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Durante la presentación en Ginebra del 2° Examen Periódico Universal, en octubre de 2012, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, asumió un compromiso voluntario ante la Organización de Naciones Unidas (ONU): la creación de una herramienta que permitiera articular un diálogo permanente entre el Estado nacional y las provincias para la promoción y protección de los derechos humanos. Así nació, bajo la órbita del Consejo Federal de Derechos Humanos (CFDH), el Sistema de Informes Periódico Nacional (SIPeN), que posibilita compartir información, diagnósticos y experiencias en torno a los ejes de memoria, verdad y justicia, violencia institucional, violencia de género, pueblos originarios y derechos económicos, sociales y culturales.

Sentado en uno de los extremos de una mesa ovalada, el secretario ejecutivo del CFDH, Agustín Di Toffino, adelantó: “Esta herramienta nos permite dar cuenta de la situación de cada una de las regiones y las provincias y concluir recomendaciones generales que constituyan un piso para el diseño de políticas de derechos humanos”.

Agustín Di Toffino, secretario ejecutivo del CFDH

La directora nacional del Consejo, Natalia Gradaschi, y los doce miembros del equipo técnico completan la mesa. Infojus Noticias los reunió para conversar sobre los alcances y la puesta en práctica de este novedoso instrumento que mereció el reconocimiento de referentes de la ONU, el Mercosur y organizaciones de derechos humanos del país y la región.

A modo de puntapié para el intercambio, Di Toffino explicó el trabajo del CFDH. “El objetivo es coordinar y articular las políticas públicas de derechos humanos entre la Nación y las provincias. El Estado nacional tiene un amplio espectro de programas que dan respuesta a problemáticas que exceden el eje ‘Memoria, Verdad y Justicia’”, definió con característica tonada cordobesa que, aseguró, fue perdiendo con el tiempo en Buenos Aires.

Durante la conversación, el mate giró de mano en mano en el recorrido ovalado. Afuera llovía y el frío empañaba los vidrios del amplio salón. El secretario ejecutivo del Consejo continuó: “Hay un importante desarrollo de políticas que tienen que ver con la lucha contra la violencia de género y la trata, con dar respuesta a los planteos de los pueblos originarios, con el desarrollo de derechos económicos, sociales y culturales. Desde este espacio, es importante poder transferir, articular y promover estas políticas para que las provincias puedan aplicar los mismos estándares. Este trabajo se ha consolidado a partir de la creación del SIPeN”.

La directora nacional del Consejo, Natalia Gradaschi, completó el panorama. “No sólo contamos con la visión de los ejecutivos provinciales, vamos en búsqueda de la visión de otros actores provinciales: el poder legislativo y el judicial y las organizaciones que trabajan diferentes temáticas de derechos humanos”.

De la conversación, participaron todos los miembros del equipo técnico, que se completa con: Luisa Abdala, Gabriel Mercado, Gabriela Buonomo, Victoria Francisetti Careaga, María Sondereguer, Pablo Fasciotti, Mariana Alvarado, Isabel Fernández Blanco y Ana Moreno. Entre los que tomaron la palabra, se inscribió Leonardo Macet. “Uno de los objetivos de la creación de la herramienta es generar alertas tempranas. No sólo para cambiar la agenda con la visión de las áreas de derechos humanos que van señalando falencias del Estado, sino generando insumos para detectar los problemas emergentes y, con esos datos, brindar una política adecuada”, sostuvo. Di Toffino apuntó que “otro objetivo claro de esta herramienta es que ayude a construir indicadores de la situación real de los derechos humanos en la Argentina”.

La directora nacional del Consejo, Natalia Gradaschi

Las diferentes etapas

El ciclo del SIPeN está compuesto por diferentes etapas. Primero, cada una de las provincias elabora un informe en el que explica el marco normativo en materia de políticas de derechos humanos, la estructura de la que disponen –secretarías, direcciones, oficinas, etc.–, los programas concretos elaborados sobre los cinco ejes temáticos, los obstáculos y los compromisos que pueden asumir.

“Contamos con 23 informes, de las 22 provincias más la Ciudad de Buenos Aires”, precisó Gabriela Pérez, otra de las integrantes del equipo. San Luis fue la única jurisdicción que aún no se sumó al sistema. “Estos informes se complementan con otros que hacemos desde la Secretaría Ejecutiva, que se alimentan de todas las fuentes oficiales y de organizaciones sociales pero, también, de las visitas a terreno que realizamos nosotros”, detalló Pérez.

Los informes son analizados por la Mesa de Recomendaciones y Seguimiento (MRyS) del SIPeN, compuesto por especialistas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y representantes de los ejecutivos provinciales y de las universidades nacionales, que evalúan los avances logrados y elaboran recomendaciones.

—¿En qué etapa se encuentra el sistema?

–Leonardo Marcet: Estamos en el cierre del primer ciclo. Surgió un gran cúmulo de recomendaciones que fueron entregadas a las provincias, en la última reunión plenaria del CFDH: son los estándares mínimos consensuados y una serie de recomendaciones.

–Agustín Di Toffino: Es un diálogointeractivo para dar cuenta de la situación de cada una de las provincias. Las recomendaciones generales constituyen un piso para el diseño de políticas públicas de derechos humanos. A fines de septiembre, o principios de octubre, se va a hacer la segunda reunión plenaria del CFDH donde las provincias tienen que responder. Tienen la opción de aceptar, no aceptar o tomar nota. Ahora vamos a ver cuál es el compromiso en torno a estas recomendaciones.

—Hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta?

–Esteban Díaz: Muy buena. En general, las provincias se han apropiado de esta herramienta y la han convertido en propia. Hay un trabajo importante de reuniones bilaterales para lograr las aceptaciones.

SO/LL