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La Legislatura porteña aprobó hoy un pedido de informe al Ejecutivo de la Ciudad para conocer si funcionaba un taller textil clandestino en la casona de Páez 2796 donde murieron dos nenes atrapados en un incendio. La resolución unifica los pedidos que habían presentado los diputados José Cruz Campagnoli, Gabriela Cerruti, Claudia Neira, Jorge "Quito" Aragón, Gustavo Vera, Maximiliano Ferraro, Lorena Pokoik y Jorge Taiana. "Cuando se trata de talleres textiles, sugestivamente fallan todos los controles; y eso no sucede por casualidad o por equivocación, sino que es el resultado de una política de vaciamiento", dijo la legisladora del Frente para la Victoria, Claudia Neira.

En la sesión ordinaria que hoy se realizó en la Legislatura, Neira reiteró el pedido de información al Ejecutivo sobre el trabajo de inspección y control que realiza la Dirección General de Protección del Trabajo. "La inspección laboral en la Ciudad es un 'descontrol' absoluto, en el pleno sentido del término", denunció allí. Según la diputada, “la Dirección General del Trabajo no cuenta con el personal necesario para llevar adelante las inspecciones. En el año 2013, según surge de un informe de la Auditoría, se realizaron un 25% de las inspecciones programadas".

De acuerdo al informe aprobado hoy, el Ejecutivo porteño tiene treinta días para responder. Entre otros aspectos, deberá informar “cuál es la política diseñada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las innumerables denuncias de talleres clandestinos” y “si se han iniciado las actuaciones sumariales correspondientes a fin de investigar hechos y deslindar cualquier responsabilidad administrativa”.

El pedido de los diputados a la gestión macrista fue aprobada en coincidencia con la decisión del juez de instrucción Manuel Gorostiaga de remitir al fuero federal la causa en la que se investiga el fallecimiento de los dos niños, al determinar que esas muertes fueron "consecuencia del delito de trata de personas".

Puntualmente, la solicitud de los legisladores indaga sobre si el Ejecutivo "ha tomado conocimiento durante los últimos cinco años respecto de la existencia en dicho domicilio de un taller textil clandestino o de la posible comisión del delito de trata de personas, por parte de los vecinos, de organizaciones sociales o de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas".

Sin embargo, la orden del día no estuvo exenta de escándalos. Afuera quedó el pedido de interpelación al jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, y el titular de la Asociación Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión,entre otros funcionarios del gobierno porteño, que habían elevado los legisladores Gustavo Vera y Marcelo Ramal. Sí se incluyó, en cambio, la declaración de Susana Giménez como “personalidad destacada de la cultura”.

“Estamos ante un escándalo moral total de la Legislatura, porque resisten una interpelación ante la muerte de dos chicos en un taller esclavo denunciado siete meses antes (del incendio en el que murieron) y que el gobierno de la ciudad reconoció no haber inspeccionado ante la Procuraduría anti trata”, dijo Lucas Schaerer, vocero de La Alameda.

El legislador del Frente para la Victoria Gabriel Fuks sostuvo que se espera que "dentro de los 30 días ese tema esté respondido”, y agregó que “hay que ampliar este debate sobre lo que está pasando con el control en la Ciudad” en referencia a la posibilidad de citar a ambos funcionarios, algo que no fue debatido en la sesión ordinaria y quedó para su discusión en la semana próxima.

El legislador José Cruz Campagnoli, por su parte, respaldó la interpelación de los funcionarios macristas e instó a sus pares a acompañar la convocatoria al sostener que “este recinto tiene 32 diputados opositores, esperemos que todos firmen el pedido para que en una sesión especial podamos votar la interpelación para que este tema no quede en la nada y paguen los responsables”.

AS/Télam/RA