Infojus Noticias

Durante 18 días la familia de Paula Giménez no supo dónde estaba. Un operario del CEAMSE encontró su cuerpo el martes a la mañana. En Tucumán, durante catorce años buscaron a Pamela Laime. La mayoría de las desapariciones se resuelven con éxito, pero hay casos que encierran un delito. Detrás de Marita Verón está la trata sexual. Luciano Arruga representa la violencia institucional. Otras denuncias plantean más incógnitas que respuestas, como Sofía Herrera, la nena desaparecida hace seis años. ¿Cómo actúa la Justicia frente a la búsqueda de personas? ¿A qué lugares recurrir?

Todos los días se pierden alrededor de cuatro personas en el país: tres chicos y un adulto. Los datos se desprenden del relevamiento que hace Personas Perdidas, una rama de Red Solidaria. Según este organismo, 380 adultos actualmente están extraviados, mientras que los menores perdidos son 115. “En un 90 por ciento tenemos éxito. Cuando la justicia se compromete, la cosa funciona”, dijo Juan Carr a Infojus Noticias. Alejandro Inchaurregui, titular de la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires coincide con la cifra: “el 85% se resuelve espontáneamente y en el plazo de las 24 hs.”. Sólo en la provincia de Buenos Aires se reciben 25 denuncias por día de mayores de 18 años.

Las primeras horas son clave. La frase se repite como un mantra en todos los materiales sobre la temática. Sobre todo para desanudar delitos complejos como los secuestros, la trata o la violencia institucional. En ese sentido, hay un mito que desterrar: no hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la pesquisa. La batalla para desterrar la falsa creencia es contra los usos y costumbres policiales. “No figura en ningún lado que haya que esperar. Rastreamos en todos lados y nunca existió tal protocolo. Tuvimos que sacar una resolución destinada a los policías reiterando que no hay que aguardar 24 horas para iniciar una investigación de paradero”, dijo Inchaurregui a Infojus Noticias.

Las denuncias formales pueden registrarse en comisarías o fiscalías de turno. Las organizaciones que se dedican a la problemática recomiendan, en caso de dirigirse a una dependencia policial, exigir que se remita la denuncia a la fiscalía correspondiente y se ordene el operativo de búsqueda. Para los casos de menores perdidos, durante las 24 horas, funciona la línea 142, línea gratuita desde cualquier compañía telefónica o 0800-122-2442, que depende del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Desde 2011, el Ministerio de Seguridad de la Nación, reglamentó un instructivo de actuación para actuar frente este tipo de pesquisas. Además de la División Búsqueda de personas, la Policía Federal cuenta con un Centro de Orientación de Personas (COP) que registra información pública de personas halladas, en situación de calle, o sobre las que se reportó un incidente en la vía pública. Este también es un organismo para verificar información.

Los familiares y amigos de la persona buscada son quienes empujan, generalmente, las investigaciones. Son víctimas, testigos y  también detectives en la búsqueda. Lo primero que hacen es hacer circular la foto de la persona perdida con las señas particulares y un teléfono de contacto. Los folletos que solían aparecer en los postes de luz, los negocios barriales y las paradas de colectivos, ahora circulan en Facebook y Twitter. 

A fines de abril, la Procuración General presentó la “Guía Práctica para la búsqueda de personas”. El documento de 64 páginas fue elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación Personas (PROTEX) que dirige Marcelo Colombo. Es una herramienta de orientación para magistrados y operadores jurídicos del Ministerio Público Fiscal. Además de ser una guía, el texto hace una autocrítica al accionar de la Justicia. “En la mayor parte de los casos, los procesos de búsqueda avanzan casi exclusivamente por el aliento de los familiares o allegados y, cuando estos no tienen los recursos necesarios para impulsar estas búsquedas o darles notoriedad, los procesos quedan estancados y sin una línea de investigación suficientemente agotada", dice el material.

“Es recomendable que durante estas primeras horas, el fiscal no tome decisiones de descarte de líneas de investigación que puedan desatender aspectos del caso por falta de información o desconocimiento”, sugiere el documento.

Las trabas

Uno de los mayores problemas es la falta de centralización de las denuncias judiciales. Celeste Perosino integra  Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT). Este organismo pidió a las distintas secretarías de derechos humanos provinciales los registros de desaparición desde la década del ´90 hasta el año pasado. Hasta el momento recibieron la respuesta de 15 provincias. Los reportes no seguían un patrón común.“Algunas nos pasaron un listado con nombre y apellido. Ni si quiera DNI. No podés hacer nada con eso. No podes contactar a los familiares”, opinó Perosino en diálogo con Infojus Noticias.

Para Juan Carr la deuda pendiente es la creación de una Oficina de personas perdidas en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, similar al espacio especializado para la temática de violencia doméstica.

Otra de las trabas es el seguimiento: “Se registra la denuncia pero después no qué pasó. Muchas de las provincias nos mandaron algunos que ya estaban resueltos”, dijo la arqueóloga de ACCT.

Casos fríos

En la “Guía Práctica para la búsqueda de personas” se definen los "casos fríos". Son los expedientes penales sin resolución que descansan tapados por el polvo de los archivos de juzgados y fiscalías. En el documento se habla de la necesidad de que estas causas se impulsen. “Mientras esté desaparecida una persona, el Estado debe persistir en su deber de búsqueda", dice el texto. El caso de Pamela Laime en Tucumán es un ejemplo de esta clase de historias. Durante 14 años estuvo desaparecida y la Justicia avanzó sobre escasas pista de investigación

En ese sentido, en el documento se hace referencia a la propuesta de la ong ACCT –presentada ante la PROTEX- para  la creación del Banco Genético de Mujeres Desaparecidas. La idea es conectar dos mundos: el de las personas desaparecidas y el de aquellas encontradas y anotadas como NN en morgues, psiquiátricos, hospitales o en otros sitios. Los familiares podrían entregar muestras de su ADN o su perfil genético (sangre o saliva) para contrastarlos con la información hallada sobre cuerpos con un sistema similar al que se utiliza para dar con los cuerpos de las víctimas de la última dictadura cívico-militar.