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Un grupo de vecinos y asociaciones de Saavedra y Vicente López denunciaron penalmente al jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y a otros dos funcionarios del gobierno porteño por las “severas ilegalidades” en la construcción del Metrobus Norte. Los acusan por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y ejercicio de funciones competentes a otro cargo.

Los denunciantes son vecinos de Vicente López, integrantes de la Asamblea de Inundados de Saavedra y de Barrio Mitre, y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Revelaron que el Metrobus Norte, proyectado sobre la avenida Cabildo desde Belgrano hasta Olivos –donde se llama Avenida  Maipú–, será construido con más fondos del gobierno porteño que del partido de Vicente López, aunque la traza se reparte en partes iguales. Por eso también denunciaron al subsecretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrch.

El tercero de los denunciados es Juan Carlos Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental. El Observatorio indicó que esa oficina no categorizó el Metrobus Norte como una obra de impacto ambiental “con relevante efecto”. Con esa maniobra, evitó convocar a audiencias públicas para evaluar la conveniencia de la obra y sus consecuencias sociales y ambientales. “Impidió el control de la ciudadanía”, señaló la ONG, que denunció una “violación absoluta” a la ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental.

El nuevo corredor de carriles exclusivos para colectivos de línea tiene una extensión total de 5,37 kilómetros, por Avenida Cabildo desde Monroe hasta la Avenida General Paz, y por Avenida Maipú hasta calle Villate. Cada kilómetro costará casi 41 millones de pesos. La obra comenzó el mes pasado, con un plazo estimado en 120 días. El juez Osvaldo Otheguy le ordenó al Gobierno porteño que presente los informes de impacto ambiental, en el marco de una acción de amparo colectiva iniciada por un vecino de Saavedra y en la que participa el Observatorio.

La gestión de Jorge Macri aportará el 14 por ciento del dinero, mientras que la de su primo, Mauricio Macri, afrontará el 86 por ciento restante, lo que equivale a casi 190 de los 220 millones de pesos que costará toda la obra. “A cambio, el municipio de Vicente López prometió realizar tres cuencas reservorios para prevenir las inundaciones, pero nadie sabe cuánto saldrán esas obras”, dijo a Télam Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio.

Carlos Scally, de la Asamblea de Inundados de Saavedra, dijo a Infojus Noticias que los vecinos del barrio temen que la obra empeore la infraestructura hidráulica de la zona. “La avenida Cabildo actúa como dique porque está elevada, por eso con las lluvias de la semana anterior se inundó alrededor y la cuenca casi desborda”, agregó. Los informes de impacto ambiental que pidió el juez Otheguy para levantar la suspensión de las obras “todavía no aparecieron”, dijo el asambleísta.

Más irregularidades

La denuncia que presentaron los vecinos también apunta a que ninguno de los dos convenios entre el GCBA y el gobierno de Vicente López sobre los que se basa el proyecto fue ratificado por la Legislatura, un requisito legal cuando se trata de gastos tan importantes. “Están parados en la Comisión Interjurisdiccional de la Legislatura, pero no los tratan”, dijo Scally. Uno de los informes solicitados por Otheguy al Ejecutivo porteño es sobre el trámite de esa ley de ratificación del convenio.

Mediante un comunicado, desde el Observatorio plantearon que la prioridad de los funcionarios denunciados es “tener lista la obra para inaugurarla el año que viene durante la campaña electoral” y no “las necesidades y los derechos de los habitantes de la ciudad”. Scally habló en nombre de los vecinos de Saavedra y aclaró: “No estamos en contra de que se pueda viajar más rápido, pero hay prioridades. Primero que se hagan las obras para que no nos inundemos más”.