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Cuatro hombres y tres mujeres murieron hace 19 años, el 3 de noviembre de 1995, cuando una explosión en la Fábrica Militar Río Tercero (FMRT) destrozó los barrios Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino en la localidad cordobesa que da nombre a la empresa estatal, más de 300 resultaron heridas y casi el doble fueron evacuadas. Por estos hechos hoy cuatro ex jefes militares fueron condenados, con penas de entre 10 y 13 años de prisión, por el delito de estrago doloso por el Tribunal Oral en lo Federal 2 de Córdoba (TOF 2).

Los fiscales federales Guillermo Lega y Carlos Lozada habían pedido para los cuatro imputados, Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, Edberto González de la Vega y Carlos Franke, penas de 15 años de prisión. Consideraron que, durante los cuatro meses de debate, quedó demostrado que esa mañanael incendio en la planta de carga de FMRT se inició “de manera intencional, programada y organizada” para ocultar la “faltante de proyectiles y municiones que tenía el ejército a raíz de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia”.

Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años, en tanto que Marcelo Diego Gatto recibió la pena de 10 años. El tribunal, integrado por los jueces Carlos Lascano, José Pérez Villalobos y Mario Garzón, dará a conocer los fundamentos de la sentencia el 27 de febrero de 2015. Fuentes que participaron del debate estiman que la diferencia en la graduación de la pena se debe a que “Gatto es el único de los tres acusados que no fue condenado en la causa armas”.

"Si bien todas las pruebas conectadas entre sí dan fuerza a la posición de la fiscalía a mi criterio es fundamental la pericia contable: la registración no adecuada demuestra que se ocultó en favor del tráfico ilegal de armas”, explicó Lega a Infojus Noticias sobre los fundamentos de su alegato. En la causa, los informes sobre los movimientos (físicos y contables) de material bélico dieron elementos a las partes para abonar la hipótesis sobre el móvil del siniestro ocasionado.

49.000 proyectiles

El juez federal a cargo de la instrucción Luis Rodolfo Martínez solicitó pericias contables al respecto y los peritos arribaron a conclusiones precisas: “las cantidades de materiales informadas desde Fabricaciones Militares como parte de sus existencias no eran las que realmente existían en la Fábrica Militar Río Tercero al momento de las explosiones”. En cifras el informe presentado por los peritos contadores oficiales señaló, ya en 199, que la diferencia alcanza a la cantidad de 49.000 proyectiles, entre otros puntos.

Los abogados Horacio Viqueira y Aukha Barbero que representan a las hijas de Francisco Hoder, uno de los siete fallecidos, coincidieron en la descripción de los hechos. Pero habían solicitado 17 años de prisión en cada caso. Y al finalizar su alegato, señalaron que "lamentablemente había otras personas involucradas que en el transcurso de la causa fallecieron". Se referían a quien era jefe de fabricaciones militares en el momento de las explosiones, Juan Andreoli, al teniente Oscar Quiroga y a Norberto Emanuel, un civil que en 1995 era subinterventor de FM.

El fiscal Lega manifestó que estaban conformes con la decisión del tribunal, que consideró la autoría mediata de los hechos. Esto implica que consideraron que los imputados “actuaron dentro de una estructura de poder que le da dominio sobre el hecho, más allá de que no fueron sus autores directos”. El letrado considera valiosa esta posición para la revisión de la situación del ex presidente Carlos Menem en relación a los hechos. El año pasado, Menen fue condenado y apeló la sentencia que lo encontró culpable por el contrabando de armas; pero por la explosión el ex presidente y el ex jefe del ejército y actual embajador, Martín Balza, quedaron desvinculados por falta de mérito, aunque las partes recurrieron esta decisión judicial.

La explosión

Esa mañana, a las 8.55, según el auto de elevación a juicio, las llamas rápidamente alcanzaron los tambores trotyl (un explosivo) y, en cuestión de minutos, se escucharon dos explosiones, casi simultáneas. La tercera explosión, según los testimonios, se escuchó entre 10 y 12 minutos después, en los depósitos de Expedición y Suministros. Y, según determinaron los peritos oficiales habría sido independiente de las primeras.

Ese día en el barrio Escuela, una de las esquirlas alcanzó a Laura Muñoz, tenía 27 años. Su hermano y su madre la vieron morir. Elena Rivas tenía 52 años vividos y también fue víctima de la explosión. Y entre las fallecidas también estuvo Romina Torres, una chica de 15 años a la que el siniestro sorprendió en el aula donde cursaba el tercer de la secundaria en el Colegio Nacional.

A ellas se sumaron Aldo Aguirre, un joven de 25 que advertido de las explosiones se quedó en la zona para ayudar a otros vecinos de Río Tercero; Mario Solleveld de 32 años, alcanzado por una esquirla cuando salió de su casa a buscar ayuda para sacar a su mujer y a su hija y José Varela, un hombre de 50 años de edad. Y el profesor Francisco Hoder, el único caso en el que sus familiares siguieron la querella penal.

Hoder estaba trabajando en la escuela industrial, a dos cuadras de la fábrica militar. Se quedó para ayudar a evacuar a los alumnos. La onda expansiva de la tercera explosión lo alcanzo en su auto, cuando intentaba alejarse. Tenía 55 años y su corazón no lo soportó. Su esposa, la abogada Ana Gritti (fallecida), fue el motor de la investigación que ahora sostienen sus hijas, María Eugenia y María Julia Dalmasso Gritti, asistidas por Viqueria y Barbero.