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Una perra entra en celo dos veces al año y en cada premiación tiene siete crías. Las gatas pueden llegar a superar ese número. Una ley controla desde 2004 la superpoblación de animales en la Ciudad de Buenos Aires y la sanidad de las mascotas. Organizaciones proteccionistas denunciaron en la Justicia que el Gobierno porteño no cumple con ella, “a pesar de tener un presupuesto de 20 millones anuales para hacerlo”.

El juez Darío Reynoso, del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 5, convocó la semana pasada a las partes a una audiencia. Según la denuncia, el gobierno porteño no cumple con la ley 4351, que implementa un programa estratégico de tres años de castraciones masivas y gratuitas. Los especialistas de la Fundación para la defensa y control del Animal Comunitario (Fundaco), dicen que "es la única herramienta ética de control poblacional de la fauna urbana, siguiendo los lineamientos de la Constitución de la CABA".

“Las castraciones declaradas en 2013 son 840. Es decir, un promedio diario de tres por día, cuando para el cumplimiento objetivo de la ley se deberían realizar 100 mil por año, lo que equivale a solo el 10 por ciento del total de mascotas en la ciudad que supera el millón”, dijo a Infojus Noticias María Antúnez, presidenta de la Fundación por los Derechos de los Animales no Humanos (FUNDANH).

"Es poco serio ir de forma itinerante por los barrios”

La ley creó en el ámbito de la Ciudad los Centros de Atención Veterinaria Comunal y los Centros Móviles de Atención Veterinaria, que deben ser dirigidos por un veterinario matriculado. “Se establece existan quince de estos centros en la ciudad, lo que significa uno por comuna. Pero solo están funcionando unas carpas móviles que el gobierno dice que van adonde los vecinos las necesitan. Hay un container fijo en Villa Soldati pero atiende sólo dos veces por semana. La realidad es que el animal necesita una preparación previa a ser castrado, necesita ayuno. Es poco serio ir de forma itinerante por los barrios”, dijo Antúnez.

Los centros tienen como tarea la vacunación antirrábica, guardia veterinaria, atención ambulatoria de animales domésticos y comunitarios, además de la realización de tratamientos de baja y mediana complejidad (antisárnicos, esterilización, desparasitación y otras patologías). Algunos proteccionistas no solo ven detrás de la falta de estos centros una cuestión de negligencia, sino un guiño al servicio privado de veterinaria. De una u otra manera la castración (que cuesta alrededor de 800 pesos) se vuelve un privilegio, mientras que debiera ser asumido como un derecho, ya que hay una ley que así lo determina.

La ley 1338 estableció desde 2004 que el equilibrio poblacional de mascotas es política de Estado. A la audiencia fuimos con datos: una primer perra, se alza dos veces por años y tiene un promedio de 6 cachorros de cada preñación. De esos un cincuenta por ciento son hembras. A los seis meses esas nuevas hembras empiezan a alzarse, entonces esas quedarían preñadas y otra vez estarían teniendo seis hembras anuales. A su vez la madre sigue teniendo cría. Así consecutivamente, en siete años tenemos un promedio de 5400 perros. Una gata mucho más ya que ovula por penetración. La Ciudad está con el presupuesto otorgado, eso está reglamentado, aunque no vemos resultados”, dijo Antúnez.

Desde la sanción de la ley 1338/04 es responsabilidad del Gobierno de la CABA promover la convivencia armónica de las personas con los animales domésticos, dentro de una concepción de respeto por la vida. Además se debe controlar la población de los mismos, previniendo su reproducción a través de los planes de esterilización quirúrgica y gratuita de perros y gatos de modo de producir impacto poblacional. Para el cumplimiento de la ley se creó en diciembre de 2010 el Departamento de Sanidad y Protección Animal, bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en la Agencia de Protección Ambiental. Sus objetivos principales son cuatro: equilibrio poblacional de perros y gatos a través esterilización quirúrgica, atención clínica, programa de adopciones e intervención en casos de maltrato animal según lo determina la ley penal 14346.

Departamento de Sanidad y Protección Animal

Según el portal oficial del Gobierno de CABA “la misión del departamento es regular la reproducción de caninos y felinos en la Ciudad de Buenos Aires. La densidad poblacional en la ciudad es de 3 millones de habitantes y según las estadísticas, hay entre 800 mil y un millón de perros y gatos con y sin dueño, lo que significa que cada tres vecinos, hay una mascota. En algunos barrios la proporción crece a siete animales por habitante”.

El gobierno recomienda la castración para las hembras, que “vivirán una vida más larga y más sana” ya que “la esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, el cual es fatal en alrededor del 50 por ciento de las perras y 90 por ciento de los gatas”. También para los machos, ya que “además de prevenir crías no deseadas, la castración de los animales de compañía machos previene los tumores de testículos, problemas prostáticos y enfermedades infecto-contagiosas, entre otras”.

También se derriban mitos como que la esterilización engorda a los animales –“sólo la falta de ejercicio y una alimentación errónea harán que los animales aumenten de peso”- y se habla del bien a la comunidad que la castración significa, ya que los animales comunitarios “pueden causar accidentes de tránsito, dañar a la fauna local y crear episodios de agresión con otros animales y/o personas”.

Para lograrlo “el Departamento de Sanidad y Protección Animal realiza operativos de esterilización y clínicas médicas básicas en toda la Ciudad. Se esterilizan perros y gatos, con y sin dueño, machos y hembras, de razas y mestizos. Participan de los operativos dos veterinarios y un asistente”, aunque el domicilio de dónde se realizan los tratamientos no aparece en la página web.

Después de la reunión formal obligatoria entre las partes, la denuncia llegó la semana pasada a la vuelta de testigos, en la que participaron vecinos que usaron el plan de castración tal como funciona actualmente. “Cuando en noviembre de 2012 se sancionó la ley 4351 se le asignó un presupuesto de 10 millones de pesos para su operatividad inmediata. En mayo de 2013 se reglamentó y en junio se amplió el presupuesto en 10 millones más, lo que da un total de 20 millones. Lamentablemente hay muchas denuncias públicas pero pocas que se efectivizan en la justicia. Nosotros seguiremos en todas las instancias ya que nos resulta evidente que así como está articulado el plan, no se cumple con la ley ni la Constitución”, dijo Antúnez.