Un hombre está en contra de que los dueños de automóviles paguen seguros contra terceros y por eso demandó al Poder Ejecutivo. La demanda fue desestimada.
Georg Nicolaevici Miciu inició una causa dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se declarara la inconstitucionalidad de la ley que obliga a los titulares de todo automotor, acoplado o semiacoplado a contratar un seguro que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no. El juez federal de primera instancia de la localidad de Zapala desestimó la demanda y el pasado 17 de abril la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó esa sentencia.
En su planteo, Miciu manifestó que la imposición de contratar un seguro “importa una verdadera objeción de conciencia”. Los jueces desestimaron su argumentación ya que si bien el objetor está autorizado a desobedecer la ley en virtud de un imperativo ético (religioso o no), su conducta no debe afectar el derecho de otras personas, ni aspectos del bien común.
El magistrado Fernando Gallego señaló que – en el caso de los accidentes de automotores- la protección de las víctimas se convierte en la finalidad y justificación de la obligación de contratar un seguro. En tanto, el juez Mariano Lozano, agregó que la demanda no encontraba justificación alguna, ya que el hombre siquiera tenía un automóvil por el que tuviera que abonar el mencionado seguro: “no existe caso que deba ser dilucidado, ni interés en obtener dicho pronunciamiento judicial”, aseveró.