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Lejos del esplendor de antaño, cuando dirigía con autoridad la división Planes del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, Eduardo Eleuterio Ascheri prefirió, tanto tiempo después, un cerrado silencio: se sentó ante la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, y se negó a declarar sobre su supuesta participación en el secuestro y la desaparición de 105 militantes montoneros que volvieron al país entre 1979 y 1980. Ascheri salió del juzgado federal 2 sin escalas para su casa, con una diferencia sustancial a la que había llegado un rato antes: ahora está preso con prisión domiciliaria.

El expediente judicial iniciado el 19 de febrero investiga las circunstancias en las que fueron detenidos ilegalmente los militantes que volvieron del exilio en la operación guerrillera conocida como la Contraofensiva Montonera, que intentaba golpear a una dictadura militar que interpretaban en franco repliegue. Muchos de ellos, detenidos en las fronteras entrando o saliendo del país, y trasladados a la guarnición militar de Campo de Mayo.

En las actas que procesó y publicó la semana pasada el Ministerio de Defensa hay detalles sobre las dos estructuras que se encargaron de cazar a los guerrilleros: el Batallón de Inteligencia 601, y la SOE (Sección de Operaciones Especiales) del Comando de Institutos Militares. Entre los 105 casos que indagará, la causa incluye los asesinatos de Armando Croatto y Horacio Mendizábal, de la conducción montonera, en una cita envenenada en Munro.

Ascheri es el séptimo militar –de un total de trece imputados- que queda detenido en su propia casa tras su declaración indagatoria. Las querellas prevén que la jueza Vence decida su situación procesal los primeros días de mayo. “El 20 y el 21 de abril va a tomar las últimas declaraciones indagatorias, y luego se va a tomar los diez días hábiles para dictar o no sus procesamientos”, dijo a Infojus Noticias Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes.

Otros cinco oficiales y suboficiales que se desempeñaron en organismos de Inteligencia también se negaron a declarar. Entre ellos, Ricardo Pianta, el ex jefe del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín y jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares; Raúl Muñoz, el ex intendente interventor de Florencio Varela y jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982; Jorge Eligio Bano, ex jefe de la división Operaciones del Departamento de Inteligencia del Comando Instituto Militares durante la última dictadura.

Todos quedaron con arresto domiciliario luego de aportar a las indagatorias un certificado médico en el que se consignaba supuestas imposibilidades de estar en cárceles comunes. Por eso –el estado de salud- y por ser mayores de setenta años, la jueza Vence los benefició con arrestos hogareños, a pesar de que la querella no está de acuerdo. “El Código no habla de una obligatoriedad de enviar a sus casas a los mayores de 70 años. Y por la gravedad de los delitos que se les imputan, creemos que es demasiada apresurada esa decisión”, explicó Llonto. El querellante solicitó –sin eco del juzgado- que los ex militares también sean revisados por peritos de la Corte y especialistas de las partes. “Ya hemos visto en otras causas que esos certificados son hechos a medida”, agregó.

El único de los siete indagados que dio explicaciones fue Roberto Dambrosi, el ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601 entre 1979 y 1980. “Negó su participación diciendo que  trabajaba en inteligencia pero sólo se dedicaba a recortar los diarios, que no tuvo nada que ver en los secuestros”, contó Llonto.

El único de los militares imputados que está en actividad, Marcelo Cinto Courtaux, pidió la postergación de su declaración para el 21 de abril. La jueza federal se lo concedió. Los familiares de las víctimas, piden que la investigación –que hasta el momento apunta a las cúpulas de Inteligencia- se amplíe a todos los cuadros operativos que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a los guerrilleros que volvían del exilio.