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La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó juzgar a la compañía Mercedes Benz por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina durante la última dictadura cívico militar. La decisión del máximo tribunal de justicia estadounidense cerró las puertas de la justicia local a los familiares de los 14 trabajadores de la planta de Mercedes Benz en González Catán y a dos de los tres sobrevivientes (uno de ellos murió hace pocos meses). Las víctimas del terrorismo de Estado insistían con una demanda civil contra Daimler AG, la multinacional a la que responde la automotriz. Pero para la corte estadounidense la compañía no puede ser juzgada allí por crímenes de lesa humanidad cometidos en otro país.

“Daimler no es susceptible de ser sometida a juicio en California por daños supuestamente causados por conductas de MB (Mercedes Benz) Argentina que tuvieron lugar enteramente fuera de Estados Unidos”, respondió el máximo tribunal.
Gabriela Weber, la periodista que investigó la complicidad de la filial argentina de Mercedes Benz con la dictadura cívico militar, calificó de "cínico" el fallo. "Si un fondo de inversión con sede en las Islas Caimán abre un juicio contra el Estado argentino ante un tribunal de EE.UU. por el pago de la deuda externa y tasas de interés de usura, la justicia estadounidense es competente. Pero si una multinacional participa en la tortura y el asesinato de sus sindicalistas y en el robo de bebés, la Corte prohíbe la apertura de las investigaciones", señaló desde su sitio web.

En diálogo con la agencia Télam, la periodista cuestionó al máximo tribunal estadounidense por "dar un giro de 180 grados" con relación a la última audiencia, realizada en octubre para escuchar a las partes, en la que "decían no había ningún artículo en la Constitución que prohibiera a los jueces abrir una causa". Weber remarcó tramos del fallo en los que la Corte fijó su posición en favor de la casa matriz, como el que señala que "no se puede aplicar jurisdicción general sobre sucursales (porque) puede sacarle el correaje a los inversores" y más adelante sostiene que el tribunal del estado de California "no tiene en cuenta los riesgos si expandimos la jurisdicción en general".

Esta era la última instancia que los demandantes tenían para que la responsabilidad de Daimler fuera analizada por la justicia de Estados Unidos. La demanda civil por daños y perjuicios "Daimler AG v Barbara Bauman" se inició en 2004 y llegó al máximo tribunal de los Estados Unidos en octubre pasado, luego de que fuera rechazada en dos instancias previas, la última en el 2009. Derivaron en que la Corte de Apelaciones del noveno circuito de California se pronunciara al año siguiente por la anulación de esos fallos y por la competencia, además de rechazar las apelaciones de Daimler.

Los familiares querellantes recurrieron a la Corte estadounidense bajo la figura de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que establece la posibilidad de demandar en territorio de los Estados Unidos a personas o corporaciones que hayan violado leyes federales allí o en países con los que tiene tratados celebrados, como la Argentina. A la automotriz, también se la acusa por la apropiación de tres niños y la sustitución de identidad de Paula Logares, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.

En Alemania también se inició un proceso judicial contra la firma, desestimado bajo un argumento similar al utilizado por el dictador Jorge Rafael Videla (inexistencia de delito por no encontrarse los cuerpos de los desaparecidos). En la Argentina la causa por secuestros y torturas a 17 trabajadores, fue iniciada por Weber en 2002 en el juzgado de Daniel Rafecas, hasta que en 2006, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, parte del expediente pasó al juzgado federal de San Martín a cargo de Alicia Vence, sin que hasta el momento existan procesados ni detenidos.