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El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció al Grupo Marsans por “estafa procesal” por transferir al fondo de inversión Burford Capital los derechos litigiosos ante al tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) por la reestatización de Aerolíneas Argentinas. La investigación se inició a raíz de una denuncia de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Angelina Abbona. También fueron acusados los integrantes del estudio Fargosi y Asociados, que asesora al fondo radicado en Inglaterra.

La Procuración del Tesoro, que representa al país ante el Ciadi, inició la denuncia tras advertir un convenio en el que el grupo español le “vendía” al fondo inglés el derecho a litigar contra Argentina, en un valor estimado de 1.600 millones de dólares. Si el litigio internacional se resolviera de manera adversa para Argentina por ese convenio el país podría verse obligado a pagar “no solo al fondo buitre, sino también a los acreedores del grupo español  que podrían invocar ese laudo para cobrar en contra de nuestro país”, explicó Gonella.

El reclamo ante el tribunal del Banco Mundial por el grupo español, en la práctica es conducido y financiado por Burford Capital. El mismo fondo que en una operación similar “compró el juicio” contra YPF y el Estado argentino por la expropiación de acciones de la petrolera, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. “Detrás de esto hay una maniobra fraudulenta que hace incurrir en engaño a un tribunal, en este caso internacional”, sostuvo Gonella. Y explicó que en el Código Penal la maniobra se encuadra en la figura de “estafa procesal”

“Este convenio estaba en cierta forma oculto en el expediente ante el Ciadi”, dijo Abbona y aseguró que por sus atribuciones le corresponde “advertir” al respecto a la Justicia argentina.

La denuncia fue presentada ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, según anunciaron durante una conferencia de prensa ofrecida en el auditorio de la Procuración General de la Nación, en el microcentro porteño. En el caso del estudio de abogados argentino Fargosi y Asociados la demanda es por propiciar “la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino”. La Ley 14.034 fija una pena de cinco a veinticinco años de prisión para este delito. 

Gonella y Abbona coincidieron en remarcar que "la Argentina no sólo no debe nada, sino que hasta puede reclamar a Marsans unos 1.000 millones de dólares por su gestión en Aerolíneas". Pero, aun así consideraron corresponde denunciar la situación.

"De esta manera Marsans estaría burlando a sus acreedores, con el doble riesgo para la Argentina de tener que pagar el fallo del juicio, pero también una futura demanda de los acreedores de Marsans", subrayó Abbona. Y lo sintetizó, aludiendo a una muletilla que se suele usar en los pasillos de tribunales: “El que paga mal, paga dos veces”.

En España

La denuncia se conoce una semana después que el expropietario del grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán fuera condenado en su país a cinco años y medio de prisión y al pago de una multa de 1,2 millones de euros por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueamiento de capitales e integración en banda criminal. Además, junto a Ángel de Cabo, su sucesor en el grupo español, deberán indemnizar a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur en la cantidad de 450.000 euros por los perjuicios que les causaron.

Díaz Ferrán enfrenta además otro proceso en España por apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes de Viajes Marsans y una querella presentada por Aerolíneas Argentinas por haberse apropiado indebidamente de 453 millones de dólares.

MB/PW