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Los integrantes de la Comisión Interpoderes para el seguimiento de las causas de lesa humanidad coincidieron en remarcar que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia “no están atadas a la agenda de ningún gobierno”, tras una reunión que celebró a instancias de la Corte Suprema. “Queda claro que hay unanimidad en torno de que este proceso es una política de Estado”, sostuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en la apertura del encuentro. “Es un proceso indetenible”, agregó.

En la reunión, se subrayó la necesidad de “no dilatar en el tiempo” los encuentros de este organismo que debe supervisar “la agilidad” en los procesos en los que son juzgados crímenes contra la humanidad.

El inicio del encuentro fue encabezado por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia, Julio Alak; la procuradora general, Alejandra Gils Carbó; la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez; la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa; y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto.

La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad fue creada por la Corte Suprema a través de la acordada 42/08 y está integrada por representantes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

“Existe hoy unanimidad en cuanto a que el juzgamiento de estos delitos es un proceso indetenible y progresivo que no puede retroceder. Es una política de Estado y en ella están consagrados los principios del legítimo proceso”, afirmó Lorenzetti.

Frente al reclamo que pide celeridad en las causas que involucran a sectores civiles y empresariales con la maquinaria del terrorismo de Estado, Lorenzetti aseguró que en estas causas “no existe ninguna selectividad”.

Por su parte, Gils Carbó ponderó la realización de este encuentro, al considerar que la Comisión envió “un mensaje claro”. Agregó: “Cuando estas reuniones se han distanciado en el tiempo también tienen un efecto de debilitar ese mensaje. Eso genera el riesgo de que algunos sectores refractarios piensen que hay alguna posibilidad de volver a antiguos vicios”.

A su tiempo, el ministro Alak, aseguró que la política de derechos humanos es “una de las acciones más valoradas del Estado Nacional".

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, destacó el compromiso del organismo para garantizar “el avance y la celeridad de los procesos”, no sólo en los casos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas, sino también en aquellos “que implican a civiles”.

En tanto, Remo Carlotto detalló “el impulso” que se dio a los juicios desde el Congreso de la Nación. “La declaración de los juicios como política de Estado fue aprobada por unanimidad en la cámara baja en 2010. Es un mensaje claro que envió en ese sentido el Poder Legislativo”, agregó.

Vázquez y Carlotto fueron se refirieron al acampe realizado por los organismos de derechos humanos en plaza Lavalle, para reclamar por el juzgamiento de los civiles. Los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado cuestionan la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que sostuvo que no había mérito para procesar al empresario Carlos Blaquier y a su empleado Alberto Lemos. Ambos están acusados por los crímenes cometidos en la zona de influencia del Ingenio Ledesma.

Los jueces Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani dictaron la falta de mérito de ambos acusados, quienes habían sido procesados como partícipes de los secuestros ocurridos entre el 20 y 21 de julio de 1976 en Ledesma durante lo que se conoce como “La Noche del Apagón”.

Al término del encuentro de la Comisión Interpoderes, los representantes de cada área del Estado acordaron una agenda de trabajo que les permita abordar las cuestiones puntuales que puedan surgir en cada uno de los procesos.

Télam/PW