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La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó una denuncia penal contra el Grupo Editorial Estrada por lavado de dinero, administración fraudulenta y evasión tributaria. La oficina que encabeza el fiscal Carlos Gonella analizó las operatorias de la compañía editorial a partir de las menciones del ex vicepresidente de la filial local del JP Morgan, Hernán Arbizu.

El bancario se autodenunció para evitar su extradición a los Estados Unidos, donde intentan enjuiciarlo. Arbizu apuntó en 2008 contra 469 empresas y personalidades a los que su banco asistió para montar un sistema de fuga de divisas al exterior, de lavado de activos y de reingreso de algunos fondos. Una de las empresas que había enumerado y de la cual aportó información, es el Grupo Estrada.

La Procelac detectó tres clases de operaciones fraudulentas de la empresa, que evidenciaron “una compleja trama de delincuencia financiera”. En las operatorias están implicados también los bancos Patagonia y Merril Lynch. Desde 2005, la empresa habría utilizado fondos depositados en guaridas fiscales en el exterior como cartas de crédito para garantizar préstamos de bancos en jurisdicción nacional. Esa práctica se extendió en el tiempo, y abarcó al menos once préstamos de JP Morgan Chase de Nueva York y Meril Lynch de Londres.

Ángel Estrada y Cía S.A. protagonizó la segunda maniobra, en 2007. Se endeudó en más de diez millones de dólares con el JP Morgan. El banco le cedió la deuda al accionista Fernando Soler, que capitalizó la deuda y aumentó su participación accionaria del 52 al 87 por ciento. Soler condonó los intereses de la deuda. Toda la operatoria resulta sospechosa, y con posibles mecanismos de lavado: desde el ingreso de divisas de origen desconocido hasta la condonación de los intereses hay detalles que no dejan de generar interrogantes.

Editorial Estrada S.A. fue vendida al grupo inglés Macmillian Publishers Holding Limited por casi 14,5 millones de dólares. Su deuda había sido saneada por las operatorias anteriores, y Arbizu declaró que la venta había sido pactada por 25 millones, lo que arroja un resultado de diez millones de dólares que habrían sido depositados en el exterior para repetir la primera operatoria de préstamos con garantías ilegales –que suponen una virtual transferencia de fondos valiéndose de una triangulación-.

La denuncia fue presentada el viernes pasado, y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 6, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan, informó Tiempo Argentino. El juez Casanello, que investiga la causa de Arbizu de la que se desprende esta investigación –“Autopistas del Sol S.A. sobre averiguación de delito”-, le ordenó a Gendarmería Nacional que realizara pericias sobre el teléfono del imputado. El autopréstamo descripto por la Procelac de parte de Estrada quedó confirmado por 117 correos electrónicos en los que se detallaba la maniobra.

La denuncia –a la que accedió Infojus Noticias- es contra el entonces titular del Grupo Estrada, Zsolt Agárdy, y los accionistas Francisco Soler, Patricia y Agustín De Estrada y Federico Agárdy. También están señalados los operadores financieros María Laura Tremenzzani, Ernesto Grijalba, Hernán Van Waveren, Adrián Garate, María Elena Vergara Vergara, Luke Palacio, Hernán Agote y el mismo Herán Arbizu, entre otros. Toda la línea gerencial de los bancos Patagonia , J.P. Morgan Chase Bank y Merril Lynch también está en la mira: si durante la instrucción se prueba la participación de alguno de ellos, podría quedar imputado.

El diario Tiempo Argentino publicó una investigación el 21 de julio en la que dio cuenta de cómo funcionaba el entramado para fugar divisas del que Arbizu era un protagonista fundamental. Entre las empresas y personas denunciadas se encuentran AUSOL, Petrobras, el Grupo Clarín y sus directivos, los ex ejecutivos del Exxel Group, los empresarios Carlos Ávila y Ricardo Fort, Ledesma, Constantini, y el ex embajador menemista Emilio Cárdenas.