La causa por el supuesto pago de sobornos en el Senado tiene como principal imputado al ex presidente Fernando de la Rua. Los alegatos de la fiscalía durarán toda la semana y se espera la sentencia antes de fin de año.
El juicio oral por las coimas en el Senado atraviesa su etapa final. Después del alegato de la Oficina Anticorrupción (OA), que pidió seis años y medio de prisión para el ex presidente Fernando De la Rúa, hoy fue el turno de la fiscalía y los alegatos se extenderán toda la semana. Se espera que la sentencia esté antes de fin de año.
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal 3, la fiscal Sabrina Namer ubicó a Fernando de la Rúa en un rol central en el caso de los sobornos a senadores en el año 2000. Namer dijo estar está convencida “de que el hecho existió y por eso va a acusar sin ninguna duda" y remarcó que fue un hecho “sin precedentes” que tuvo como consecuencia la pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones. El caso de las coimas en el Senado para la aprobación de la ley de reforma laboral ocurrió en el año 2000. La fiscalía sostuvo que de la Rúa “prometió” el dinero a referentes del PJ y dio instrucciones para concretar el cohecho a sus funcionarios, en abril de ese año, informó la agencia Télam.
Para Namer, existe "cuadro probatorio que permitirá sostener con creces la acusación" más allá de la "demonización" que se hizo a lo largo de un año de juicio de muchos de los principales testigos, como el ex senador Antonio Cafiero o el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez.
"Se encuentra acreditado que el Dr. Fernando de la Rúa prometió a Augusto Alasino y Alberto Tell la entrega del dinero que repartirían a otros colegas senadores a fin de que aprobaran la ley y ejercieran su influencia para que otros la aprobasen", aseguró Namer sobre los cinco millones de pesos salidos de la SIDE. Por eso, para la fiscalía, el también procesado ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes, "siguiendo instrucciones directas" de de la Rúa, se reunió en el organismo con el ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, para dar directivas "sobre el modo de entrega".
Pontaquarto fue el arrepentido de la causa. Para la fiscalía, lo “medular” de su discurso fue corroborado. Namer resaltó que “importaba la sanción de una ley de flexibilización laboral que demostrara un triunfo de la Alianza, para no afectar la gobernabilidad".
La fiscal desacreditó los dichos de los ex senadores que declararon como testigos en la causa y dijeron no haber sabido del pago de sobornos. "Podrían haberse autoincriminado" si lo admitían y por eso "varios de esos testimonios no pueden ser considerados objetivos e imparciales".
En su alegato Namer remarcó que "la importancia de este juicio es enorme para la salud de las instituciones democráticas" más allá del resultado en cuanto al veredicto, condenas o absoluciones.
El alegato de la fiscalía se extenderá toda la semana y terminará con el pedido de penas.
La semana pasada la Oficina Anticorrupción reclamó seis años y seis meses de prisión para el ex presidente y para De Santibañes y cinco años y seis meses para los ex senadores Alberto Tell, Augusto Alasino y Ricardo Branda. Para el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique se pidió la absolución y un año de prisión para el arrepentido Pontaquarto.