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Infojus Noticias

8-2-2014|12:03|Justicia Nacionales
Etiquetas:
Verdades y mitos del expediente

Cómo seguirá la causa de Camus Hacker

Terminó la investigación preliminar. Emmanuel Ioselli podría prestar declaración indagatoria. Cómo fue el supuesto pedido de dinero a Annalisa Santi y la intervención del FBI en el caso.

  • Ilustración: kitsch
Por: Sabrina Santopinto

La historia que revolucionó las redes sociales en el último mes y escandalizó a la farándula pasó a manos del juez –a cargo del juzgado de instrucción 49- quien deberá avanzar teniendo en cuenta las recomendaciones del fiscal Ricardo Sáenz: llamar a declarar ante la Justicia al “hacker” quien podría verse complicado si se comprueba que medió en su accionar el delito de extorsión, lo que podría valerle una pena de hasta 10 años de prisión.

En este nuevo capítulo de la historia, el fiscal promueve la acción penal pública contra Emmanuel Ioselli, luego de tomar el testimonio de Noelia Marzol –quien trabaja en TV junto a Marley-, a las modelos Annalisa Santi y Sofía Clerici y al ex representante de esta última, Jorge Zonzini.

La declaración que más complica a Camus es la de Annalisa Santi, quien explicó que el hacker la agregó a su Facebook utilizando el nombre “Camus de Acuario”. Según consta en la causa, la persona que utilizaba ese perfil dijo tener un video de ella y que ya lo había vendido a los medios para que saliera el lunes siguiente. La testigo le imploró que no lo publicara y pidió un número de cuenta bancaria ofreciéndole dinero. “Ya vendí  el video por mucho más”, contestó el supuesto hacker.

La conversación entre la modelo y el hacker siguió hasta el punto en que el hombre le exigió que se escribiera “Camus” en una mano, se sacara una foto mostrando la inscripción y se la enviara en la misma conversación para tener la seguridad de que estaba chateando con la testigo. Luego de este intercambio, quien se hacía llamar “Camus” la bloqueó en Facebook y replicó la foto en las redes sociales.

El punto de partida de la Justicia será investigar si medió el delito de extorsión,  lo que podría complicar la situación del hacker que revolucionó twitter. Un delito así, podría valerle al joven hasta 10 años de prisión, siendo un delito no excarcelable, ya que el mínimo previsto es de 5 años.

La calificación de los hechos podría comprender también el delito de acceso ilegítimo, contemplado en el artículo 153 bis del Código Penal, o violación de comunicaciones electrónicas (art. 153).

Zonzini, el antigo representante de Sofía Clerici, declaró que el supuesto hacker abrió perfiles falsos con su nombre en Facebook por lo que se sintió perjudicado y avanzara con una querella penal.

Los pasos de la investigación

Cuando ocurren los llamados delitos informáticos uno de los mayores peligros es la posible desaparición de las pruebas, dada la facilidad con que puede borrarse la evidencia de la red. En este contexto, el fiscal  ordenó la intervención de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina para que determine los datos personales, logs de conexión y de creación del perfil de Twitter @camushackers.

A partir de un pedido del fiscal, el caso llegó a manos del FBI desde donde se pidió a Twitter los datos del usuario investigado. Distintos son los pasos en Facebook, donde para avanzar se necesita un oficio con firma del juez.  Según pudo saber Infojus Noticias, este es uno de los puntos sobre los que podría avanzar comoprimera medida el juez de instrucción 49, quien quedó actualmente a cargo de la causa.

En esta historia, las pistas desviaron la atención de los investigadores en varias direcciones dado que @camushackers no fue el único usuario: la misma persona física -que resulta ser en principioEmmanuel Ioselli- actuaba con diferentes nombres en su blog, en Skype, Poringa.net, Facebook y Twitter. Usaba "EMMA TBP", Camus de Acuario, CamusHackers, camus TBP o "Kevinmicking", nombre que pertenece a un conocido hacker de la década del ‘80.

Mientras declaraba a Annalisa Santi se la invitó a que desde la computadora de la fiscalía ingresara a su cuenta de Facebook  para mostrar el chat mantenido con el hacker, de manera tal que las capturas de pantalla de ese diálogo formaránparte de la investigación. En ese chat donde quedó en claro la existencia de una exigencia de dinero por la no difusión del material que involucra a la modelo.

El curso del proceso legal

Según lo entendió el fiscal Sáenz -especialista en delitos informáticos- “estamos en presencia, por lo menos, de varias conductas presuntamente delictivas tendientes, o bien a difundir imágenes privadas de personas sin su consentimiento, pudiendo haber sido obtenidas de diversas maneras que habrá que investigar en el trámite que se siga, o bien a amenazar con esa difusión, o bien a exigir extorsivamente la entrega de dinero a cambio de la no difusión de las mismas”.

Los límites información difundida y compartida en las redes sociales, es un tema de debate entre los especialistas en la materia. “Internet no es un limbo jurídico, sino que juegan en la red las mismas leyes que en el mundo real”, explica el abogado especialista en delitos informáticos Facundo Malaureille y de esta forma abre el juego a una sensación de impunidad instalada en torno a un inmenso universo donde muchas veces predominan delitos como el robo de identidad, el llamado Cyberbullyng –que implica amenazar, agredir o intimidar a una persona-, el moobing o acoso laboral online, violaciones a la intimidad, difamación entre otras problemáticas sobre las que pueden encontrarse encubiertas tipos de suma gravedad como la pedofilia o las estafas monetarias.

Según explica Malaureille, dentro del sistema americano y del argentino “existen medidas del código procesal penal para tratar estos temas. Así, los derechos intelectuales, sea el formato en el que se encuentren, deben ser defendidos. Aunque por otro lado considero que todo el mundo tiene derecho a la cultura y al acceso a la información, pero eso sin violar los derechos de otros”.

El Fiscal de la causa manifestó públicamente que de este caso se desprende que no es cierto que exista un anonimato tal que permita a los usuarios accionar afectando a terceros sin consecuencias. “Existen leyes y existen operadores del sistema penal capacitados para recuperar las pruebas en una investigación y llevar adelante un juicio”, explicó.

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