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Esta tarde en el cine Gaumont los equipos de los principales precandidatos a presidente expondrán sus propuestas en materia de derecho a la tierra y la vivienda. La jornada, organizada por el espacio Habitar Argentina, se inscribe dentro del “Consenso Nacional para un Hábitat Digno” donde un grupo de organizaciones e instituciones delineó nueve puntos a tener en cuenta para “garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural adecuado en la Argentina”.

“Habitar es un espacio multisectorial conformado por distintas vertientes”, explicó a Infojus Noticias Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, una de las organizaciones que participa del espacio. Además consideró que la posibilidad “presentar frente a un colectivo las propuestas reafirma al espacio como democrático” porque “es central que puedan hacer públicas las propuestas”.

Estarán hoy en el cine Gaumont, moderados por el periodista Daniel Malnatti, representantes de los equipos de los presidenciables. Del Frente para la Victoria está confirmada la presencia de Jaime Sorín por Sergio Urribarri; Luis Ostrej por Jorge Taiana y un representante a confirmar por Daniel Scioli. Iván Kerr ira por el Pro, Nicolás Daher por la UCR; Horacio Alcuaz por el GEN y Daniel Arroyo por el Frente Renvador.

Después será el turno de representantes de organizaciones sociales, territoriales y de la iglesia quienes realizarán comentarios sobre la jornada. Hablarán Horacio Verbitsky (CELS); Victorio Paulón (CTA); Evelyn Tourn y Ramón Ríos (ACINA) y Marcelo Ciaramella (Grupo de Curas en la Opción por los Pobres).

Consenso Nacional para un Hábitat Digno

Se trata de un documento redactado por este espacio conformado por organizaciones e instituciones en el que se delinearon 9 puntos con el objetivo de debatir políticas y estrategias para “garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural adecuado en la Argentina”.

“Proponemos que el Estado intervenga en los procesos y en el mercado del suelo”, explica Reese sobre los puntos, centrándose en que “el territorio no se puede dejar en manos del mercado” y por eso hay que “fortalecer la intervención estatal en las políticas y en el mercado inmobiliario”.

Resse se refirió a la “seguridad” pero entendida como “seguridad en la tenencia de la tierra personal y colectiva”. Aquí se inscribe el “respeto a los derechos humanos en los desalojos y realojos” para que “los pobres no sean la carne de cañón” porque es “sobre los que cae el punitivismo”, dijo y aclaró que “en estos doce años el Estado ha tenido avances notables”.

Los nueve puntos

La función social de la propiedad es uno de los principios que el “Consenso” posee como punta de lanza para el diseño e implementación de políticas territoriales integrales. Según explica Reese la función social de la propiedad está pensado como “principio básico donde se respeta el derecho a la propiedad, pero este no es absoluto sino relativo” porque está “limitado por los derechos colectivos”. “Como propietario tengo derecho pero no tengo derecho a especular con el suelo”, ejemplifica el representante del Cels.

Este principio forma parte de los “Principios rectores para el diseño e implementación de políticas territoriales integrales” tal y como fue catalogado en el Consenso y se le incorporan “el respeto al derecho de los pueblos originarios”, “las diferencias entre el territorio rural y el territorio urbano” y una “mirada integral del territorio y de todas las políticas de hábitat”.  

Los otros puntos que también tiene este consenso son las “Políticas públicas de regulación y redistribución de rentas en los mercados de suelo” que tiene que ver con el impedimento de que se desarrollen especulaciones en pro de una distribución justa de la tierra; la “Regulación del mercado de alquileres”; la “Producción social del hábitat”que incluye entre sus propuestas la creación de un banco fiscal de tierras o el acceso a asistencia técnica pública y gratuita para las familias de menores recursos; y tal y como explicaba Reese más arriba, otro de los puntos del consenso es la “Seguridad en la tenencia y regularización de tierra urbana y rural”.

Los “Procedimientos democráticos en casos de desalojoso” es otro punto donde se incluye que sea el juez el que informe a la familia la fecha del desalojo y esté presente en el momento en que se realiza y que no se pueda desalojar sin escuchar al ocupante; la“Seguridad democrática para un hábitat digno”que tiene que ver con que actualmente la mayor violencia y abuso policial se ejerce en los barrios que están en peor situación habitacional;  la “Participación y acceso a la información” y el “Acceso universal a los equipamientos sociales y servicios básicos”.

GA/AF