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Los abogados querellantes se sorprendieron semanas atrás cuando en pleno juicio, una mujer se les acercó y les tomó una fotografía. Esa mujer que siempre había estado detrás del vidrio, que separa a los imputados, era Ana Maggi, esposa del imputado Ernesto “Nabo” Barreiro. Esta semana el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba que juzga los delitos de lesa humanidad en La Perla decidirá si acepta la queja presentada por el abogado querellante Miguel Cevallos contra Maggi, quien se acreditó como periodista en el juicio que juzga a su marido por ser el jefe de los torturadores en el centro clandestino. El de Maggi no es el único caso, en otros juicios hubo situaciones similares.

La acreditación de Maggi fue a través de la AM 1300 Radio Identidad de Buenos Aires, emisora porteña que según Cevallos sería clandestina y que además pertenecería a militares.

“Estaríamos ante el absurdo de que se habría acreditado a un periodista de un medio clandestino. No es normal y no corresponde que la esposa del imputado Barreiro esté sacando fotos y cumpla el rol de periodista”, agregó el letrado en un informe al tribunal.

El marido de Maggi se jacta de su ideología nazi. Sus víctimas lo describieron como un verdugo feroz, como un ideólogo de la máquina de matar y un perverso. “Su método consistía en torturar de distintas formas: dolor, aislamiento, inmovilidad, el no ver ni poder hablar y estar un ambiente donde se escuchan los gritos de dolor. Ellos hablaban de círculos mediatos e inmediatos para conseguir información”, recordó el sobreviviente Piero Di Monti. En abril de 1987, Barreiro fue arrestado por los delitos vinculados al Terrorismo de Estado y fue dado de baja del Ejército. 

Una de las amigas de Maggi es la ultraderechista Cecilia Pando. Juntas militan en la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. En agosto de 2008, cuatro militares recibieron duras condenas en un juicio de lesa en Corrientes. Minutos después de la sentencia, Pando le gritó al entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde: "Sos una mierda, un hijo de puta. Te voy a matar con mis propias manos".

En el primer juicio de lesa en Rosario, en agosto de 2009, Liliana Edith Isidori,esposa del exmilitar condenado Juan Daniel Amelong intentó hacer una movilización en contra del juicio. “Había unas diez mil personas apoyando y ellos eran pocos. Habían llevado carteles y hacer una volanteada pero se tuvieron que ir”, contó a Infojus Noticias Juan Evaso de HIJOS Rosario. La mujer está articulada con Cecilia Pando y años atrás pidió en una carta pública “cerrar una etapa triste de nuestra historia”, como negativa a los juicios de lesa humanidad.

“Cada tanto aparece algún familiar de los represores, pero no hay mucho margen para hacer bravuconadas”, agregó Evaso. En el juicio que se desarrolla ahora en Rosario, un expolicía empezó a los gritos contra el sobreviviente Carlos Pérez Rizzo que estaba declarando. Le dijo terrorista y subversivo. Los jueces suspendieron la audiencia y el hijo de Rizzo se descompuso.

En febrero comenzó el juicio de jueces en Mendoza y en la primera audiencia familiares de los detenidos sacaron fotos a las querellas y a integrantes de HIJOS. Los jueces advirtieron la situación y prohibieron que se repitiese. “Tienen ganas de molestar por esa bronca de tener a sus familiares sentados en el banquillo”, dijo a Infojus Noticias Belén Baigorria de la Comisión Hermanos de Mendoza. En otra de las audiencias estudiantes de diseño gráficos fueron a ilustrar y los mismos familiares los intimaron al punto de que los estudiantes se fueron de la sala. “Hemos tenido reuniones para ver cómo tratamos estos temas. Nosotros nos vamos a portar como nos hemos portado toda la vida, en calma y pidiendo justicia”, agregó Belén.  

En la megacausa de Tucumán, el año pasado la hija del expolicía imputado Antonio Esteban Vercellone, quien formó parte del servicio de información de la policía tucumana, insultaba y agredía a los familiares cada vez que podía. Una vez pasó por un pasillo del tribunal y le dio una patada a una periodista acreditada en el juicio.  

“En la calle pusieron una chata con un cartel que tenía mi nombre escrito. Fue una intimidación directa”, dijo a Infojus Noticias la abogada de derechos humanos Laura Figueroa, que reclamaba atención sanitaria para los querellantes. “También me pintaron el vidrio del auto con lapiz labial y escribieron ´ojo´”, agregó Figueroa. Durante el juicio el tribunal decidió que las entradas para querellantes y familiares de los imputados sean por distintos accesos para evitar cruces. Pero como incluso dentro de la sala había discusión entre las partes, los jueces optaron por instalar una columna de gendarmes para separarlos.