Las presidentas del Consejo de la Magistratura y del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, darán sus puntos de vista ante la comisión que monitorea la implementación del nuevo cuerpo normativo que pasa de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Las propuestas que fueron presentadas.
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, y la del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, expondrán sus puntos de vista hoy en una nueva reunión de la comisión bicameral que trabaja en la elaboración de aportes para la implementación del nuevo Código Procesal Penal, aprobado el año pasado.
En la actividad, convocada para las 10 en el salón Azul, también participará el secretario general de la Asociación de empleados y funcionarios Poder Judicial Nacional, Gustavo Giacomelli.
La comisión tiene como fin monitorear la implementación del Código, no emitirá un dictamen pero podrá hacer sugerencias. Y sus integrantes presentar proyectos que pasarán para su tratamiento a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
El nuevo Código establece el pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, lo que supone readecuar los roles de jueces y fiscales. Antes el juez investigaba y decidía. En el nuevo CPPN el fiscal investiga y acusa, el defensor defiende y el juez es un tercero imparcial, ajeno a esa investigación y al conflicto entre las partes, que decide.
Las propuestas presentadas
En total son cinco las propuestas que presentó el Frente para la Victoria. En una de ellas se prevé la creación de una Comisión de Implementación y Transición (CIT) que tomaría a su cargo la definición del cronograma y los reajustes necesarios para que la reforma alcance a la totalidad de los juzgados federales en el país, y al resto de la Justicia Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La idea es que esta comisión funcione bajo la órbita del Consejo de la Magistratura y que esté integrada por un representante del Ejecutivo, uno de cada Cámara legislativa, uno del Ministerio Público de la Defensa y otro del Fiscal, un representante de la Corte Suprema, otro del Consejo de la Magistratura y uno de cada Cámara de Casación, la Federal y la Nacional.
Otro de los textos propone que la implementación comience en la Justicia Nacional porteña, pero sólo por una circunscripción de cuatro en las que será dividida, que abarcaría los barrios de Retiro, Recoleta y Puerto Madero. Las otras normas que serán objeto de estudio para la comisión se ocuparan de la organización de la Justicia penal y de las nuevas estructuras para el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Uno de los proyectos apunta a fijar las pautas para la creación de una Oficina Judicial, que concentre las funciones administrativas y operativas que ahora recaen en los juzgados. Y para el caso de los abogados, se baraja la posibilidad de un traspaso hacia las fiscalías, que trabajarían con un mayor nivel de especialización. Otra de las reformas apunta a habilitar en el Código Penal la posibilidad de que los fiscales “dispongan” la acción penal, esto es: que evalúen la pertinencia de iniciar un caso penal.
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