El canciller Héctor Timerman participará de la discusión sobre la creación de una nueva convención para el tratamiento de deuda de países, con el fin de frenar el accionar de los fondos buitre. Será en la sede neoyorquina de la ONU. La propuesta tiene el aval del G77 y China.
El canciller Héctor Timerman encabeza la delegación argentina que participará esta tarde en Nueva York de un debate histórico en el ámbito de Naciones Unidas, sobre la necesidad de la instauración de un nuevo marco legal para las reestructuraciones de deuda soberana.
La implementación de una Convención para el tratamiento de deuda de países es una iniciativa argentina que busca frenar la embestida de los fondos buitre, y que cuenta con el respaldo del G77 más China.
Se debatirá la propuesta y luego se votará una resolución sobre la necesidad de crear dicho marco. Se espera que el nuevo esquema esté creado en el lapso de un año.
Timerman había adelantado que Argentina presentaría su propuesta hace un par de semanas, en conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, luego de que el G77 diera su aval a la iniciativa.
El proyecto plantea que si un país reestructura su deuda, y ese plan es aceptado por el 66 por ciento de los tenedores de bonos, el otro 33 por ciento debe aceptar esas condiciones, como en cualquier proceso de reestructuración del ámbito comercial, explicó Kicillof durante la presentación.
El G77 determinó de manera unánime, a fines de agosto, elevar al ámbito de Naciones Unidas el debate sobre la deuda y la creación de una nueva Convención para el tratamiento de los pasivos de países, un tópico que históricamente había sido delegado por los países al ámbito de los organismos como el Fondo Monetario Internacional.
El caso judicial que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre en Estados Unidos fue motivo de preocupación de este Grupo, que teme que el fallo del juez Thomas Griesa tenga un impacto nocivo en otro países. Más aún si se tiene en cuenta que la deuda de países a nivel global alcanza los 75 billones de dólares.
Luego de 12 años de litigio contra estos fondos que enfrenta Argentina, y de pedidos del gobierno argentino en varios foros internacionales, incluido el G20 y el FMI, el G77 logró trasladar el debate a Naciones Unidas, argumentando el impacto económico, social, y en los derechos humanos de los países, que podría tener la réplica del fallo de Griesa.
Se trata de un grupo mayoritario de países emergentes que cada vez tiene más peso en el ámbito internacional. Por caso, los países BRICS, componen el Grupo, y también se expresaron en contra del accionar de los fondos buitre.
Se prevé que el debate sea intenso, y si bien hay cierto consenso generalizado de que hay que ponerle un freno a los fondos buitre, existen países que ponen resistencia y quieren que el Fondo Monetario Internacional (FMI) siga con el monopolio de la tarea de conducir y condicionar las reestructuraciones.
Quienes quieren llevar el tema de la deuda de países al ámbito de Naciones Unidas, argumentan que el FMI no pudo hacer nada en estos años, y que intentos de propuestas de sistemas de quiebras de países -como el de la ex del organismo, Anne Krueger-, fueron descartados por el FMI y por el gobierno de Estados Unidos.
El caso argentino podría quedar incluido en este nuevo marco legal, si bien todo depende de cuándo quede establecido y el alcance del mismo.
Todavía no se sabe qué posición tomará Estados Unidos sobre el tema, ya que hasta el momento tuvo una postura "ambivalente" sobre el tema, según definió Timerman.
El fallo de Griesa perjudica el liderazgo de la plaza financiera de Nueva York, como emisor de bonos soberanos, y ese punto ya fue considerado por el Departamento de Estado de EEUU, que alentó que la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (IMCA), por su siglas, en inglés, se apurara a cambiar normas que servirán de base para la redacción entre futuros contratos entre acreedores y países deudores.
Allí se definió el alcance del pari-passu, tratamiento igualitario a los acreedores. Se estipuló que el "emisor no tendría obligación de igualar o pagar a prorrata en cualquier momento, respecto de cualquier otra deuda externa, y en particular no tendrá la obligación de pagar otra deuda externa al mismo tiempo o ser una condición para pagar vencimientos", lo cual es exactamente lo contrario a la interpretación de Griesa.