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La Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento de un ex juez provincial, una asistente social y un médico imputados en la causa en la que se investiga la inscripción ilegal de la hija que María de las Mercedes Moreno dio a luz en el temible D2, el Departamento de Informaciones de la Policía cordobesa que funcionó como centro clandestino durante la última dictadura. En octubre de 2012, Abuelas de Plaza de Mayo presentó a esa joven como la Nieta 107, de los más de 500 jóvenes que buscan desde hace 38 años.  

El 11 de octubre de 1978 María de las Mercedes parió a su hija encadenada en la maternidad provincial y le arrancaron a la niña de sus brazos. Seis meses después, cuando la dejaron en libertad,  empezó a buscarla. Una enfermera le había dicho que a su beba estaba en la Casa Cuna de la provincia, pero cuando la fue a buscar se la negaron. “Sabíamos que la niña había sido inscripta como hija propia por la jefa de trabajadoras sociales de la Casa Cuna, que tenía una relación muy directa con el jefe de la institución, a su vez muy ligado a los militares”, contó a los medios Marité Sánchez, una de las abogadas Abuelas cuando en octubre de 2012 se confirmó que la joven era hija de María de las Mercedes.

Ahora, los jueces Abel Sánchez Torres, José María Pérez Villalobo y Carlos Lascan dieron curso al pedido María de las Mercedes Moreno para que continúe la investigación que al matrimonio formado por Osvaldo Roger Agüero y la asistente social Laura Caligaris; así como al médico Vicente Antonio Spitale que les firmó el certificado falso de nacimiento. La misma solicitud había sido presentada por el fiscal Pablo Parenti, a cargo de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Parenti destacó la importancia del fallo que considera que la apropiación de niños durante la última dictadura es “un crimen contra la humanidad” y, por ende, imprescriptible.

La investigación también alcanza al ex Jefe del 3° Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez; el ex general Alberto Carlos Lucena; el ex miembro del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada Jorge González Navarro; el ex Jefe de la División Inteligencia Héctor Hugo Lorenzo Chilo; el ex general Jorge Eduardo Gorleri, y el ex subjefe de policía provincial Roberto Villagra, procesados como autores mediatos del delito de alteración del estado civil.

Por unanimidad, los jueces de la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba revirtieron la decisión de la Justicia que en primera instancia dejaba fuera del alcance de la Justicia penal a las 13 personas que aparecen involucradas en este caso por los delitos de apropiación,  violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, falso testimonio, y vejación o apremios ilegales.