Infojus Noticias

La Sala II de la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de tres hombres y una mujer acusados de trata con fines de explotación laboral en dos talleres clandestinos que funcionaban en el barrio de Pompeya, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y determinaron la prisión preventiva para tres de ellos. Según confirmaron a Infojus Noticias desde el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal 8, en la causa se encuentra procesado otro hombre, acusado de ser quien reclutaba a los trabajadores en Bolivia.

La investigación llegó al juzgado que tiene a su cargo Marcelo Martínez de Giorgi luego de que uno de los trabajadores sometidos en un taller, ubicado en las intersecciones de José Barros Pazos (continuación de Darac) y Mom, en Pompeya, lograra escapar e hiciera la denuncia ante la Policía Metropolitana. El relato del hombre fue certero: dio direcciones de dos lugares en los que mantenían encerrados a otros compañeros de origen boliviano y señaló a los responsables.

Martínez de Giorgi ordenó los allanamientos en las direcciones que indicara el denunciante. En una de ellas, se secuestraron “gran cantidad de telas, máquinas de coser y distintos elementos de costura”. Además, identificaron a los encargados de los dos talleres (se trata de padre e hijo) y a la mujer de uno de ellos, también en conocimiento de lo que sucedía en esos lugares.

El juez remarcó que el denunciante, al explicar la situación de los trabajadores, expresó que a partir de la muerte de los hermanos Mur Menchaca en el incendio de un taller de Flores, la situación en el taller de Pompeya cambió. “Desde ese momento, dijo que los encerraron y no les permitían salir para nada”, explicó el magistrado.

En el marco de la investigación, también lograron determinar quién era el empresario que dirigía la producción de los talleres, que fue detenido y procesado aunque se le otorgó la excarcelación porque la Justicia entendió que no había peligro de fuga ni de que interfiera en la investigación.

El cuarto procesado en la causa es un hombre que, por testimonio de las víctimas, se pudo comprobar que, mediante la falsa promesa de un sueldo mensual de 500 dólares, captaba a los migrantes para después someterlos a una situación de explotación laboral y hacinamiento.

Durante la investigación, se pudo saber que las prendas que confeccionaban en esos talleres eran uniformes de la Policía Bonaerense que eran comercializados en un local de La Plata. Martínez de Giorgi confirmó que el local fue clausurado y se confiscaron las prendas, a pesar de que el comerciante no tenía relación con la red que reducía a la servidumbre a los trabajadores.

Según entendieron tanto el juez como la Cámara, los acusados “han desplegado mecanismos de captación, traslado y acogimiento o recepción que consistieron en haber ofrecido y brindado trabajo y alojamiento a los damnificados aprovechándose del contexto económico altamente desfavorable en el que se hallaban, para consumar la finalidad de explotación laboral en los talleres textiles de los cuales eran sus titulares responsables”. Sobre la base de esos argumentos, la Justicia confirmó los procesamientos.

JC/LL