Infojus Noticias

Para la fiscal Sabrina Namer el fallo absolutorio por el pago de sobornos en el Senado en abril del 2000 para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral fue “una sentencia absolutamente arbitraria e infundada". El Ministerio Público presentó el recurso esta mañana ante la Cámara Federal de Casación Penal. Según la apelación, a la que ccedió Infojus Noticias, el Tribunal Oral Federal N°3 no declaró nula la instrucción pero actuó como si lo fuera. 

A fines de marzo los jueces del TOF3 Fernando Ramírez, Miguel Pons y Guillermo Gordo difundieron los fundamentos del veredicto que absolvió al expresidente Fernando De la Rúa. Los magistrados también dejaron libre de culpa y cargo al exsecretario de la SIDE Fernando De Santibañes, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y a los cuatro ex senadores justicialistas acusados de recibir las coimas: Alberto Tell, Remo Costanzo, Ricardo Branda y Augusto Alasino. Los jueces tampoco condenaron al “arrepentido” Mario Pontaquarto, que en 2003 confesó haber sido el nexo entre el gobierno de la Alianza y los senadores justicialistas. Pontaquarto siempre sostuvo que él entregó una valija con cinco millones de pesos/dólares para el pago de sobornos. 

La apelación sostiene que en la sentencia los jueces “restringieron al máximo cualquier tipo de valoración de todo aquello que, durante el juicio, fuera un correlato de lo obrado en la instrucción. De este modo, no anularon la instrucción; tampoco el requerimiento de elevación a juicio, tampoco el alegato de la suscripta, pero tampoco valoraron ninguna prueba”.

Los magistrados Pons y Gordo son los mismos que en 2007 anularon casi toda la investigación y absolvieron a los imputados del atentado a la AMIA. La fiscal comparó ese hecho con este juicio: “Al igual que en el caso AMIA, los jueces entendieron que todo el sistema judicial conspiró para traer injustamente a los imputados a juicio, con la intervención de la SIDE y con un confeso, pago de por medio”.

La fiscalía recriminó a los jueces haber admitido testimonios en la instrucción pero sin valorarlos en la sentencia. Es el caso de la testigo Silvana Costalonga, exesposa de Pontaquarto. A lo largo de los 14 meses que duró el juicio, la defensa del “arrepentido” pidió una y otra vez que ella declarara, pero los jueces argumentaron que si lo hacía podía quedar imputada y negaron esa posibilidad. Según Pontaquarto, la mujer vio la valija con el dinero porque él la llevó a su casa de General Rodríguez. Sobre la valoración de la prueba, la fiscal tildó de “tendencioso tratamiento que llevó a mantener de manera totalmente acrítica todos y cada uno de los argumentos de las defensas”.

A través de sus 200 páginas, la apelación de Namer resaltó que hubo de parte de los jueces “una demonización de todos y cada uno de los que desde distintos lugares y por distintas razones sostuvieron de alguna manera, que el hecho existió”. En sus fundamentos, los jueces habían pedido al Consejo de la Magistratura que investigara la actuación de su colega Daniel Rafecas en la instrucción de la causa. El TOF acusó a Rafecas de haber hecho una instrucción tendenciosa y de forzar testimonios para que la causa llegara a juicio. Los magistrados también criticaron al Ministerio Público y a la querellante Oficina Anticorrupción.