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En 2006, el Congreso Nacional redujo el número de integrantes del Máximo Tribunal de nueve a cinco miembros. Con los fallecimientos de los ministros Enrique Petracchi –que tuvo lugar el 12 de octubre de 2014–, y de Carmen Argibay –que falleció meses antes, el 10 de mayo del mismo año–, sumado a la renuncia que Eugenio Zaffaroni presentó a fines del año pasado, la Corte Suprema quedó conformada por cuatro miembros. Ahora, la renuncia de Carlos Fayt plantea un interrogante: ¿cómo funcionará ese cuerpo con tres integrantes?

En principio, la totalidad de votos redundaría en acuerdo. Sin embargo, en caso de disidencia, el tribunal debería recurrir a conjueces que dirimieran cada situación. Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la renuncia deja a la Corte “en situación de vulnerabilidad porque cualquier justiciable tiene el derecho de decir que quiere un sentencia con cinco votos”, dijo a Infojus Noticias. Asimismo, Barcesat recalcó: “Hay una alta vulnerabilidad de los fallos futuros de la Corte” ante una integración de sólo tres miembros.

Desde comienzos de año, la firma del juez Fayt fue cada menos frecuente: el magistrado firmaba en casos de vital importancia y en aquellos casos en los que los jueces, por posturas contrapuestas, necesitaban resolver con una cuarta firma. Los representantes de la oposición ya habían advertido que rechazarían cualquier propuesta para reemplazar las vacantes en la Corte –en un texto que distintos senadores de la UCR, el FAP, el Peronismo Disidente, el PRO y algunos partidos provinciales difundieron en noviembre de 2012–, situación que provocó la crítica de Barcesat al considerarla “una extrema torpeza constitucional”.

En ese sentido, Barcesat explicó que, al día de hoy, ya se incumple la ley que dictamina que la Corte Suprema debe funcionar con cinco miembros y expresó: “Estamos en una situación de impedimento de la Constitución por la actitud de senadores de la oposición, quienes se oponen al Artículo 99 inciso 4, que faculta a la presidenta de la Nación a elegir candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia. De persistir en esta actitud, entendemos que se trata de una actitud sediciosa por parte de los senadores opositores”.

El fiscal general Jorge Auat, secretario de la Asociación Civil Justicia Legítima, duda respecto al impacto de la salida de Fayt: “No sé si se produce un cambio del escenario en la Corte Suprema, en el sentido que el magistrado, con 97 años, ya no estaba en condiciones de actuar como un juez en sus amplias facultades”.

Para Auat, resulta necesario que la Corte enriquezca el debate interno sobre los fallos.

Auat sostuvo que el tema central tiene que ver con el funcionamiento interno de la Corte: “En su momento, lo dijimos: más que la cantidad de miembros, acá lo que queda claro es que la Corte tiene que enriquecer el debate interno sobre los fallos. Ése es el tema central. Y para eso se necesitan complementar las vacantes que faltan de acuerdo a lo que establece la ley”, explicó.

En esa línea, el abogado y profesor de la Universidad de La Plata, Miguel Berri, aseguró: “En mi opinión, la Corte no puede funcionar así. Se ha convertido en una sala de Cámara más que en un Tribunal Supremo. De acá al 11 de diciembre creo que el Poder Ejecutivo debe hacer un acuerdo con el Senado para garantizar una transición y nombrar conjueces". Berri comentó que "pueden existir varias formas de llegar a un acuerdo, pero tiene que haber una negociación política, hay que ligar un acuerdo temporal” para cubrir las vacantes en el máximo tribunal.

Por su parte, Barcesat recordó un fallo en el que la propia Corte Suprema –con la firma de Fayt incluida– declaró la nulidad de la lista de conjueces propuestos para el máximo tribunal. Fue en abril pasado. “La Corte –explicó Barcesat– dijo que la lista de conjueces era nula porque tenía que tener para su nombramiento el voto de los dos tercios de la Senado”. De todos modos, las vacantes pueden ser cubiertas por algún presidente de las Cámaras Federales de todo el país. En ese caso, el abogado constitucionalista aclaró que “hay materias que están vedadas para esos jueces”.

Según el texto del decreto–ley, que organiza a la Justicia Nacional en los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los miembros de la Corte, el tribunal “se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias”.

Si no se pudiera integrar de esa manera, se recurrirá a “un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar”. Esto no es posible hoy en día puesto que la lista de conjueces fue declarada nula por la propia Corte.

Para Auat, “lo único sintomático es que la renuncia la hace efectiva a partir del 11 de diciembre y el mensaje es claro: ‘Me voy cuando termine el gobierno’. Ese mensaje no le hace un favor a la independencia judicial”. En ese sentido, el fiscal general comentó: “Creo que se deben nombrar conjueces hasta nombrar los titulares de la Corte. Ése es el camino jurídico. Más allá de las decisiones personales, queremos discutir un modelo de poder judicial, qué tipos de jueces necesita el país, por ejemplo. Ese debate está pendiente en la democracia”.

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