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Daban vueltas, le pedían papeles y le exigían certificados y diagnósticos que no eran necesarios: así, la prepaga OSDE evadía llevar adelante la cirugía de readecuación que pidió un varón trans. Cristina y Guadalupe -sus verdaderos nombres se preservan- son una pareja de mujeres que quieren ser mamás. Swiss Medical les negó el derecho a cubrir el cien por ciento del tratamiento de reproducción asistida. En el primer caso, violaban la Ley de Identidad de Género. En el segundo, la de Reproducción asistida. Por casos como ese, la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó dos exhortos para que las prepagas cumplan con la cobertura de salud obligatoria de personas LGBTI.

“Ambas acciones son muy importantes porque sientan antecedentes: si otras personas tienen problemas con las prepagas, saben que pueden denunciar”, dijo a Infojus Noticias Flavia Massenzio, Defensora LGBT de la Ciudad de Buenos Aires.

Guadalupe se contactó por primera vez con Swiss Medical a principios del año pasado. En la prepaga le dijeron que el tratamiento le correspondía a la obra social desde la que ella deriva sus aportes. “Se pasaban la pelota pero igual llamé”, dijo Guadalupe a Infojus Noticias. El auditor, del otro lado del teléfono, asumió que debía estar en pareja con un hombre. Por eso se sorprendió cuando Guadalupe se acercó personalmente con su novia Cristina. “Fue un momento bastante desagradable, nos dijo sin reparos el verso de que los bancos de esperma no están regulados y que no pueden cubrirlo”, relató.

Ellas ofrecieron pagar los gametos de su propio bolsillo pero la prepaga siguió negándose: les dijeron que o cubrían todo, o no cubrían nada. “Quedamos muy desprotegidas: estábamos solas desde lo legal, desde lo institucional y tampoco conocíamos a otras familias con la misma lucha. Tuvimos que buscar por internet gente que hubiera pasado lo mismo”, dijo. En marzo de ese mismo año se casaron, amparadas por la Ley de Matrimonio Igualitario (26.618) que se aprobó en Argentina en 2010.

Ese invierno volvió a consultar por teléfono. “No tenía ánimos de ir personalmente, había sido muy triste”, contó. Le dijeron que no. Guadalupe y Cristina se contactaron con la Defensoría LGBT y consiguieron ayuda, guía y acompañamiento para seguir haciendo trámites. “Las chicas viven su proceso de querer ser mamás y, mientras pintan el cuarto para el bebé, pasa esto. Es muy frustrante”, dijo Massenzio.

Cuatro cartas documento y diecinueve meses después, sin respuestas positivas de la prepaga, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la empresa. “Cuando nos enteramos fue muy reconfortante. Después de recibir las negativas y escuchar tantos argumentos irrisorios, esto nos da esperanzas”, dijo Guadalupe.

Identidad

En vez de poder hacerse la cirugía de adecuación y “obtener una mejor calidad de vida acorde a su identidad de género autopercibida”, el denunciante vive haciendo trámites y reclamos administrativos para obtener algo que, por ley, le corresponde. El problema es “persistir en la diagnosis patologizadora de las identidades trans” porque de ese modo se promueven prácticas de exclusión, desigualdad y violencia. “La despatologización supone reconocer a las identidades trans como parte de la diversidad humana, dejando de lado las categorías que las definen como una enfermedad o un problema”, explica el documento de la Defensoría dirigido a OSDE.

La ley de Identidad de Género (26.743) se aprobó en mayo de 2012. El artículo 11 -reglamentado el 29 de mayo de este año por el Poder Ejecutivo- refiere de forma específica al acceso integral a la salud de las personas trans. Contempla el derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas totales o parciales y tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. No hay necesidad de entrevistas psicológicas, autorizaciones especiales administrativas ni judiciales. El único requisito es el consentimiento informado. “Que se haya reglamentado va a mejorar mucho la situación, es una herramienta más para hacer cumplir la ley de forma adecuada”, dijo Massenzio.

Los tratamientos deben ser gratuitos y estarán incluidas en el Programa Médico Obligatorio. “Los servicios de salud del sistema público, de la seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas, garantizando en forma permanente los derechos reconocidos por la ley”, dice el texto que reglamenta la norma. Reconoce, por ejemplo, la mastoplastia de aumento, mastectomía, gluteoplastia de aumento, orquiectomía, penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia, vulvoplastia, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastia, escrotoplastia y faloplastia con prótesis peneana.

Esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó la ley argentina como un caso líder en la reivindicación de los derechos de la comunidad trans, en un documento en el que señala la “alta vulnerabilidad y necesidades médicas específicas” del colectivo trans. Desde que se sancionó, más de 4 mil personas trans recibieron su nuevo DNI.

La Defensoría y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) trabajan juntas desde marzo, cuando se firmó un convenio y se creó el “Programa de Cooperación Técnica”. Tras el exhorto, Esteban Paulón, presidente de la FALGBT felicitó el accionar de la Defensoría y dijo: “ante la falta de cumplimiento de algunos derechos que hemos conquistado, los espacios de Defensoría LGBT que estamos impulsando en todo el país resultan indispensables para evitar atropellos y abusos discriminatorios”.