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La fiscal Cristina Caamaño, amenazada vía Twitter por personas no identificadas, lamentó hoy que siendo ella la quien hizo  hace la denuncia ante la justicia la quieran mostrar "como victimaria", cuando en realidad es "la víctima".

La fiscal contó que hizo la denuncia el 21 de abril ante la fiscal contravencional, Daniela Dupuy que se ocupa de delitos informáticos, dado que las amenazas eran por Twitter. La hice como cualquier ciudadano”, puntualizó. Señaló que hizo una "denuncia judicial" porque sintió "temor ante amenazas anónimas" y evaluó que son hechos que "son un delito" y que "no deben tolerarse". Contó que no volvió a tener ninguna novedad alguna acerca del trámite de la causa "ni solicité que se tomaran medidas de ninguna índole".

Contó que  las amenazas comenzaron cuando se hizo cargo de la fiscalía de Saavedra y Núñez, tras la suspensión del fiscal José María Campagnoli. "Las primeras fueron la noche del 15 al 16 de abril, por Twitter, y venían de gente que utiliza apodos. Sin embargo, desde que asumí como subrogante en la fiscalía de Saavedra, a fines de febrero de este año, algunos empleados y funcionarios comenzaron a mandar twits desprestigiándome a mí y a mi trayectoria. Eso originó un oficio a la Procuración. Los mensajes decían, por ejemplo,  cerda, hija de puta,  ya te vamos a encontrar, es cuestión de tiempo ", precisó.

La fiscal afirmó que "Campagnoli está contra el Gobierno y la gente que lo defiende es opositora al Gobierno y se identifica como tal, como anti K, como si todo fuera una cuestión política. Defienden a Campagnoli pero a nadie le importa si hizo bien o mal las cosas, no tienen idea de cómo estaba la fiscalía. Y generan una violencia inusitada", enfatizó Caamaño.

Caamaño dejó en claro que ella no lo denunció en los medios y que el tema salió a la luz "por la respuesta y no por la denuncia". La fiscal relaciona los tuits amenazantes que recibió con gente que defiende a Campagnoli y, en este marco, recordó que desde la fiscalía de Núñez-Saavedra, bajo la titularidad del ahora suspendido fiscal, "se cursaron muchos oficios pidiendo a Palo Alto, California, la identificación de titulares de cuentas de Facebook".

La funcionaria aclaró que en ningún momento pedió que se identifique ni sancione a nadie por dar a conocer sus opiniones públicamente. "No lo haría jamás, aun cuando no coincida en absoluto con esas expresiones o, incluso, cuando se refieran a mi labor como funcionaria de manera hiriente o agraviante".

Caamaño incluso se plantea hoy cerrar su cuenta de Twitter debido a que ayer, por ejemplo, recibió "cualquier cantidad de twits" para desprestigiarla. "Aparentemente, según publican hoy algunos medios, Twitter respondió a la justicia argentina que no podía dar los datos" de los que utilizan su cuenta con nombres de fantasía, dijo la fiscal, que explicó que según expresa la red social en sus condiciones, lo único que puede hacer alguien que se siente amenazado es bloquear las cuentas de las que provienen los hostigamientos.

Subrayó que el Gobierno nacional no tuvo "ninguna" intervención en el tema y que "la información que se filtró y que salió publicada en los medios no se debió a la denuncia sino a la respuesta, a la notificación de Twitter que recibieron algunas personas".

"La Cancillería, incluso, rechazó el oficio que envió la Policía Federal para pedir los datos a Estados Unidos porque no venía de un juez. El canciller Héctor Timerman explicó que no hubo intervención. Yo tampoco soy la investigadora, ni pedí medidas. Soy la damnificada", precisó.

Sobre la situación en la fiscalía de Saavedra, señaló que "los empleados fueron muy hostiles" hacia ella y agregó: "tratan mal al público que se acerca, a los abogados y notificadores".

"Nadie se identifica cuando atiende al público ni telefónicamente. Me da vergüenza decirlo, pero cuando yo llamo de mi otra fiscalía, me cortan el teléfono y cuando vuelvo a llamar, me atiende otra voz y, por supuesto, no sabe quién atendió antes", agregó.

Explicó además: "Hay solo dos mujeres, yo era la tercera, y 16 varones, o sea 18 personas en total, cuando en cualquier fiscalía de instrucción hay sólo nueve entre empleados y funcionarios".

"No sé si llamarlo fraude, pero seguro es una irregularidad, alteraron el registro de las causas y hacían aparecer que tenían 3900, lo que implicaría la necesidad de mucho personal, pero resulta que en realidad son 389, un diez por ciento de lo que figuraba. El resto estaba archivado, o elevado o juicio, desestimado o con declaración de incompetencia, pero seguían apareciendo en el sistema como si se tramitaran. Campagnoli además tuvo a cargo la Secretaría de Investigaciones Penales, o sea, diez persona más, más chofer y ordenanzas", puntualizó.