar el proceso en Entre Ríos?

-Tenemos estadísticas que indican que previo al nuevo Código, se demoraba entre 4 y 5 años entre la fecha en que había sucedido el hecho y la fecha en que comenzaba el juicio. Hoy estamos en tiempos de entre 4 y 6 meses. El acortamiento de los plazos es significativo, salvo cuando sea una causa en la que las pruebas son pericias muy complejas, de otra naturaleza. Pero esos están lejos de ser la mayoría de los casos del sistema penal.

-¿De qué forma se redujeron esos plazos?

-En Entre Ríos resolvimos el sistema de nulidades, por ejemplo. Antes se prolongaban los procesos durante meses y años a través de incidentes paralelos. Se planteaba la nulidad de la prueba documental, de los testimonios, de las actas. Se perdía tiempo en algo completamente accesorio. Ahora toda la prueba se produce en el juicio y se resuelve en la audiencia oral. Durante la investigación penal preparatoria todo lo recabado es evidencia, y no se valora como prueba hasta que no expone en la audiencia del juicio. Se ahorra muchísimo tiempo.

-¿Cómo considera que es el Código Procesal Penal de la Nación que está vigente?

-Es un Código del pasado. Realmente tiene un sistema lento, que no satisface a nadie. Las decisiones jurisdiccionales llegan muy tarde. Esto va a traer mayor agilidad, menos gente en prisión preventiva. Si uno toma las estadísticas del sistema carcelario federal y el de Entre Ríos, puede ver que en la provincia tenemos en la población carcelaria apenas el 20 por ciento de las personas con encierro cautelar (prisión preventiva). El resto están condenados con una sentencia firme. En el orden federal es casi a la inversa. Y eso no es saludable.

-¿El proyecto de Código Procesal Penal presentado trae soluciones a estos problemas?

-El sistema propuesto trae muchos beneficios. Sin perjuicio de que después hay que hacerle correcciones. Los Códigos son normas, y las normas son instrumentos. De acuerdo a las características de cada jurisdicción, se va viendo cuáles son los implementos más adecuados para mejorar los mecanismos. Al Código de Entre Ríos hubo que hacerle modificaciones. Con la práctica se fue corrigiendo, sobre la marcha. Se impulsó una reforma y se hicieron correcciones a 150 artículos. Eso sucede en cualquier orden, provincial o federal. Lo saludable es empezar a caminar por esta senda, porque la sociedad estará más satisfecha.

-¿Cómo se puede acompañar ese proceso?

-Es un camino a recorrer. Permanentemente hay que corregir. El Código Procesal Penal es una herramienta, pero en definitiva somos hombres y mujeres los que operamos en el sistema, ya seamos jueces, fiscales, defensores. Son personas las que deben materializar el cambio de cultura que implica considerar al proceso penal de un modo absolutamente distinto al que conocemos. Para eso no alcanza sólo con cambiar la norma, hace falta recorrer caminos. Y en esa recorrida, a veces se avanza y a veces se retrocede.

-¿Qué otro punto destacaría del Código propuesto por el Ejecutivo?

-Una de las mayores virtudes es que nos permite una serie de resoluciones alternativas de conflictos que hace posible que el juez de garantías pueda derivar el conflicto a una mediación penal, a un acuerdo conciliatorio, a una suspensión de juicio a prueba, o a otro tipo de resolución que no necesariamente sea la pena de prisión. En Entre Ríos ha dado buenos resultados. La prisión es una respuesta que puede ser adecuada y necesaria para determinado tipo de conflictos o delitos, pero hay otra cantidad de conflictos que llegan al sistema penal –la enorme mayoría– que son menores.

-¿Cuáles son esos conflictos? ¿Cómo se resuelven?

-Son conflictos de vecindad, de convivencia, por ejemplo. Con la apoyatura de una mediadora o un experto se pueden solucionar acercando a las partes y evitando que crezca la violencia. Al delito se llega cuando estas situaciones no son abordadas oportunamente. Los conflictos de convivencia comienzan así, y un día son tragedia. Ahí ya no podemos hablar de un hecho menor. Pero cuando se trata de amenazas o conflictos de otras características, podemos encontrar otra solución y dar otro abordaje.