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La salud pública en la ciudad de Buenos Aires no está pasando por su mejor momento. La salud mental, menos. Dos instituciones privadas que fueron contratadas por el gobierno porteño –El Instituto Nuestra Señora del Luján y el Centro Preventivo Asistencial "Casa Púrpura" (Cepreap)- están ahora en el ojo de la tormenta por las condiciones inhumanas en las que alojan a sus pacientes. Ambas instituciones brindan servicios de atención psiquiátrica, incluso a menores de edad, y reciben a cambio un subsidio por paciente de parte de la Dirección de Salud Mental del gobierno porteño.

A partir de dos amparos presentados por la Asesoría General Tutelar se desencadenaron dos procesos administrativos en la justicia porteña. Laura Musa, asesora general tutelar, y Mabel López Oliva, asesora de primera instancia, solicitaron que se rescindan los contratos que vinculan a ambas instituciones con el gobierno que encabeza Mauricio Macri. En ambos procesos solicitaron como medida cautelar la inmediata externación y reubicación de los pacientes, para cuidar su integridad física y mental, y denunciaron que sus derechos y garantías se ven vulnerados por la desidia del Ejecutivo porteño.

Si estás loco, rezá

“Este equipo auditor concluye que dada la gravedad de los desvíos detectados, nuestros afiliados se hallan con riesgo de vida”. Ese es el desenlace de una auditoría de PAMI sobre el estado integral del Instituto de Psicopatología Nuestra Señora del Luján, un establecimiento con casi 200 pacientes. “Se considera imprescindible gestionar urgentemente el traslado de los pacientes a otras instituciones prestadoras, de acuerdo a su edad y perfil actual”, agrega el informe del PAMI, y ordena reubicar a los cinco pacientes de esa obra social en otros establecimientos.

Nuestra Señora del Luján SRL es una institución psiquiátrica que alberga pacientes derivados desde distintas obras sociales y juzgados civiles. Hay internados allí muchos menores de edad. La institución tiene un convenio con el gobierno porteño, y por cada paciente internado recibe un subsidio mensual que supera los 7 mil pesos. El instituto está compuesto de varios dispositivos: una clínica de salud mental; un centro de día y hogar con escuela; y un hogar con centro educativo terapéutico y casa de medio camino.

El Gobierno porteño sacó las mismas conclusiones que el PAMI, varios años antes, a través de un informe que realizó una especialista para el Ministerio de Salud, a cargo de Graciela Reybaud. El documento forma parte del expediente que tramita en la justicia administrativa porteña, y reprocha al Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes por su “poca intervención” ante la vulneración de los derechos de los menores allí alojados. La misma crítica va para la “justicia” –aludiendo a los juzgados civiles–, que “no garantiza la libertad de los adolescentes en largos períodos de internación en la clínica”.

La Asesoría General Tutelar porteña está encargada de velar por los derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes y personas afectadas en su salud mental. El 18 de febrero, Musa y López Oliva presentaron un amparo en el que pedían la recisión del vínculo contractual que une a la institución psiquiátrica con el gobierno. En la presentación incluyeron el pedido de una medida cautelar: la inmediata externación y reubicación de todos los pacientes. Las razones que esgrimieron se pueden leer en una enumeración de tres páginas de “irregularidades detectadas”.

Oliva resumió para Infojus Noticias la situación en pocas palabras: “El diagnóstico es absolutamente negativo, tenemos que recurrir a un juicio para que el gobierno porteño cumpla con sus obligaciones constitucionales básicas”.

Entre algunos de los puntos, la presentación judicial indica que “se observa una política general de descuido de los pacientes y ausencia de actividades de cuidado y sostén general. En su mayoría, los pacientes deambulan solos, babeando, sin actividad y en espacios cerrados”. Por si fuera poco, el documento denuncia condiciones de “hacinamiento” y de “habitabilidad e higiene inadecuados”. En cuanto a la labor asistencial de los especialistas, el amparo da cuenta de que el personal es insuficiente, y que los legajos están “desordenados, desactualizados e incompletos”.

En el expediente también constan otras pruebas documentales sobre el penoso estado de la institución, tanto en su infraestructura como en la atención a los pacientes. Además de la auditoría de PAMI, hay un informe de la Defensoría General de la Nación, que también vela por los derechos de algunos pacientes que están internados allí. Se suman a estas pruebas los distintos informes realizados por la misma Asesoría General Tutelar, donde se describen situaciones surrealistas, pero que de verdad suceden. Pacientes desnudos sentados sobre una mesa, otros que duermen en los pisos, nula atención de parte de los pocos especialistas de la institución, malos tratos y una única salida ante cualquier conflicto: la medicación.

La semana pasada, el juez administrativo Guillermo Sheibler intimó al gobierno porteño a relocalizar a siete pacientes que la Dirección de Salud Mental, a cargo de María Concepción Grosso, derivó al Instituto del Luján. El Ejecutivo ya había tenido un plazo de 30 días para realizar estas diligencias, pero venció hace más de dos semanas y los siete pacientes siguen allí. Ahora, el juez dispuso que si esta vez no se cumple con la orden, se aplicará una multa diaria de 300 pesos a la ministra Reybaud y a la directora Grosso.

¿Y los pibes?

El Centro Preventivo Asistencial “Casa Púrpura” (Cepreap) también está contratado por el Gobierno porteño, pero en este caso el Ejecutivo es su único sostén. Se trata de un hogar que sólo recibe niños y adolescentes derivados por el gobierno porteño. Tiene 23 pacientes: seis de ellos son menores de edad, el resto son jóvenes que ingresaron siendo menores, pero que ahora tienen alrededor de 20 años. Por cada uno de ellos, la SRL obtiene más de 11 mil pesos mensuales.

La situación también es crítica en esta institución, porque el tratamiento es mínimo o casi nulo, no existe asistencia integral ni se cumplen con un cronograma de actividades recreativas. Los jóvenes no están escolarizados y a muchos de ellos jamás se les tramitó el DNI. La vulneración de sus derechos no sólo afecta a su salud, también impide el respeto a sus identidades.

El amparo de la Asesoría Tutelar tuvo el mismo sentido que en la institución de Nuestra Señora del Luján. Se decidió suspender los ingresos de nuevos pacientes y comenzar el trabajo de relocalización de los internos. Para trabajar sobre esa externación y regularizar la situación de los jóvenes, se dispuso la creación de una mesa de trabajo en la cual participa la Asesoría Tutelar. En el día a día, pudieron verificar las falencias que se veían en las inspecciones. Personal insuficiente, desidia y desinterés por el devenir cotidiano de los pacientes.

Pero en el Cepreap debió intervenir también la justicia penal. A partir del testimonio de ocho ex trabajadores de la institución, salió a la luz un entramado de malos tratos y violencia sobre los pacientes. Denunciaron que incluso habían sucedido episodios de abuso sexual entre los mismos jóvenes, a raíz de la ausencia y la despreocupación de los directivos y especialistas del instituto. Esos ex empleados ratificaron la denuncia en la Fiscalía de Instrucción Nº19.