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La embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, declaró por escrito en la causa de sobornos en el Senado. Lo hizo como testigo, ya que cuando ocurrieron los hechos que se investigan era diputada nacional (Frente para el Cambio). El contenido de su declaración todavía es un secreto. El Tribunal Oral  Federal N°3 decidirá si esas palabras se convierten en una prueba de la investigación. El expresidente Fernando De la Rúa es uno de los ocho imputados en el juicio por presunto pago de coimas para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral en abril de 2000. Además del expresidente y de Pontaquarto, están acusados su exministro de Trabajo, Alberto Flamarique; el ex jefe de la SIDE, Fernando De Santibañes; los exsenadores del PJ Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda.

En los últimos años Castro reforzó con sus declaraciones los dichos del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto. El “arrepentido” había denunciado la existencia de coimas por cinco millones de dólares. “Mientras Pontaquarto repartía los sobres en el Senado, el día del tratamiento de esta ley, Chacho Álvarez se instaló en la presidencia de la cámara de Diputados, llamando a uno por uno a los diputados díscolos del Frepaso, para exhortarlos a votar a favor de la Reforma, o a retirarse del recinto. Esta es la oportunidad de hacer un análisis serio y profundo para juzgar, no sólo la corrupción económica, sino la corrupción política y moral de quienes permitieron que los ingresos de los trabajadores se transfirieran al sector empresario, y la degradación de las condiciones de vida de los ciudadanos. En los sobres está el resto, el verdadero botín de la ley está en la transferencia de los recursos del bolsillo de los trabajadores en beneficio de los empresarios, los bancos y el sector financiero”, había dicho Castro años atrás, en declaraciones a los medios.

En la causa también declararon Chacho Álvarez y la diputada Elisa Carrió. “Ambos estaban convencidísimos de que hubo sobornos. Pero cuando los jueces profundizaban en las preguntas sobre las pruebas, en si vieron o escucharon algo particular al respecto, los dos se quedaron sin respuesta”, dijo a Infojus Noticias una fuente judicial.

La declaración de Castro fue pedida por la fiscalía pero no se dará a conocer hasta que ingrese como prueba de lectura, cuando termine la etapa de testimonios (faltan alrededor de veinte) y antes de comenzar los alegatos. El juicio comenzó en agosto del año pasado, a cargo de los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo. La fiscal es Sabrina Namer y la Oficina Anticorrupción oficia como querellante.

En las audiencias anteriores -cerradas al público- declararon agentes de la exSIDE. Mañana será el turno de tres amigos de Pontaquarto, propuestos por su defensa.