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María Julia Alsogaray fue condenada hoy a cuatro años de prisión por el delito de "peculado y defraudación en perjuicio de la administración pública". El Tribunal Oral Federal N° 6 ordenó, además, la prohibición para salir del país. Así terminó el segundo juicio del año para la ex funcionaria menemista. La causa penal se había abierto para investigar irregularidades en un convenio de contratación de pasantes entre la Secretaría de Recursos Naturales de la Nación, que dirigía Alsogaray, y la Universidad de Lomas de Zamora. Sucedió entre 1992 y 1995 y el acuerdo movió 7 millones de pesos. Los fundamentos se leerán el próximo 4 de julio.

Alsogaray ya tiene una condena a 3 años por enriquecimiento ilícito. Y fue absuelta este año por prescripción de la causa en otro juicio oral, acusada por otra contratación irregular. Si esta segunda condena quedara firme, podría ir a prisión efectiva.

El juez José Martínez Sobrino empezó la audiencia anunciando que el tribunal no hacía lugar al pedido de prescripción pedido por las defensas de Romero y Merlino. El juicio duró un mes y tuvo 15 audiencias efectivas. Lo llevó adelante el mismo tribunal que sobreseyó a Alsogaray el 25 de abril, por considerar prescripta la causa por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Hoy condenó a María Julia y la inhabilitó a perpetuidad para ejercer cargos públicos.

Hoy a la mañana se escucharon las palabras finales de los otros dos coautores, que fueron sentenciados con la misma pena de cuatro años. José Merlino, coordinador del convenio por parte de la universidad, dijo que se había enterado “que había anormalidades en el año 2000, cuando fui citado a declarar”. Trató de quitarse importancia en el mecanismo para desviar los fondos: dijo que “la Secretaría y la Universidad tenían poder de acción y de decisión” sin depender de él.

Y Pascual Antonio Romero, director técnico administrativo de la Secretaria de Recursos Naturales, citó a la fiscal Dafne Palpoli para enmarcar la investigación: “El dinero negro no tiene recibo”, dijo. Y a continuación agregó que “se duda de mi honor y esto va camino a arruinarme la vida”. “No me parece justo que estemos todos en la misma bolsa”, pidió.

La sala A de Comodoro Py es chica. Los abogados, los jueces, los imputados y la prensa estaban muy cerca unos de otros. Esto obligó a ver lo que no siempre forma parte del proceso judicial. Los nervios de Merlino y Romero minutos antes de conocer el fallo, por ejemplo. O la ausencia de María Julia hasta último momento. Llegó con un abogado a cada lado, como custodios. Y comió durante todo el proceso pastillas Halls.

María Julia los escuchaba con una cartera de cuero marrón en la mano, como quien está apurado por irse. El traje beige, los aros de perlas, el pañuelo en el cuello. Se sostenía la cabeza con la mano.

Nunca se pudo acreditar el trabajo de las personas que supuestamente habían sido contratadas en el marco del convenio. Desde agosto de 1993 no existen constancias de recibos por parte de los pasantes ni acreditación alguna de las tareas realizadas. Merlino cobraba el dinero en efectivo. No quedó claro cuántas personas prestaron servicio  –Romero dijo que cerca de 200, y Merlino contó 20– ni el dinero que percibían, ni hasta cuándo duró el convenio, ni quién seleccionaba el personal, ni cuáles eran las tareas puntuales que se realizaban

La etapa de instrucción llevó cinco años, alcanzó los dos mil folios y presentó 45 fundamentos que incluyen informes de la División de Delitos Complejos de la Policía Federal, de la Auditoría General de la Nación, del Banco Nación, del Ministerio de Economía, documentos secuestrados de la Secretaría y declaraciones indagatorias a funcionarios y autoridades de la universidad. La investigación estuvo a cargo del fiscal de instrucción Guillermo Marijuán y fue elevada al TOF N° 6 en 2005.

La causa se inició en el año 2000 cuando Alejandro Taraborrelli, apoderado de la Universidad de Loma de Zamora, denunció la pérdida del expediente del convenio. En su reconstrucción se descubrió que se sugirieron pagando cheques a Merlino incluso después de la fecha de cierre del convenio. La cifra rondaría los 900 mil pesos.

Según María Julia ella supo de las irregularidades cuando se abrió la causa en el año 2000. En una declaración indagatoria de ese año dijo que el convenio se hizo por falta de personal en la Secretaría y reconoció que desconocía la forma de pago a los pasantes.

El fallo contó con los votos de Martínez Sorbino y María del Carmen Roqueta, y la disidencia de Julio Panello. El tribunal dio por cerrado el juicio y anunció que los fundamentos se darán a conocer en la audiencia del 4 de julio. En menos de una semana dos condenas volvieron a poner al menemismos en la tapa de los diarios. El jueves pasado el ex presidente Carlos Saúl Menem fue condenado a 7 años de prisión por contrabando de armas.