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Cuatro ex militares comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) de Córdoba, como presuntos responsables de las explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), que causaron siete muertes, centenares de heridos y destrozos en gran parte de la ciudad.

El contrabando de armas a Croacia y Ecuador, uno de los mayores escándalos del gobierno menemista, asomó desde la primera audiencia como telón de fondo de las voladuras en Río Tercero. Tres de los cuatro imputados por “estragos dolosos” en este juicio, ya fueron condenados el año pasado por la Cámara de Casación penal, en la causa que investigó el tráfico ilegal de artillería. El ex presidente Carlos Menem, esquivó el banquillo por falta de merito.

La abogada Ana “Coca” Gritti, esposa de una de las víctimas, fue la única querellante penal de la causa. “Coca” murió en 2011, pero sus hijas Eugenia y María Julia Dalmasso Gritti, continuaron con la querella. Tenían cuatro y seis años al momento de la voladura. Esta mañana, las jóvenes llegaron al edificio de Tribunales para seguir con la causa que comenzó su madre.

“Nosotras vivimos el juicio como un duelo personal. Las dos nos acordamos de ese día, como cada uno de los vecinos de Río Tercero”, dijo María Eugenia a Infojus Noticias. “Cualquiera pensaría que luego de 19 años, la herida duele menos, o que nos olvidamos. Pero no. Es imposible olvidarse. Hace falta reparación moral, espiritual. Nosotros no lo hemos podido tener. Pero quizás esto sea un cierre para poder seguir viviendo”, agregó la joven.

Otro grupo de vecinos agrupados en la” Comisión de damnificados” recorrieron los 110 kilómetros que separa Río Tercero de Córdoba, para presenciar la audiencia historia. “Yo había salido a trabajar al campo. Cuando sentí los tiros, volví a casa y no encontré a mi familia, no había nada en pie. Pude verlos recién cinco horas después, porque todos habían disparado al campo”, contó Raúl Cardozo, que vivía a diez cuadras de la fábrica.

Gracias a la insistencia de Gritti, el expediente dejó de ser investigado como un simple accidente y la hipótesis viró hacia la tesis de que el atentado se produjo para “ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos”. Según los autos de elevación, “los hechos se produjeron como consecuencia de una decisión tomada en las más altas esferas del poder político de entonces”.

Tras la lectura de la acusación, el TOF 2 debió resolver el planteo de “nulidad absoluta” interpuesto por los abogados defensores. Luego, los imputados Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Jorge Franke, Edberto González De la Vega y Diego Marcelo Gatto, contestaron el Interrogatorio de identificación.

“¿Usted tiene antecedentes penales?”, les preguntó el juez Carlos Lascano. “Condenado en la causa ‘armas’”, contestaron los tres primeros. El que no fue procesado en ese caso fue Diego Marcelo Gatto, que sin embargo fue juzgado y absuelto en Salta, por de delitos de lesa humanidad. Gonzales de la Vega, Director de coordinación Empresario de Fabricaciones Militares, fue el único que respondió preguntas de las partes.

La ronda de testimonios comenzará mañana con la declaración de los peritos oficiales. El tribunal dispondrá a escuchar a 18 expertos en las próximas audiencias (químicos, contables, ingenieros, etc) que fueron los encargados de armar la prueba documental.

Los hechos

“¡Fuego, fuego, fuego!”, gritó el operario Emilio Ostera, cuando a las 8.55 del 3 de noviembre de 1995, vio una intensa llama salir de uno de los tambores de trotyl, en la Planta de Cargas, un galón abierto con techo de chapa y piso de cemento. Ostera era uno de los cuatro operarios que a esa hora –el turno del desayuno– todavía no había ido hacia el comedor. Los empleados huyeron justo antes de que se produjeran dos explosiones. Doce minutos después, otros 18 estallidos volaron los depósitos de Expedición y Suministros. Según determinaron los peritos oficiales, estas voladuras habrían sido independientes de las primeras.

