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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de una ley para la reforma del Sistema de Inteligencia argentino, la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Lo hizo a través de cadena nacional que se extendió durante una hora.

Según el proyecto, la Agenica estará en la órbita del Ejecutivo, pero los funcionarios que la comanden, un director nacional y un subdirector tendrán que tener acuerdo del Senado. 

"Esto es un deuda de la democracia desde el año 1983. Me toca a mí reformar", dijo durante el anuncio en el que repasó las reformas que plantea esta iniciativa. Para la discusión del proyecto llamará a sesiones extraordinarias para el 1 de febrero. "Yo no les tengo miedo. Que digan lo que quieran, pero no me van a hacer mover un centímetro. De ninguna manera puede tenerse sitiada a la Democracia con el miedo”, afirmó.

La presidenta explicó que en el proyecto también se establece "la transferencia al Ministerio Público Fiscal del Sistema de Observaciones Judiciales, el sistema OJOTA de escuchas telefónicas que ordena la Justicia y que ahora está en el ámbito del Poder Ejecutivo". "El Ministerio Público Fiscal es el único sistema extra poder que no depende ni del Ejecutivo, ni del Poder judicial, por eso este cambio", dijo.

En ese sentido, se contemplarán penalidades de 3 a 10 años  a todo el que intercepte conversaciones telefónicas o de cualquier otro tipo. También serán penados los funcionarios que tomen contacto con los servicios de inteligencia por fuera de las dos autoridades de la Agencia.

La ley fijará un marco para que lleven sus actividades y que deberán adecuarse a la Constitución Nacional y a toda ley de Derechos Humanos. Se crean bancos de protección de datos y archivos. Se garantizará su protección legal.

Antes, Fernández de Kirchner repasó el compromiso del gobierno para combatir la impunidad de los actos del terrorismo de Estado y los dos atentados del terrorismo internacional (la voladura de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA).  “Nadie puede dudar de lo que pusimos para que esta causa saliera adelante. El mismo empeño que pusimos contra el terrorismo de Estado”, dijo la jefa de Estado.

“En conjunto con el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo pudieron derogarse las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos. Así hoy llegamos a 16 juicios de lesa humanidad, 558 condenados y más de 900 procesados. Sin embargo, de los dos atentados no hay ni un solo condenado, ni siquiera un solo detenido”, expresó.

La designación de Nisman

La presidenta leyó la resolución 84/04 del Ministerio Público Fiscal que creó en 2004 la Unidad Especial de investigación AMIA que tuvo al frente al fallecido fiscal Alberto Nisman. "La designación de Nisman de ninguna manera en ningún momento dependió del Poder Ejecutivo", aclaró.

También habló sobre la denuncia del fiscal fallecido y el escrito en el que describía “plan delictivo” para dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados por el atentado de la AMIA. Toda la primera parte de la denuncia se centra en los pedidos de captura de máxima prioridad para Interpol que tienen 5 de los 8 imputados de origen iraní por el atentado. “Las alertas rojas únicamente podían ser levantadas por el mismo juez”, explicó Fernández de Kirchner.

Sobre la muerte del fiscal, la presidenta contó que se enteró a las 00.30 del lunes pasado a través de un llamado de la Ministra de Seguridad de la Nación. “Tengo que informarle que ha sucedido un incidente en el departamento del fiscal Nisman”, le dijo. Y aportó información sobre Diego Lagomarsino, acusado de haberle entregado el arma al fiscal. “Es el hermano de un importante ejecutivo del estudio Saénz Valiente socio del Grupo Clarín”, dijo. También contó que Lagomarsino tramitó su pasaporte el último 14 de enero, el mismo día que Nisman presentó su denuncia.

“Esta persona además es un feroz opositor al gobierno, que tiene su derecho. Esos insultos, agravios, están dirigidos a la persona de la Presidenta de la República. Es la persona que le provee el arma, y la última que entra al departamento", dijo.

“Es una oportunidad para esclarecer la muerte del fiscal “, dijo la primera mandataria. Y citó el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra en 2010. "La justicia tiene un gran desafío como cuando ocurrió lo de Mariano Ferreyra", expresó la presidenta.