Infojus Noticias

La justicia no actúa igual frente a los crímenes de lesa humanidad en todas partes. Eso es lo que se debatió ayer en la charla organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad de Palermo (UP): las experiencias comparadas de Argentina, Brasil y Uruguay. Participaron Francesca Lessa, de la Universidad de Oxford; Lucía Nader de Conectas, de Brasil; y Diego Ramón Morales, del CELS. La moderación de la mesa estuvo a cargo de Leonardo Filippini, profesor de la UP.

Lessa habló de su experiencia a partir del estudio del comportamiento de la justicia uruguaya frente a los crímenes de la dictadura. “A diferencia de Argentina y Chile, que trataron de buscar a sus desaparecidos a través de familiares, civiles y organizaciones de derechos humanos, en Uruguay esa búsqueda no tuvo demasiado éxito porque se llevó adelante por los políticos y el propio Ejército. La ley de amnistía que impedía investigar las participaciones en la dictadura rigió desde 1986 hasta 2011, y durante mucho tiempo el Estado uruguayo no reconoció que se habían realizado crímenes de lesa humanidad”.

En el salón de la UP al que llegaron alumnos y estudiosos de Derecho y las ciencias sociales, Lessa dijo que “la ley que protege a los responsables de la dictadura de investigaciones nunca fue anulada ni derogada”. Y agregó: “Recién en 2011 se determinó que sus efectos fueran eliminados del ordenamiento jurídico, a través de la ley de restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el primero de marzo de 1985”.

En 2013 la Suprema Corte de Justicia uruguaya declaró inconstitucionales dos artículos de la ley que frena la investigación a los partícipes de la dictadura. “La consecuencia de eso es que se archivaron muchas causas abiertas desde 2011 a policías y militares por delitos de esa época. A nivel internacional se dijo que esta sentencia era negativa para el cumplimiento efectivo de la sanción de Macarena Gelman, por ejemplo. Pero en el presente muchos jueces e investigadores decidieron seguir adelante con las investigaciones, con un perfil de crímenes de lesa humanidad y no crímenes comunes. En 30 años la sociedad civil uruguaya nunca desistió a pesar de los embates”, dijo Lessa.

Francesca Lessa, de la Universidad de Oxford.

La complicidad civil

Nader, que es directora ejecutiva de la organización Conectas desde 2011, dijo que “en Brasil se puede ver la herencia en la policía de un país que no tuvo una justicia de transición entre dictadura y democracia. La fase más dura de crímenes fue del ‘68 al ‘78 y se caracterizó por ser una dictadura marcada con un crecimiento económico muy fuerte: por eso siempre tuvo apoyo de empresarios”.

Según las cifras oficiales, “la policía brasileña mata cinco personas por día, un total de dos mil por año, y también sigue con prácticas de tortura que no le corresponden”, dijo Nader. La especialista contó que a diferencia de Argentina y Uruguay en su país “no se habla tanto de la dictadura como de otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos. De hecho, como la Comisión de la Verdad habla de 1200 desparecidos en todo el territorio, algunos medios hacen un juego de palabras cuando comparan con otras dictaduras y hablan de una 'dictablanda', aunque las consecuencias de las dictaduras se presentan en la violencia del presente”.

Lucía Nader, de la organización Conectas, de Brasil.

Morales dirige dentro del CELS las áreas de Litigio y Defensa Legal y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social. Dijo que “la Argentina está en una segunda etapa en cuanto a los juzgamientos: el momento de investigar la participación en la dictadura de jueces y empresarios”.

Lo paradigmático en los jueces que apoyaron la dictadura “está en el rechazo compulsivo de habeas corpus cuando un familiar reclamaba por un desparecido y también cuando tomaban declaración dentro los centros clandestinos de detención”, dijo Morales. Y contó que “en el caso de los empresarios su participación se relacionó con colaboración para desaparecer trabajadores y militantes sindicalistas”.

Diego Ramón Morales, del CELS.

El integrante del CELS dijo que actualmente se dan “algunas discusiones con abogados laboralistas para pensar si las condenas penales son suficientes o hace falta evaluar las pérdidas en un contexto específico como dentro de una fábrica”. Y preguntó: “¿Cuál es el tipo de reparación en estos casos? Está probado cómo se benefició Loma Negra durante la dictadura”.

Al cierre, Morales explicó que otro de los casos se da con Papel Prensa, donde lo que se investiga es la desaparición de empresarios para beneficios económicos de otros empresarios. “La situación es muy vigente: ya no son solo funcionarios militares sino que nos enfrentamos a otros escenarios que requieren de otras pruebas”.