“El incendio inicial fue provocado, no es factible que se haya producido sin un producto químico combustible que estimulara su encendido en el interior de los tambores”, explicó a Infojus Noticias Horacio Viqueira, uno de los abogados querellantes. “Los peritos cree que hubo detonadores, porque en el piso quedaron dos cráteres bien definidos y cercanos cinco metros uno de otro, lo que indica que hubo dos explosiones simultáneas”, agregó. Los especialistas sospechan que pudo fue planeado para direccionar la onda expansiva hacia la ciudad, evitando asa alcanzar el centro petroquímico que estaba del otro lado de la fábrica.

Las esquirlas y los destrozos afectaron principalmente a los barrios aledaños: Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino. Hober Dalmasso (marido de Ana Gritti) enseñaba Química en la escuela industrial General Savio, cercano a la fábrica, cuando todo empezó a volar por el aire aquella mañana. Junto a otros docentes ayudó a evacuar a los alumnos y luego subió a su auto para ir con su familia. Pero otra explosión le provocó un infarto. Tenía 55 años. “Por la memoria de Hober y del resto de las víctimas, venimos a buscar la verdad y la justicia”, dijo Ahuka Barbero, también parte de la querella.

Hace 19 años Barbero vivía con su familia en el centro de la ciudad, a un kilómetro y medio de la fábrica. Minutos después de las 9 de la mañana del 3 de noviembre de 1995, sintió que estallaron los vidrios de su casa. Pudo ver el hongo de humo cuando se repuso del primer sacudón. Junto a su familia y a sus padres escapó para ponerse a salvo, hasta llegar a Villa Ascasubi, un pueblo a 20 kilómetros de allí. La mayoría de los 46 mil habitantes de Río Tercero se evacuaron de igual modo. Otros, como Mario Solleveld, de 32 años, que fue alcanzada por una esquirla y perdió la vida, quedaron a mitad de sus rutinas.

La causa fue instruida y elevada a juicio por el fiscal Carlos Gonella, actual titular de la Procuvin. En un principio, los imputados eran seis, pero dos fallecieron antes de llegar a juicio. Los acusados llegan al juicio como “autores mediatos” (la misma figura utilizada en los juicios de lesa humanidad) del delito de “estrago doloso por muerte”.

Tráfico de Armas

Las alusiones al juicio por el tráfico de armas serán permanentes. Según los autos de elevación, “los hechos se produjeron como consecuencia de una decisión tomada en las más altas esferas del poder político de entonces”.

En la primera audiencia, el imputado Gonzales de la Vega dijo que “en Fabricaciones Militares se decía que el destino de las armas era Croacia, pero es difícil de probar” y deslizó que en esos años, “los barcos con armas que tenía un destino prefijado, a veces paraban donde había conflicto, que es donde se pagaba mejor”. Tanto en el conflicto entre Ecuador y Perú como en la llamada “guerra de los Balcanes”, el Estado argentino era garante de paz, pero –según la causa– vendía armas ilegalmente a alguna de las partes en conflicto.  Un bochorno internacional.

En esa trama ilegal, la Fábrica Militar de Río Tercero ocupaba un lugar estratégico. Se calcula que entre 1991 y 1995, por allí pasó el 90 por ciento del contrabando de armas y se exportó (en blanco y en negro) más de 100 millones de dólares. “En los hechos, la fabrica no fabricaba. Estaba en crisis. Lo que hacía era truchar artillería. Pintaban cañones, borrar escudos de proyectiles, maquillar armamento, etcétera. Todas esas eran armas que mandaban por izquierda a Ecuador y Croacia, porque por otro lado argentina era garante de paz de ambos conflictos”, explicó Barcero. “Nosotros, los riotercerences, no teníamos la menor idea de eso, hasta que explotó todo”, agregó.

Entre los testigos declararán este juicio, por ejemplo, estará Luis Lagos, un ex armero de la fábrica que contó durante la instrucción que fue enviado a Croacia bajo la misión de armar y poner a punto un envió de armamento de Río Tercero, que había sido despachado con las piezas desarmadas.