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Esta semana se conmemoró el “Día internacional de las personas con discapacidad”, una efemérides que busca fomentar la integración y la igualdad en las sociedades. El jueves se congregó una movilización en Plaza de Mayo y en diferentes puntos del país también hubo concentraciones para visibilizar. Con el lema “la inclusión importa: acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de discapacidad”, la ONU insta a los gobernantes a que hagan ciudades inclusivas y accesibles para todos, que mejoren los datos y estadísticas sobre discapacidad y que incluyan a personas con discapacidad invisible en la sociedad. El último informe mundial sobre discapacidad publicado por la OMS y el Banco Mundial, dice que más de mil millones de personas viven en el planeta con algún tipo de discapacidad y de ellas, casi 200 millones tienen dificultades considerables en su funcionamiento diario. Infojus Noticias seleccionó seis puntos donde la justicia y los derechos humanos proponen por el respeto y la inclusión.

ADAJUS

“A partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad buscamos facilitar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Nosotros nos ponemos en contacto con sus abogados, si no lo tiene buscamos un patrocinio gratuito, y trabajamos para que la persona con discapacidad tenga una proceso con ajustes razonables. Nuestro trabajo no es exclusivamente hacer de intérpretes a personas con hipoacusia. Hace falta determinar qué calidad de inserción social tiene una persona discapacitada para poder comprender un proceso judicial. Si comprenden sus propios actos”, explicó a Infojus Noticias Mabel  Remón, titular de ADAJUS, el programa nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia.

Cartilla de derechos

La cartilla Derechos de las Personas con Discapacidad fue elaborada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, con apoyo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF); el Ministerio Público de la Defensa, y el Programa Nacional de Asistencia para las personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS). Se presentó en agosto para ser entregada a las personas en el momento de iniciar o renovar el trámite para obtener el Certificado de Discapacidad. Está en braile, grabada en video en lengua de señas y se puede acceder a ella a través del código QR. http://www.jus.gob.ar/media/2901519/cartilla_de_informaci_n_y_accesibilidad_a_los_derechos_de_las_personas_con_discapacidad.pdf

Sin incapacidad jurídica

“El nuevo Código Civil y Comercial plantea un cambio de paradigma en materia de discapacidad. Ya no existe la incapacidad jurídica, como antes. Es el juez quien garantiza y determina la calidad de apoyo que debe recibir la persona con discapacidad. En materia de derechos y garantías, el cambio de paradigma es tremendo, porque ahora la persona puede decidir por sí misma con las medidas de apoyo adecuada”, dijo Remón.

Internación involuntaria

El nuevo Código Civil y Comercial habla de la internación involuntaria en el artículo 41 e implica un avance respecto de la vieja regulación, que posibilitaba casos de internaciones arbitrarias en instituciones psiquiátricas como por ejemplo el alojamiento forzoso del “demente” que afectase “la tranquilidad pública”. Tampoco se garantizaba adecuadamente el derecho a una audiencia judicial, en un plazo razonable, el derecho a ser representado por un defensor que respetara fielmente la voluntad ni el derecho a la revisión periódica de las decisiones acerca de la internación.

La nueva Ley Nacional de Salud Mental encuadró la internación forzosa como una medida para resguardar el derecho a la salud pero, al mismo tiempo, como una restricción de la libertad ambulatoria, de conformidad con lo establecido desde hace tiempo en el derecho internacional de los derechos humanos.

Salud mental y el derecho a ser oído

Hoy la Defensa Pública debe asegurar el derecho de la persona a ser oída, garantía básica inherente al debido proceso; brindando el servicio a través de una defensa técnica de la persona, en su calidad de sujeto de derecho, de forma gratuita. Además, la defensa debe ejercerse siguiendo la voluntad de la persona asistida jurídicamente, sin conflicto de intereses, sin injerencia indebida y sin responder a intereses contrapuestos o genéricos que aparten la defensa de los intereses individuales del sujeto. El defensor deberá además facilitar a la persona el goce del derecho al recurso judicial contra decisiones que no comparta, vinculadas al tratamiento o la internación.

Pensión, jubilación y licencia

La Pensión no contributiva por discapacidad es un beneficio para las personas que tienen incapacidad de 76 % por lo menos que les impide trabajar, que no tienen recursos económicos suficientes ni familiares que puedan hacerse cargo de sus gastos. Se trata de un ingreso mensual y el acceso al Programa Federal “Incluir Salud”, que brinda cobertura de salud. La Jubilación anticipada establece la persona con discapacidad que haya trabajado por lo menos durante 20 años y tenga 45 o 50 años de edad (según trabaje en relación de dependencia o en forma autónoma), puede solicitar su jubilación. También quien tenga 20 años de trabajo y/o 45 de edad y adquiera ceguera. Licencia especial, a consecuencia del nacimiento de un hijo con Síndrome de Down: la Ley 24.716 dispone que la madre tiene derecho a solicitar, finalizada la licencia por maternidad, su extensión por un plazo de 6 meses más, con goce de sueldo. Entre otros requisitos, es necesario el certificado médico original en el que conste el diagnóstico del hijo.

MM/PW