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Javier Rodríguez, de 20 años, fue la primera víctima fatal de los hechos de violencia que desataron las protestas policiales en el interior del país. La noche del 3 de diciembre de 2013, en el barrio Deán Funes de la capital cordobesa, una bala de plomo calibre 9 mm le entró por la espalda y le salió por el pecho. Un amigo suyo, Eduardo Bustamante, fue herido de tres disparos. “Pedimos Justicia por la forma en la que lo mataron, hasta ahora no hay ningún responsable y nosotros pensamos que fue la policía”, dijo Ricardo, hermano del joven asesinado, al encabezar una marcha el lunes pasado. A más de un mes del crimen, la causa no tiene imputados ni sospechosos.

Un centenar de vecinos del barrio Ciudad Evita, donde vivía el joven asesinado, partieron el lunes a las 19 desde la escena del crimen -el descampado de Deán Funes- hasta el Arco de Córdoba, sobre la avenida Sabattini. La madre de Javier, Sandra Carrizo, se ubicó detrás de una bandera que decía “Justicia X Javi”. La acompañaban algunos de sus hijos y una decena de amigos. "La Policía lo mató como un perro", dijo Sandra.

“Pasó un mes y todavía no sabemos nada, nos dicen que están investigando pero no sabemos nada”, contó Ricardo, hermano de Javier. La causa judicial avanzó poco en este mes y medio. Eduardo Bustamante declaró dos veces en calidad de testigo. La primera vez, a pocos días del crimen, lo hizo en la Jefatura de Policía. Ningún funcionario judicial estuvo presente en el acto. Antes de comenzar la testimonial, un agente le dijo: “Vos y yo sabemos que no fue la policía”. Un rato más tarde entró otro uniformado, tiró un bolso en la mesa, frente al joven y su madre y gritó: “Habría que haberlos matado a todos o dejarlos paralíticos para que no puedan ni moverse”.

Eduardo no se sintió amenazado. Durante varias horas contó lo que pasó aquella noche y acusó a la policía de haber matado a su amigo. Omitió un dato: que había un tercer joven con ellos, Johnatan Olmedo. Semanas después, en la ampliación de su declaración, dijo que evitó nombrarlo por miedo.

La noche del 3 de diciembre, al enterarse de los saqueos, los tres amigos partieron en moto hacia uno de los supermercados que estaba siendo atacado. Manejaba Johnatan, Eduardo iba en el medio y atrás, Javier. Una cuadra y media antes de llegar vieron decenas de personas que corrían cargando mercadería. “Llegó la yuta”, gritaron algunos. Antes de dar media vuelta para escapar, Eduardo alcanzó a ver a unas cinco personas apuntando hacia la multitud. Vestían pantalones azules de combate. Después, los disparos. Javier recibió un tiro en la espalda que le salió por el pecho y se clavó en el cuerpo de Eduardo, cerca del pulmón. Otras dos balas le dieron a Eduardo en la pierna izquierda. Los tres amigos avanzaron unos veinte metros. Javier cayó de la moto, ya inconsciente. Entre Eduardo y Johnatan lo cargaron de nuevo en la moto y lo llevaron al dispensario, donde llegó muerto.

En la escena del crimen, cerca de una de las esquinas, quedaron las vainas servidas, eran calibre 9 mm. El trabajo en el lugar recién se hizo varios días después. La fiscal Adriana Abad, a cargo de la causa, envió a un grupo de Homicidios de la Policía de Córdoba a pesar de que unas horas antes, en su declaración, Eduardo había contado que a su amigo lo había matado un grupo de uniformados. Los cuatro agentes de Homicidios, vestidos de civil, llegaron en una camioneta blanca con vidrios polarizados.

La causa no avanzó. A un mes y medio no hay sospechosos individualizados. Tampoco se hicieron pericias balísticas: los únicos dos plomos que hay están alojados en el cuerpo de Eduardo. Allí permanecerán hasta que la Justicia ordene la extracción. Mientras tanto, los familiares, vecinos y amigos de Javier reclaman justicia.