Infojus Noticias

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó una sentencia que condenó a penas de entre 4 y 6 años de prisión a cinco policías mendocinos que pedían plata a cambio de avisar ante un allanamiento judicial o evitar el secuestro de bienes.

El 8 de mayo de 2007 se realizaron procedimientos policiales simultáneos en tres locales de la firma “Videomundo”. Uno en el shopping del Mendoza Plaza, los otros en el Hipermercado Jumbo, todos en la capital mendocina. José Montero, el dueño, llegó al local del shopping y se encontró con la policía realizando un allanamiento. Los agentes comenzaron a llevarse la mercadería en cajas. Dos de los policías le explicaron que debían “investigar la procedencia” de esos productos. El comerciante pedía que le dejaran buscar los papeles que demostraban que “la mercadería se encontraba en orden”. Después los efectivos dijeron que podían clausurar el local, secuestrar la mercadería y llevarlo detenido. “Salvo que quisiera colaborar”, le advirtieron. Como resultado de ello y por “solicitud policial” el comerciante debió pagar 20 mil pesos y acordar un pago mensual que le “aseguraría estar prevenido y con previo aviso al desarrollo del procedimiento”.
 
Este es uno de los cinco casos corroborados por la Justicia y en el que participaron cinco policías federales de la delegación Mendoza. Por estos hechos, hace un año –el 28 de agosto de 2012-, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza condenó a prisión a Juan Manuel Merlo Moreno, Marcelo Edgardo Guerra Sabatini, Héctor Marcelo Calderón Plaza, Daniel Fernando Zurita Gosen y Guillermo Pizarro Juárez con penas de entre 4 y 6 años de prisión.  

El fallo fue apelado mediante recursos de casación por las defensas de los acusados. La causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. Se comprobó la existencia de una organización que “se dedicaba a la exigencia de indebidos pagos dinerarios a diferentes titulares de negocios comerciales de la provincia de Mendoza”. Se trataba de negocios que tenían, la mayoría de ellos, “irregularidades en el tenor de la mercadería que poseían para la venta”.
 
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky- rechazó los recursos y confirmó la sentencia. Para cometer los delitos los policías se valieron de las órdenes de allanamiento dictadas por un juez en el marco de distintas investigaciones para constatar la existencia de mercadería en infracción a las leyes 11.723 (Régimen Legal de Propiedad Intelectual) y 22.362 (Ley de Marcas y Designaciones).
 
Al saber que en esos locales se comercializaban CDs y DVDs truchos, los policías lo utilizaban para pedir los pagos por “seguridad”. La cifra iba de 8 mil a 20 mil pesos, pero los efectivos además pedían elementos que eran vendidos en esos comercios, tales como, consolas de video juegos. Los jueces de Casación Penal al rechazar los recursos presentados confirmaron las condenas de los acusados de entre 4 y 6 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos como funcionarios públicos de 8 a 12 años.