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El secuestro de María de los Ángeles Verón, en abril de 2002, visibilizó a las redes de esclavistas sexuales que operan en nuestro país con ramificaciones internacionales. Desde entonces, el rastro de Marita se esfumó. Pero la búsqueda infatigable que empezó su madre, Susana Trimarco, contribuyó a que en 2008 se aprobara la ley de “Prevención y sanción de trata de personas y asistencia a sus víctimas”. En el 36 aniversario del cumpleaños de Marita, Infojus Noticias repasa los ángulos de la investigación de este delito con los actores de la justicia federal y de la policía tucumana que trabajan en su persecución.

En la justicia federal tucumana actualmente tramitan más de 60 expedientes vinculados a la trata de mujeres y niñas para ser ofrecidas como mercaderías sexuales en prostíbulos de la región o llevadas a otras provincias. Las más de las veces estos locales funcionan a la vista de todos, pero también se fueron reciclando y el delito adquirió nuevas formas. “En San Miguel de Tucumán quedan prostíbulos en muy pocos lugares; pero muchos pasaron a funcionar como privados o los trasladaron al interior de la provincia”, explicó el abogado Daniel Weisemberg que, desde diciembre de 2014, trabaja junto a Valentina García Salemi como representantes en la provincia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Publico Fiscal de la Nación.

Daniel Waisemberg y Valentina García Salemi, representantes de la PROTEX.

Weisemberg aclaró que en los allanamientos ya no suelen encontrar los llamados “libros de pases”, donde los proxenetas llevaban el registro de lo que ganaban con la explotación sexual de mujeres y niñas. “Cada vez aparecen menos, ya no son cuadernos sino que anotan en hojas sueltas”, dijo el abogado y aclaró que esto obliga a los investigadores a agudizar su astucia. “Hay que revisar la basura, buscar restos orgánicos de preservativos usados y otros indicios que puedan dar cuenta de que el cobro de un pase sexual no lo hacía la misma víctima”.

El abogado también recordó que estas redes dado que necesita vender y por lo tanto de cierta visibilidad, también cuentan con aliados en las policías (principalmente provinciales) y en actores del sistema judicial. “Tenemos causas con escuchas donde los abogados están en el límite de lo que sería una defensa o de formar parte de una acción delictiva”, dijo Weisemberg. “En otros casos, funcionarios judiciales son mencionados como clientes de lugares vip, pero no formando parte de las redes”, aclaró el representante fiscal. Entre las investigaciones abiertas, también hay una causa con “pedido de indagatoria para un ex policía que, a la fecha de los hechos todavía estaba en la fuerza; lo vinculan con el cobro de coimas, pero también porque firmaba los libros de pasajeros del local que funcionaba bajo la fachada de un hotel y su número figura entre los que recibían llamados frecuentes de los regentes”.

El California

Como en otras regiones, las causas avanzan recostadas en las declaraciones de las víctimas. “Los clientes (hombres dispuestos a pagar para usar el cuerpo de una mujer esclavizada) suelen figurar en las actas de los procedimientos, pero no tienen voluntad de declarar”, dijo Weisemberg. En la segunda causa por trata que llegará a juicio en la provincia –a mediados del año próximo– una víctima, identificada con letras y números para preservar su identidad, es clave.

En esta causa, además de los dos cabecillas Mercedes Medina y “El Negro” Ernesto Robles, son otras cinco las personas acusadas de regentar los prostíbulos “California” y otro innominado, frente a la ex terminal de la capital tucumana. Contó la testigo protegida que “Mercedes les pegaba con un “látigo” y les daba cachetadas, o bien las agredía con una llave en la frente”. Algo que corroboró la investigación policial: “En el memo del 26 de abril de 2013 aportado por la división Trata de personas de la Policía de la provincia se detalló el secuestro de un látigo en el bar California”, consignó el fiscal Carlos Brito en el pedido de elevación a juicio por este caso.

El comisario Julio Fernández, titular de la División, recordó que los locales de Medina funcionan en la capital tucumana hace más de 15 años y que estuvo en la mira, primero de la justicia provincial por facilitación de la prostitución y luego en la Justicia Federal por trata, desde 2009. Las víctimas debían realizar allí jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y, tanto ellas como sus familias sufrían violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso con armas de fuego.

