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Hernando anotaba en una pared la cantidad de horas trabajadas. La suma le daba doscientos pesos por semana: ese era su sueldo. Le habían prometido 20 mil cuando vino desde Colombia, pero cuando llegó a esta fábrica de Valentín Alsina, al sur del conurbano bonaerense, ya tenía deudas. Tenía que pagar los pasajes, la comida y el alojamiento. A los tres meses ya era un ciudadano ilegal. Había entrado como turista, pero estaba trabajando. Muchas opciones no le quedaban. Hernando –no es su nombre real- es colombiano y tiene 26 años. Recorría las calles casa por casa ofreciendo muebles de colores hechos con cintas plásticas. Lo hacía en bicicleta, con un carrito. Los precios de los muebles rondaban entre los 600 y 900 pesos y se pagaban en cuotas mensuales. Como muchos otros colombianos que hacían lo mismo, cobraban la primera cuota. Una vez abonado el pago inicial, un cobrador –en moto o en camioneta- pasaba periódicamente por la casa del cliente a cobrar. Pero había una cláusula inflexible: si el comprador se atrasaba con el pago, la “empresa” retiraba el mueble y se quedaba con lo abonado por el tiempo de uso, gastos de movilidad y logística.

Hoy durante todo el día profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fuerzas especializadas del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Desarrollo social, la AFIP y la Dirección Nacional de Migraciones realizaron 69 allanamientos simultáneos en diez provincias. Uno de esos operativos se realizó en la fábrica en la cual trabajaba Hernando, una de las 85 víctimas de trata laboral identificadas hasta el cierre de esta edición. Fue el operativo más grande de trata desde que se sancionó la ley, en 2008. Al cierre de esta edición, los allanamientos continuaban en tres provincias.

Se hicieron en el marco de una investigación vinculada a una red internacional de trata para la explotación laboral que involucra, en su mayoría, a ciudadanos colombianos, pero también se encontraron víctimas peruanas, ecuatorianas y argentinas. Al cierre de esta nota, en los 69 allanamientos se había detenido a 23 colombianos y se ordenó la detención internacional de otros dos prófugos. Esta mañana, en un domicilio de Córdoba se detuvo a uno de los cabecillas de la organización. Se trata de la persona responsable de las finanzas de la red. Era conocido como “el recaudador” y llegó al país el viernes pasado a ver el partido en el que se enfrentaron Colombia y Argentina. Camuflado entre otros colombianos, pasó desapercibido.

A partir de los testimonios de las víctimas identificadas hoy, se ordenaron allanamientos en más lugares.

Adentro de la fábrica donde trabajaba Hernando vivía el cobrador, un joven ecuatoriano con su pequeño hijo. Cuando llegaron las psicólogas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a los Damnificados del delito de Trata, el ecuatoriano dijo que estaba de visita. Había olor a comida. En el lugar, además de Hernando, había un joven más y un hombre señalado como el “encargado”, que quedó detenido.

En esta fábrica se fundía el material con el cual se hacían las cintas con las que se confeccionaban los muebles. Adentro había una máquina fundidora, rollos de cintas por todos lados y algunos muebles color fucsia y celeste, otros muebles con corazón, humedad, basura y techos rotos. Afuera, casitas bajas, mujeres que salían a hacer los mandados, chicos que volvían del colegio. Todos en el barrio veían pasar a los artesanos con sus muebles coloridos. No sabían que eran víctimas de explotación laboral.

En otra localidad del sur del conurbano bonaerense, a unos 40 minutos del lugar, funcionaba otra célula de la organización. Allí se armaban las estructuras de madera de los muebles, en una terraza de condiciones precarias. Debajo de la improvisada carpintería, vivían tres familias, todas de origen colombiano que trabajaban en el lugar. Uno de ellos era un menor de edad que quedó al resguardo de la oficina de rescate.

“Es un caso particular de trata porque es venta ambulante, que no siempre es tomado como trata”, explicó a Infojus Noticias Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. “Es una organización que se encargaba de contactar personas, en su mayoría colombianas, y las traía al país. Muchas veces no sabían a dónde venían ni de qué iban a trabajar. Se quedaban engañados creyendo que trabajaban en una modalidad de cooperativa. Después, no tenían posibilidades de volver y se quedaban”.

La investigación

Entre 2009 y 2011 se registró el ingreso a la Argentina de 3.000 ciudadanos colombianos. La mayoría declaraba como actividad principal la de ser artesanos. Todos suministraban como domicilio direcciones similares. Este dato llamó la atención de la delegación cordobesa de Migraciones, que dio aviso al fiscal federal Enrique José Senestrari. El titular de la Fiscalía Federal Nro. 1 de la ciudad de Córdoba inició una investigación judicial.

A los “artesanos” colombianos se los solía ver en los barrios del conurbano vendiendo muebles con armazones de metal y madera, en carretilla o en bicicleta. Ofrecían roperos con espejos, cómodas y aparadores. También recorrían las provincias de Córdoba, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco y Tucumán. En todas se realizaron allanamientos.

“Empezamos a sospechar cuando vimos que llegaban colombianos con varios domicilios repetidos, porque no podía haber 15 personas en una misma casa precaria. Ahí nos dimos cuenta de que cuando llegaban al país era una misma camioneta la que los retiraba del aeropuerto”, explicó a Infojus Noticias el fiscal Senestrari.

En el operativo múltiple de hoy se secuestraron pesos argentinos, colombianos, dólares, documentación donde figuraba la deuda de los empleados y constancias de fuga de divisas.

“Estaban en condiciones de trabajo y pago indignas. Llegaban a una ciudad y los llevaban a otra. Se trataba de una red muy bien organizada. No eran improvisados, o una célula pequeña. Tenían mecanismos aceitados, por eso no descartamos que tengan vínculos con el lavado de dinero y el narcotráfico”, dijo el fiscal cordobés a esta agencia.

El artículo 2º de la Ley 26.364 establece que constituye trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, previéndose sanciones de 4 a 15 años de prisión. Hasta el momento son 23 los colombianos detenidos, pero el fiscal pedirá más detenciones.

“Es muy importante el trabajo coordinado que se hizo entre cuatro organismos del Estado. No siempre es fácil trabajar así y tuvimos un resultado excelente. Se puede decir que les dimos un buen susto”, evaluó Senestrari.

En el operativo intervinieron profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria, y equipos de Asistencia a la Víctima de las provincias de Salta, Mendoza, Santa Fe y Misiones. Contó con la colaboración de Migraciones. Según la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, desde 2008 abril de 2013 se han rescatado un total de 4757 víctimas, en el marco de 2193 allanamientos. Más de la mitad de esas víctimas (51%) es por explotación laboral. El 54% de las víctimas rescatadas son extranjeras, es decir, 2591 personas. Solo en lo que va de 2013 se rescataron 436 personas.