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“No tenemos esperanza en la justicia. Bonadio archivó la causa. Ojalá paguen los que tengan que pagar”, dijo a Infojus Noticias C.V., uno de los mil pacientes hemofílicos contagiados con HIV y Hepatitis C hace veinte años. Tiene 51 años y perdió a varios amigos en esas dos décadas. Todos ellos fueron contagiados en la Fundación de la Hemofilia, el lugar que debía darles asistencia. Los responsables fueron cuatro directivos de la entidad y los titulares de los laboratorios Bayer, Gador, Inmmuno y Merieux, según detalló la querella y llenó el expediente de pruebas pero el juez federal Claudio Bonadio sobreseyó tres veces a los acusados. Las dos primeras, la Cámara Federal porteña le revocó la decisión y le ordenó reactivar la causa. La tercera casi fue la vencida pero hubo un fallo dividido y el caso llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal, que desde 2012 está analizando el expediente. Esta es una de las 10 denuncias por mal desempeño investigadas por el Consejo de la Magistratura.

En la denuncia que dio origen a la causa se detalló que los laboratorios Bayer, Gador, Inmmuno y Merieux sabían, al igual que los médicos de la Fundación de la Hemofilia, que los factores que recibían de Estados Unidos, Japón y Francia no tenían el método de inactivación viral. Y señaló que desde 1984 varios países utilizaban un producto más seguro que el que se les suministró a los pacientes argentinos, a quienes se les ocultó durante por lo menos tres años que habían sido infectados.     

La vida de C.V. cambió definitivamente en 1984. Ese año fue uno de los contagiados en la Fundación de la Hemofilia, a donde fue a que le dieran, por vía intravenosa, el factor de coagulación que faltaba de nacimiento. Según el caso, el factor es VIII o IX. Ambos habían llegado contaminados con HIV y Hepatitis C desde el Instituto Merieux, en Francia. De allí salieron las 55 millones de unidades que llegaron a Europa y Latinoamérica y –según las estadísticas de la Fundación- se aplicaron en 211 pacientes las que tenían HIV y en más de 800 las que tenían Hepatitis C.

“Pero esos números son según las estadísticas de ellos, que fueron los que administraron el tratamiento sabiendo que las partidas estaban contaminadas porque había advertencias internacionales –hechas por la Fundación Mundial de la Hemofilia- desde 1983. Es decir, que el número seguramente es mayor. Es como ir a preguntarle a los militares cuántos desapariciones hicieron”, señaló el abogado querellante Gonzalo Giadone a esta agencia. Él es quien impulsó la causa que iniciaron 13 pacientes hemofílicos pero varios de ellos murieron en los últimos años.

En 1987, C.V. se enteró de que había sido contagiado. Para ese momento había contagiado a su mujer, con la que había tenido su primer hijo y estaba embarazada del segundo hijo. Pero ambos se negativizaron. “Tuvimos suerte”, dijo C.V, quien después de varios años de batallar en los tribunales federales inició una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado nacional por denegación de justicia.

“En la causa quedó claro que los médicos sabían que las partidas estaban contaminadas pero el afán de lucro fue más poderoso. Son responsables de un contagio doloso, envenenamiento y tráfico de medicamentos peligrosos para la salud”, sostuvo Giadone, quien participó de la denuncia ante la CIDH.

La Fundación de la Hemofilia fue creada bajo el ala de la Academia Nacional de Medicina, donde también eran directivos los acusados. Los casos de hemofílicos contagiados por factores infectados se repitieron en otros países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Portugal. En Francia hubo un juicio por la infección de 1.200 hemofílicos que terminó con la prisión de tres directivos del Centro Nacional de Transfusiones (CNTS).

La maniobra Bonadio

Pero en Argentina, la Fundación desarrolló su propio juego. Según denunció Giadone, “le hicieron firmar una nota a los pacientes con hemofilia para que desistieran de la acción penal a cambio de darles tratamiento médico y eso consta en la causa porque está el texto”. Esa nota fue fechada en 2003 y un año más tarde, la Fundación los impulsó a presentar una acción de clase en Estados Unidos contra los laboratorios señalados de circular los factores contaminados. “Incluso les puso el estudio de abogados”, agregó Giadone al detallar las maniobras para distraerlos de la causa judicial en los tribunales federales.

“Hasta el día de hoy los siguen atemorizando y  por eso muchos pacientes no quieren hablar. Porque allí era el único lugar dónde se podían tratar. Desde hace unos años el PAMI habilitó al Hospital Francés para el tratamiento pero hasta ese momento la Fundación tenía al monopolio”, indicó el abogado.

La causa judicial comenzó en 2005 y en 2006 recayó en manos de Bonadio. En septiembre de 2007,  los peritos del Cuerpo Médico Forense dieron sus conclusiones sobre los factores de coagulación analizados: detectaron el virus de la  remitió el dictamen pericial con las conclusiones: detectaron el virus de la Hepatitis C y señalaron que no se detectó HIV pero que eso podría ser por el tiempo transcurrido y el modo de conservación de las muestras.

Para ese momento, la querella venía insistiéndole al juez para que le tomara declaración indagatoria al director de la Fundación, Pedro Pérez Bianco; y a su asesor, Miguel de Tezanos Pinto. Esa medida se tomó recién en mayo de 2009 y los imputados negaron las acusaciones.

Tres meses después, el 28 de agosto, Bonadio sobreseyó a los acusados.  “Corresponde dilucidar si los imputados aplicaron los factores de la sangre con conocimiento de que se estaba propagando una enfermedad.  La respuesta a ese interrogante es negativo”, definió el juez y reconoció allí que la Fundación Mundial de la Hemofilia había hecho la advertencia en 1983 sobre el uso de esos factores de coagulación pero sin llegar a prohibirlos. Dijo, además, que no estaba científicamente probado que esos factores hubieran provocado el contagio y descartó la figura culposa del delito.

La querella apeló y señaló que Bonadio omitió analizar las pruebas aportadas y que sólo tuvo en cuenta las declaraciones de los imputados. En abril de 2010, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento. “Se estima necesario completar la instrucción antes de adoptar una decisión definitiva con respecto a la situación de los imputados”, indicaron los camaristas.

En octubre, Bonadio declaró prescripta la acción penal y la querella volvió a apelar. La Cámara dijo que no se trataba de un delito de lesa humanidad, como había planteado la querella, pero le dijo al juez que se había apresurado a tomar la decisión.

Adiós a la justicia

Finalmente, el 22 de diciembre de 2011, Bonadio logró declarar la prescripción en cada uno de los casos analizados. Y el abogado querellante volvió a apelar. El 27 de septiembre de 2012, en un fallo dividido, la Cámara confirmó la resolución dictada por Bonadío y declaró la prescripción de la acción penal en relación con los imputados. Pero tanto la querella como el fiscal de Cámara, Federico Delgado, interpusieron recurso de casación y la causa llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, donde está en análisis.

Ahora, después de poco más de quince años de tomar medicación para el virus del HIV, C.V. está con principio de cirrosis. “Con perdón de la palabra pero nos cagaron la vida”, sintetizó. La referencia es para Pérez Bianco, Tezanos Pinto y los médicos Eduardo Biedma y Eduardo Díaz. A los primeros dos los indagó Bonadio.

C.V dijo que es porque está “cansado” y “sin expectativas en que se haga justicia”. Tiene 51 años y pesa 50 kilos, doce menos que su peso normal. No habló de temor sólo de cansancio: “Una vez fuimos a hablar al despacho de Bonadio porque la causa no avanzaba y uno de los que fue conmigo ya está muerto”.