El comisario Julio Fernández

Pero, “cuando íbamos a hacer un allanamiento encontraba el prostíbulo vacío o una mujer de 60 años esperándonos, porque alguien avisó”, recordó Fernández. Por escuchas telefónicas, en el expediente fue probado que después de uno de esos allanamientos, “la Doña” Mercedes llamó a una joven y le dijo que “reabrieron el California” y que “iban a estar la María, la Flaca, la hermana de la Flaca y las dos hijas de María, para que trabajen”.

Esta causa, que se inició por una denuncia realizada por la Fundación María de los Ángeles Verón, marca una de las características de la persecución de este delito en Tucumán. La fundación que Trimarco creó para buscar a su hija y asistir a otras víctimas de trata, “se ha convertido en una fuente de ingreso de casos constante, cuando una chica falta de su casa o cuando recibe una oferta de trabajo dudosa en otra provincia, las familias se acercan allí”, contó el representante de la PROTEX en Tucumán.

Las esquirlas del secuestro de Marita

La sentencia tucumana que el 11 de diciembre de 2012 absolvió a todos los 13 imputados acusado de por secuestrar, prostituir y desaparecer a Marita Verón es sólo un ejemplo de cómo funciona la trata y de lo difícil que es investigarla. Esa noche, contó la testigo de identidad protegida ante la Justicia federal tucumana, los absueltos “festejaron” el fallo en unos galpones que Mercedes Medina, la dueña del California, tiene en Tucumán.

Además, la banda habría implementado un sistema de multas y de rotación entre los prostíbulos y otros ubicados en las provincias de Catamarca y La Rioja, con vínculos con los prostíbulos que en esa provincia regenteaban los hermanos José “Chenga” y Gonzalo Gómez, condenados por el secuestro de la hija de Trimarco.

Aunque revisada después por otro tribunal provincial que definió la condena para 10 de los imputados, esa sentencia marcó un nuevo punto de inflexión y se introdujeron reformas a la ley de trata. Una de las más importantes es que los jueces ya no podrían justificar su inacción en que las víctimas no se declaran como tales (“dice que está acá porque quiere” suele ser la muletilla de los funcionarios judiciales involucrados en allanamientos infructuosos). La reforma también dio lugar a la sensible cuestión de la asistencia para las mujeres rescatadas durante los allanamientos.

Las derivaciones interprovinciales

“Tucumán es una provincia donde funcionan prostíbulos, pero también de captación de mujeres, que fueron llevadas a Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén y hasta Río Gallegos para ser explotadas”, dijo el comisario Fernández, en su despacho de la división Trata de la Policía tucumana. “El 70% de las chicas que trabajan noroeste son chicas tucumanas, porque de acá salen a trabajar los llamados trabajadores golondrinas y muchas veces la mujeres termina en un prostíbulo, porque cuando llegan no estaba el trabajo”.

El funcionario define a la localidad cordobesa de Río Cuarto, como la “triple frontera” para las redes de la trata, en el centro del país porque desde allí salen rutas a Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y al sur.

El comisario que empezó a trabajar en la búsqueda de Marita en septiembre de 2002, cuando entró en la fuerza como oficial ayudante, recordó que este caso le mostró que en el caso de trata es necesario actuar de manera preventiva. “Mientras investigábamos la causa Marita Verón empezamos a ver cómo una mujer era coaccionada, como era engañada y llevada a otra provincia para estar en la prostitución”, dijo. Y recordó que uno de los casos que lo impacto tenía como víctima a una nena de 14 años, que engañada con una oferta de trabajo doméstico fue llevada a un prostíbuloen el paraje Anguinal, en el límite del cerro Famatina con Chile. “La dueña del prostíbulo y el hijo de esa mujer estuvieron detenidos y la chica contó cómo le pegaban con látigo y la obligaban a prostituirse, y que allí dio a luz a un niño que inscribieron a nombre de otra mujer, mayor de edad, que la había llevada allí diciéndole que iba a trabajar como mucama”, contó Fernández.

Casos como este llegan a diario a conocimiento de la Fundación o la División de trata de la policía provincial, donde desde enero de este año hasta septiembre recibieron más de 250 denuncias por desapariciones. “Hay muchas situaciones que son preventivas que trabajamos con la información en forma urgente. Eso de esperar 72 horas, que ya va a venir, que capaz está con el novio, eso se terminó”, dijo el comisario y agregó: “aprendimos que es necesario actuar de manera urgente”.