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Una denuncia contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el periodista y candidato a diputado nacional por Cambiemos, Fernando Niembro, por presuntos delitos en la contratación de servicios, fue presentada esta mañana ante el juez de instrucción Roberto Ponce.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que la acción penal, por supuesta “administración fraudulenta”, la realizó el abogado Antonio Liurgo, quien solicitó el “allanamiento” y el “inmediato secuestro de documentación” de la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno porteño.

La denuncia, como lo expuso el escrito de Liurgo, se basó en una “investigación” del periodista Nicolás Eisler, publicada días atrás por el diario Tiempo Argentino.

El letrado dijo que Macri actúa favorecido por “el blindaje que le ha proporcionado la justicia capitalina” y recordó la condición de “procesado” del jefe de gobierno porteño en el fuero penal federal.

El denunciante consignó que Niembro “se habría beneficiado en forma irregular mediante contratación directa –del gobierno porteño- a la empresa ‘La Usina Producciones S.R.L.’, por una suma que se aproxima a los 20.000.000 de pesos”.

Liurgo afirmó que “mediante la delictiva aplicación del Decreto 556/2010, esta particular fauna administrativa argumentaría una vez más la premura de la contratación irregular para evitar la licitación pública”.

El abogado sostuvo que la denuncia penal es “la única vía” para investigar lo que aparece como un multimillonario perjuicio al estado local, “ante la imposibilidad” de tratar el caso en la legislatura porteña, debido a la oposición del oficialismo.

El denunciante pidió al juez que cite a declarar como testigos a Eisler, a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Alegre y al auditor del gobierno porteño Eduardo Epszteyn.

De oficio

En tanto, el auditor general de la Ciudad, Eduardo Epszteyn, consideró que "la Justicia debería actuar de oficio" en la denuncia por las 170 contrataciones supuestamente irregulares entre el Gobierno porteño y Niembro. Por otro lado, hoy debía tratarse en plenario el pedido de informes presentado por los legisladores del Frente para la Victoria, sin embargo desde el PRO se trabó esta posibilidad y se envió el tema a comisiones.

Según reveló el diario Tiempo Argentino, en tres años, la empresa La Usina Producciones S.R.L., en la que Niembro es socio fundador, recibió casi 20 millones de pesos por servicios prestados al gobierno porteño. El pedido de informes apunta a que el Ejecutivo explique cuáles fueron los contratos firmados con la empresa y el motivo por el cual no fueron publicados. “Las contrataciones se hicieron sin pasar por una licitación y no aparecen en el Boletín Oficial”, dijó  ayer a Infojus Noticias Gabriela Alegre, presidenta del bloque de diputados porteños del FpV.

"Es muy difícil contratar 170 veces por emergencia a la misma empresa durante varios años. Si se usó el decreto 556, como sostiene Niembro, debería haberse sustentado en los motivos de urgencia que la norma detalla. Por eso, creo que la Justicia debería actuar de oficio y ver qué mecanismo se utilizó, así como quienes fueron los funcionarios que participaron en las distintas actuaciones", sostuvo Epszteyn hoy en diálogo con radio Rivadavia.

Asimismo, se refirió al "problema moral y ético" que encierra que "un candidato a diputado por una fuerza política haya realizado permanentemente una suerte de publicidad subliminal" en favor de Mauricio Macri, en referencia a los comentarios políticos de Niembro durante los partidos de fútbol, desde una supuesta visión "independiente".

"Estamos hablando de un monto que ronda los 21 millones de pesos y hasta el momento si bien la denuncia comenzó por una investigación periodística, existen pruebas reales de que la operatoria nunca fue publicada", dijo el auditor.

Según consignó Página 12, el argumento con el que el PRO decidió no tratar el tema hoy en la Legislatura es que pretenden que “se trate el expediente en comisión porque ésa es la manera prolija de trabajar y queremos que se respete”. El argumento fue dado por la presidenta del bloque del PRO en la Legislatura, Carmen Polledo. El pedido del kirchnerismo contaba con el respaldado de otros bloques opositores.

La legisladora Alegre explicó que existe “una doble irregularidad: por un lado, en la modalidad utilizada, de contratación directa o a través del decreto 556/10 (para hacer frente a gastos de imprescindible necesidad), cuando no requerían ninguna urgencia. Por otro lado, al tratarse de actos administrativos que involucran presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrían que estar publicados en el Boletín Oficial”.

Télam/JC/AF/PW